Rufián presenta su libro 'Cómo ganar a los fachas' con críticas a la corrupción del PSOE y una llamada a la autocrítica de la izquierda

A fecha de 6 de noviembre de 2026, las dos causas se encuentran en momentos distintos: Begoña Gómez está pendiente de juicio oral, según la información más reciente consultada, mientras que David Sánchez Pérez-Castejón tiene una condena de primera instancia recurrida. Por tanto, no es preciso describir ambos procedimientos como investigaciones todavía en curso. En el caso de Gómez, además, hubo una anulación de la apertura inicial del juicio que conviene distinguir de la situación posterior.

Begoña Gómez: pendiente de juicio, con un retroceso procesal previo

La información más reciente sitúa la causa principal después de la instrucción —la etapa en la que se investigan los hechos— y con apertura de juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Su asesora, Cristina Álvarez, afronta el procedimiento por presunta malversación. El enjuiciamiento corresponde a un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid. No consta una fecha concreta de celebración; las previsiones publicadas apuntan a 2027, pero no equivalen a un señalamiento judicial. Véase la cobertura de RTVE.

Para entender esta situación hay que separar varios hitos:

• El 11 de abril de 2026, el juez Juan Carlos Peinado dio por terminada la instrucción principal y acordó continuar por el procedimiento del jurado.
• El 20 de junio, dictó una primera apertura de juicio oral con un alcance más amplio.
• El 16 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid redujo los delitos y dejó sin efecto aquella apertura, obligando a repetir los trámites previos a decidir si se celebraba juicio.

La resolución de julio mantuvo el tráfico de influencias y la malversación respecto de Gómez; dejó fuera de esa pieza la corrupción en los negocios y la apropiación indebida, y separó la situación del empresario Juan Carlos Barrabés. También eliminó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales. Estos cambios están explicados en Demócrata.

La precisión importante es que la apertura de junio no puede citarse como si hubiera permanecido intacta: fue invalidada. La información posterior consultada sitúa nuevamente el procedimiento pendiente de juicio, aunque no proporciona la fecha del nuevo auto. La Fiscalía ha solicitado la absolución, una posición que no supone por sí misma el archivo ni una sentencia absolutoria.

David Sánchez: sentencia recurrida en apelación

La causa sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz ya superó tanto la investigación como el juicio en primera instancia. La Audiencia Provincial de Badajoz le impuso nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación. No se trata de una pena de prisión y la sentencia no es firme.

Su defensa presentó un recurso de apelación, del que informó Demócrata el 8 de octubre. Solicita la absolución y denuncia una investigación prospectiva —investigar para buscar posibles delitos sin una base previa suficiente, según sostiene la defensa—, además de vulneraciones de derechos fundamentales y de la presunción de inocencia. También cuestiona que concurran los elementos necesarios para apreciar prevaricación.

La revisión corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El siguiente hito relevante es su resolución sobre la apelación, no una nueva decisión sobre si David Sánchez debe ir a juicio.

En conclusión: Gómez afronta un juicio todavía no celebrado; David Sánchez espera la revisión de una condena recurrida. Ninguna de estas situaciones debe confundirse con una condena firme.

El presidente del Gobierno es la máxima autoridad del poder ejecutivo en España. La Constitución de 1978 le configura como la pieza central del sistema parlamentario: dirige la acción del Gobierno, marca la orientación política general y responde políticamente ante el Congreso de los Diputados. Sus competencias se recogen sobre todo en los artículos 97, 98 y 100, además de otras previsiones repartidas por el texto constitucional.

Designación y responsabilidad política

El presidente del Gobierno es elegido por el Congreso mediante el procedimiento de investidura (art. 99). El Rey propone un candidato, pero es el Congreso quien le otorga o deniega la confianza por mayoría. Esta lógica marca una competencia esencial: el presidente responde políticamente ante la Cámara, que puede retirarle la confianza mediante una moción de censura o negársela en una cuestión de confianza. Sin la confianza del Congreso, el presidente no puede mantenerse en el cargo ni, en la práctica, gobernar.

