Tellado acusa a Sánchez de ser "tan corrupto como negligente" y vincula la gestión del Gobierno con la tragedia ferroviaria

La norma básica que regula la gestión de las infraestructuras ferroviarias en España es la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. Su tramitación parlamentaria ya terminó: está aprobada y en vigor, por lo que no se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso o el Senado. Conviene distinguirla de sus modificaciones posteriores y del nuevo reglamento del sector ferroviario, que sí aparece en elaboración.

La ley vigente y su reforma posterior

La Ley 38/2015 se publicó en el BOE el 30 de septiembre de 2015 y entró en vigor el 1 de octubre de 2015. Es el marco estatal de referencia para la Red Ferroviaria de Interés General y las funciones de los administradores de infraestructuras. Por tanto, si tu pregunta se refiere a la ley general del sector, la respuesta es que su recorrido parlamentario está concluido. Puede consultarse en el texto del BOE.

También terminó la tramitación de una reforma relevante: la Ley 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015. Se publicó el 20 de diciembre de 2022 y sus modificaciones tienen, con las particularidades transitorias previstas, efectos desde el día siguiente. Esta reforma no es una propuesta pendiente: forma parte del marco aprobado. Entre los aspectos que aborda figuran los cánones ferroviarios —los pagos por utilizar las infraestructuras— y cuestiones de protección de las líneas y limitaciones a la edificación. La referencia oficial es la ley modificadora de 2022.

Además, la Ley 2/2024, de 1 de agosto, sobre la autoridad independiente de investigación técnica de accidentes, derogó determinados preceptos y modificó otros de la Ley 38/2015. Esa derogación es parcial: no supone que haya desaparecido la ley general del sector ferroviario.

Lo que sí está en elaboración: el reglamento

La iniciativa identificada que desarrolla este marco es el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento del sector ferroviario. No es una nueva ley parlamentaria, sino una norma reglamentaria promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Sus hitos localizados son:

• Consulta pública previa: del 28 de octubre al 18 de noviembre de 2025, para recoger aportaciones antes de elaborar el texto.
• Audiencia e información pública: del 25 de septiembre al 12 de noviembre de 2026, para formular observaciones sobre el proyecto elaborado.
• Situación a 6 de noviembre de 2026: el plazo de audiencia continúa abierto. No consta en las fuentes consultadas su aprobación definitiva.

La documentación ministerial explica que el reglamento vigente, aprobado mediante el Real Decreto 2387/2004, desarrollaba la legislación anterior y necesita adaptarse a la Ley 38/2015 y a sus modificaciones. El trámite abierto puede consultarse en la audiencia pública del reglamento; su antecedente figura en la consulta pública previa.

Una distinción importante para interpretar el estado

Las referencias localizadas a otros proyectos sobre transporte no permiten identificarlos automáticamente como la ley que regula la gestión de infraestructuras ferroviarias. En particular, no sería correcto presentar una fase de enmiendas de una iniciativa distinta como si fuera el estado actual de la Ley 38/2015.

En conclusión: la ley básica y su reforma de 2022 ya están aprobadas. El procedimiento abierto claramente identificado es el del nuevo reglamento, todavía en audiencia pública hasta el 12 de noviembre de 2026. Esa es la diferencia práctica entre una regulación legal vigente y un desarrollo reglamentario aún no aprobado.

El presidente del Gobierno, según la Constitución española de 1978, es la pieza central del poder ejecutivo: dirige la acción del Gobierno, coordina a los ministros y responde políticamente ante el Congreso de los Diputados. Sus funciones y competencias están dispersas en varios preceptos, pero el núcleo está en los artículos 97, 98, 99, 100 y en algunos preceptos sobre confianza, disolución de las Cortes y referéndum.

La función básica se recoge en el artículo 97: el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Dentro de ese Gobierno, el presidente es quien asume la dirección de su acción y la coordinación de todos sus miembros. Esto significa que marca las grandes líneas de política general, fija las prioridades y asegura que los distintos ministerios actúen de forma coherente.

El artículo 98 concreta que el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia directa de cada ministro en su ámbito. En la práctica, esto se traduce en que:

• Puede fijar la estructura del Gobierno (creación, supresión y modificación de ministerios) dentro del marco legal.
• Establece la agenda política y legislativa general del Ejecutivo.
• Arbitra y decide en los conflictos entre ministerios.

Otra competencia clave es la relación con el Rey y con las Cortes en la fase de investidura. Según el artículo 99, el Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno tras consultar a los representantes de los grupos con representación parlamentaria, y ese candidato presenta su programa y solicita la confianza del Congreso. Una vez otorgada la confianza, el Rey nombra presidente del Gobierno. Aunque formalmente la propuesta es del Rey, políticamente está marcada por las mayorías parlamentarias, y el presidente nace jurídicamente de esa relación de confianza con el Congreso.

El presidente también tiene un papel central en la designación y cese de los ministros. El artículo 100 establece que los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su presidente. Es decir, solo el presidente puede proponer quién entra o sale del Consejo de Ministros; sin esa propuesta no hay nombramiento ni cese posible. Esto refuerza su posición como “jefe de Gobierno” y líder del equipo ministerial.