Dirección de la acción de Gobierno

La competencia nuclear aparece en el artículo 97: el Gobierno “dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado”, y el presidente encabeza y coordina esa dirección. En concreto:

• Fija las grandes líneas de la política general del Gobierno y su programa.
• Coordina la actuación de los distintos ministerios y resuelve conflictos entre ellos.
• Marca prioridades legislativas y de acción administrativa.
• Puede dar instrucciones políticas a los demás miembros del Gobierno, que están sometidos a su dirección.

La Constitución expresa esta primacía señalando que el presidente “dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo” (art. 98.2). Es decir, no es un “primus inter pares” puramente formal, sino el verdadero centro de decisión del Ejecutivo.

Nombramiento y cese de ministros

Otra atribución clave es el control sobre la composición del Gobierno. El artículo 100 establece que el Rey nombra y separa a los ministros a propuesta del presidente. En la práctica, esto significa que:

• Corresponde al presidente decidir qué personas integran el Gobierno y qué cartera ocupa cada una.
• Puede remodelar el Gobierno (crear, suprimir o dividir ministerios) proponiendo nuevos nombramientos o ceses.
• Asume la responsabilidad política última sobre el equipo que elige.

De este modo, el presidente tiene la potestad de configurar el Ejecutivo acorde con su proyecto político y de ajustarlo a la evolución de la legislatura.

Relación con el Rey y con las Cortes Generales

En un sistema parlamentario como el español, muchas de las funciones formales del Rey (sancionar leyes, convocar y disolver las Cortes, convocar referendos, nombrar altos cargos…) se ejercen a propuesta o con refrendo del presidente del Gobierno o del propio Gobierno en su conjunto. Esto implica que:

• El presidente propone al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, lo que conduce a la convocatoria de elecciones generales (con los límites que fija la Constitución).
• Refrenda actos del Rey, asumiendo la responsabilidad política de decisiones que formalmente adopta la Jefatura del Estado.
• Mantiene una relación continua con las Cortes: impulsa proyectos de ley, defiende el programa de Gobierno, responde a las iniciativas de control (preguntas, interpelaciones, mociones).

Poder normativo y defensa del Estado

Como jefe del Ejecutivo, el presidente dirige un Gobierno que tiene iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Aunque las normas se aprueban colegiadamente en el Consejo de Ministros, el peso político de impulsar:

• Proyectos de ley que el Gobierno remite a las Cortes.
• Reales decretos y reales decretos-leyes, en los casos y límites previstos en la Constitución.
• Reglamentos y disposiciones generales que desarrollan las leyes.

En materia de defensa y seguridad, el Gobierno dirige la política de defensa y las Fuerzas Armadas; el presidente coordina esta acción, preside las reuniones del Consejo de Ministros donde se adoptan decisiones relevantes y asume la responsabilidad política sobre ellas.

Otras funciones de dirección y coordinación

Además de lo anterior, el presidente del Gobierno asume funciones de:

• Representación política del Estado en el ámbito interno y, junto con el Rey, en el exterior, especialmente en el plano gubernamental (cumbres europeas, reuniones internacionales, etc.).
• Coordinación territorial, liderando las relaciones del Gobierno con las comunidades autónomas a través de conferencias sectoriales y otros mecanismos de cooperación.
• Gestión de crisis, encabezando la respuesta a situaciones de emergencia (catástrofes, crisis económicas, sanitarias o de seguridad), proponiendo, en su caso, la declaración de estados de alarma, excepción o sitio al Congreso.

En suma, según la Constitución, el presidente del Gobierno es el centro de gravedad del poder ejecutivo: dirige la política general, elige y coordina a sus ministros, se relaciona con el Rey y con las Cortes y asume la responsabilidad última ante el Parlamento y la ciudadanía por la actuación del Gobierno.