En cuanto a la responsabilidad política, la Constitución configura al presidente como principal destinatario de los mecanismos de control parlamentario. El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la moción de censura (artículo 113), que debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia. Si prospera, el presidente cesa y el candidato de la moción es nombrado presidente. A la inversa, el presidente puede plantear la cuestión de confianza (artículo 112) ante el Congreso para reforzar su apoyo político sobre un programa o una declaración de política general; si la pierde, debe dimitir.

El presidente del Gobierno interviene también en la disolución de las Cortes Generales. El artículo 115 prevé que el Rey pueda disolver el Congreso, el Senado o las Cortes Generales y convocar elecciones, pero siempre a propuesta del presidente del Gobierno, que debe ser refrendada por este. El Rey no puede disolver por iniciativa propia; la decisión política corresponde al presidente, que valora la oportunidad de un adelanto electoral en el marco y con los límites constitucionales.

En el ámbito de la democracia directa, el artículo 92 indica que el Rey puede convocar referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial trascendencia, pero “a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. De nuevo, la iniciativa política es del presidente, que necesita la autorización parlamentaria, mientras que el Rey realiza formalmente la convocatoria.

Además, el presidente ejerce funciones de representación. Aunque la Constitución reserva al Rey la jefatura del Estado y la “más alta representación” de España en las relaciones internacionales, el presidente del Gobierno encarna la dirección política del país tanto en el interior (relaciones con las comunidades autónomas, agentes sociales, etc.) como en el exterior (cumbres europeas e internacionales, negociación política con otros gobiernos, siempre dentro del marco constitucional y legal).

Finalmente, como cualquier otro miembro del Gobierno, el presidente firma y refrenda actos normativos y de gobierno que se concretan en reales decretos y otros instrumentos, y responde política y, en su caso, penalmente por ellos ante el Parlamento y los tribunales en los términos que establece la Constitución.

En las últimas elecciones generales celebradas en España, el 23 de julio de 2023, el Partido Popular obtuvo 137 diputados, 8.091.840 votos y el 33,05 % del voto estatal. Fue la candidatura más votada y la que consiguió más escaños en el Congreso, pero quedó a 39 diputados de la mayoría absoluta. Estos datos corresponden al Congreso de los Diputados, no al Senado.

El resultado del PP, en cifras

Los tres datos principales permiten distinguir el apoyo electoral de la representación parlamentaria:

• 137 escaños: fue el número de diputados que consiguió el PP en el reparto definitivo del Congreso.
• 8.091.840 votos: algo más de ocho millones de electores respaldaron sus candidaturas.
• 33,05 % del voto: aproximadamente uno de cada tres votos correspondió al PP. Redondeado a una décima, este porcentaje aparece habitualmente como el 33,1 %.

La cifra de 137 diputados está recogida también en la comparación electoral de Demócrata, que diferencia los resultados del 23 de julio de las estimaciones publicadas en encuestas posteriores. Es importante mantener esa separación: una previsión de voto no sustituye al resultado obtenido en las urnas.

Su posición respecto a las otras candidaturas

El PP terminó por delante del PSOE, que obtuvo 121 diputados. La diferencia entre ambas candidaturas fue, por tanto, de 16 escaños. Vox consiguió 33 diputados y Sumar, 31; esas cifras corresponden al reparto definitivo de las elecciones de julio de 2023, según la misma comparación de resultados.

Así, el resultado popular debe describirse como una primera posición electoral, pero no como una mayoría absoluta. Son dos cosas distintas: encabezar el reparto de diputados no significa disponer por sí solo de los apoyos suficientes para alcanzar ese umbral.

Comparación con las generales anteriores

Frente a las elecciones del 10 de noviembre de 2019, el PP mejoró tanto su representación como su número de votos y su porcentaje de apoyo. La comparación con las cifras consolidadas de aquella convocatoria es la siguiente:

• Diputados: pasó de 89 a 137, lo que supone una ganancia de 48 escaños.
• Votos: pasó de 5.047.040 a 8.091.840, con un incremento de 3.044.800 sufragios.
• Porcentaje: pasó de aproximadamente el 20,8 % al 33,05 %, una subida de unos 12,25 puntos porcentuales.

La referencia oficial para la convocatoria anterior puede consultarse en el análisis electoral de Interior. En términos sencillos, el PP sumó algo más de tres millones de votos y aumentó en 48 diputados su representación respecto a noviembre de 2019.

Qué significó para la formación de Gobierno

La mayoría absoluta estaba situada en 176 diputados. Con sus 137 escaños, el PP se quedó a 39 de esa cifra. Incluso sumando los 33 diputados de Vox, ambas formaciones reunían 170, seis menos que el umbral de mayoría absoluta, como recoge Demócrata.

En definitiva, el PP ganó aquellas elecciones en votos y escaños y mejoró ampliamente su resultado de 2019, pero esa victoria no se tradujo en la formación de un Gobierno encabezado por su candidato. La síntesis es: 137 diputados y alrededor de un tercio del voto, sin mayoría suficiente para gobernar por sí solo.