Adif puede contratar servicios externos, pero debe respetar las reglas de contratación pública y las obligaciones laborales aplicables. Conviene distinguir dos operaciones: que Adif contrate directamente una empresa para prestar un servicio y que esa adjudicataria encargue parte del trabajo a otra empresa. Solo la segunda constituye, propiamente, subcontratación en el sentido de los artículos 215 a 217 de la Ley de Contratos del Sector Público.

1. Determinar el régimen del contrato

Adif es una entidad pública empresarial y su contratación presenta especialidades vinculadas al sector ferroviario. Por eso, no debe aplicarse automáticamente a todos sus servicios el mismo régimen: hay que identificar el objeto del contrato, su importe y si corresponde aplicar la normativa de sectores especiales o la Ley 9/2017 de contratos públicos.

Además, que un contrato tenga naturaleza privada no elimina las exigencias públicas: el artículo 26.3 mantiene determinadas reglas sobre obligaciones laborales, condiciones de ejecución y subcontratación para los poderes adjudicadores que no son Administraciones públicas.

2. Respetar los pliegos y acreditar al subcontratista

Cuando resultan aplicables los artículos 215 a 217, el contratista puede encargar a terceros la realización parcial de la prestación, cumpliendo estas condiciones:

• Previsión en la oferta: si los pliegos lo exigen, indicar qué parte se subcontratará, su importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista.
• Comunicación escrita: tras la adjudicación y, como máximo, al iniciar la ejecución, comunicar al órgano de contratación la prestación afectada, la identidad, los datos de contacto y los representantes del subcontratista.
• Aptitud y ausencia de prohibiciones: justificar sus medios técnicos y humanos y su experiencia, y acreditar que no incurre en prohibición de contratar conforme al artículo 71. La clasificación adecuada, cuando exista, permite acreditar su aptitud.
• Actualización: comunicar cualquier cambio y aportar la información de los nuevos subcontratistas.

3. Límites y autorizaciones

El artículo 215 no establece un porcentaje máximo general de subcontratación. Sin embargo, permite reservar al contratista principal determinadas tareas críticas, siempre que se identifiquen en los pliegos y se justifiquen en el expediente. Las restricciones no pueden limitar indebidamente la competencia.

No existe una autorización previa universal. Sí se exige autorización expresa en contratos secretos, reservados o sujetos a determinadas exigencias de seguridad. Cuando los pliegos exigían identificar la subcontratación en la oferta y después se modifica lo anunciado, puede ser necesario esperar veinte días desde la notificación y justificación, salvo autorización anterior o urgencia suficientemente justificada.

4. Responsabilidad y condiciones laborales

El contratista principal mantiene la responsabilidad íntegra frente a Adif: comunicar o autorizar la subcontratación no lo libera. Debe garantizar las obligaciones ambientales, sociales, laborales y de protección de datos, y comunicar la subcontratación a los representantes de los trabajadores conforme a la legislación laboral.

La infracción de estas condiciones puede generar, si los pliegos lo prevén, penalidades de hasta el 50 % del importe del subcontrato o la resolución del contrato cuando concurran los requisitos legales.

5. Pagos y control por Adif

El contratista debe pagar al subcontratista conforme al artículo 216 y a las reglas contra la morosidad. La aceptación o verificación del servicio debe efectuarse en un máximo de treinta días; el retraso en el pago genera intereses e indemnización por costes de cobro.

Adif puede exigir relaciones de subcontratistas y justificantes de pago. La comprobación es obligatoria en contratos de servicios con valor estimado superior a cinco millones de euros cuando la subcontratación alcance al menos el 30 % del precio contractual, en los términos del artículo 217.

En definitiva, para un servicio concreto hay que revisar conjuntamente el régimen legal aplicable, los pliegos y las obligaciones de ejecución; no basta con que la empresa elegida pueda prestar materialmente el servicio.