¿Tenía ‘La Revuelta’ obligación de invitar a Abascal? Esto dicen la ley y RTVE

La ley establece que el ente público ha de ser garante de la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad española

Imagen de un post de X de 'La Revuelta' anunciando la entrevista a Santiago Abascal. RTVE.

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Santiago Abascal pasó por La Revuelta de RTVE, y no precisamente para divertirse. Tras varios días de polémica por la entrevista del líder de la extrema derecha en el medio público, exacerbada por la petición de Vox (aceptada por la cadena) de elegir su propio público, la conclusión es que, al menos por audiencia y lectura de los analistas, al entrevistado le salió bien la jugada. Pero hay una cuestión que subyace tras el bochinche, y es si el programa presentado por David Broncano tenía obligación de invitar a Santiago Abascal.

Para tratar de aproximar una respuesta, hay que recurrir a varias normas. Entre ellas, Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, que, en su artículo 28 dice que “la Corporación RTVE asegurará en su programación la expresión de la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad española”.

El punto 2.a del mismo precepto reza lo siguiente: “El derecho de acceso a través de la Corporación RTVE se aplicará: de manera global, mediante la participación de los grupos sociales y políticos significativos, como fuentes y portadores de información y opinión, en el conjunto de la programación de RTVE”.

Otro aspecto importante es el reflejado en el apartado Cuarto.3 de la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, que estatuye que “corresponde a los órganos de dirección de los medios la decisión de organizar o difundir entrevistas o debates electorales, pero de hacerlo deberán respetar los principios de pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad”.

Por último, hay que destacar el artículo 66.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Esta es su redacción literal: “El respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes”.

¿Qué dice RTVE?

No hay una respuesta oficial de RTVE a este interrogante, aunque sí unas declaraciones a Público de, según indican en la información, “fuentes oficiales del ente público”. Y éstas aseguran que la Junta Electoral no les obliga a invitar a Santiago Abascal a La Revuelta, pero que habían cursado invitaciones a los cuatro principales candidatos a la Presidencia, “como todos los late shows”.

En el mismo artículo recuerdan que, en un programa anterior, el propio Broncano se refirió a esta supuesta obligatoriedad con la frase “la Junta Electoral ha hablado”.

¿Qué pasó en la entrevista?

Aunque, más que una entrevista fue un debate, la presencia Santiago Abascal en La Revuelta estuvo marcada por la disputa política y la gestión del público, que Vox pidió controlar para evitar abucheos e interrupciones. De hecho, Broncano alertó de que la reacción favorable de los asistentes podía ofrecer una imagen poco representativa de la opinión pública.

Un ejemplo paradigmático de esta advertencia acaeció cuando el líder de Vox calificó a Pedro Sánchez de "dictador" y justificó esa descripción por lo que considera una ocupación política de las instituciones y los organismos de control. También criticó la respuesta del Gobierno ante la violencia contra representantes de su partido. Sobre la violencia de género, reconoció que existe violencia contra las mujeres, pero cuestionó el enfoque de las políticas actuales y defendió revisar la legislación.

Abascal llevó una bandera de Ceuta al programa y explicó que había trasladado a Benjamin Netanyahu su condena del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, su rechazo a un eventual respaldo israelí a la independencia de Cataluña y su petición de apoyo a España frente a Marruecos.

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¿En qué estado se encuentra la tramitación parlamentaria de la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal?

La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, ya está aprobada y continúa vigente, con modificaciones posteriores. Si te refieres al proyecto de reforma procedente del Real Decreto-ley 5/2024, la respuesta actual es que su tramitación terminó por caducidad el 6 de octubre de 2026: no sigue pendiente de aprobación parlamentaria.

Qué expediente se tramitaba

La ley original se publicó en el BOE el 6 de junio de 2006, por lo que debe distinguirse de las iniciativas posteriores para modificarla. Puede consultarse en la publicación de la ley.

El expediente relevante es el 121/000037, correspondiente al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 17/2006 para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación RTVE, procedente del Real Decreto-ley 5/2024, de 22 de octubre. Su texto inicial se publicó en el Congreso el 15 de noviembre de 2024.

Recorrido y último trámite

  • 22 y 23 de octubre de 2024: el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2024 y se publicó en el BOE, respectivamente.
  • 30 de octubre de 2024: el Congreso lo convalidó, es decir, acordó mantenerlo, y decidió tramitarlo también como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. La convalidación se publicó mediante la resolución del Congreso.
  • 12 y 15 de noviembre de 2024: se admitió a trámite el proyecto y se publicó su texto. Se abrió un plazo de enmiendas que inicialmente terminaba el 25 de noviembre.
  • Hasta septiembre de 2026: se sucedieron 67 ampliaciones del plazo de enmiendas. La última localizada lo extendió hasta el 30 de septiembre de 2026.
  • 6 de octubre de 2026: el proyecto caducó. Ese es el último hito y el que determina su situación actual.

Por tanto, no debe describirse hoy como un proyecto con el plazo de enmiendas abierto ni como una reforma pendiente de pasar al Senado. El procedimiento legislativo quedó cerrado sin culminar en una nueva ley.

Qué implica para la regulación de RTVE

La caducidad del proyecto no equivale a derogar el decreto-ley previamente convalidado. Son dos actuaciones diferentes: el Congreso mantuvo la norma de urgencia y abrió, además, un procedimiento para poder modificarla mediante enmiendas. Que este segundo procedimiento terminara no elimina por sí mismo la reforma ya introducida por el Real Decreto-ley 5/2024.

También debe separarse de otra reforma posterior: el Real Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio, sobre la prestación del servicio público de RTVE, expediente 130/000047. Este quedó derogado al no ser convalidado el 14 de julio de 2026; sus medidas no deben presentarse como regulación vigente.

Otros trabajos parlamentarios relacionados

Se localizaron asimismo actuaciones sobre la elección del Consejo de Administración —expedientes 276/000010 y 729/000006, este último concluido en noviembre de 2024— y sobre la preparación del mandato-marco de RTVE, expedientes 573/000004 y 551/000044. Este último habilitó reuniones en julio de 2026. Son procedimientos de nombramiento o de orientación del servicio público, no una nueva aprobación de la Ley 17/2006.

En síntesis: la ley permanece vigente; el proyecto de modificación 121/000037 caducó el 6 de octubre de 2026; y esa caducidad debe distinguirse tanto de la convalidación de 2024 como de la derogación del decreto-ley de junio de 2026.

¿Cuáles son las competencias y funciones del presidente de RTVE según la legislación vigente?

El presidente de RTVE ejerce la dirección ejecutiva ordinaria y la representación institucional y legal de la Corporación, pero actúa bajo la vigilancia del Consejo de Administración y conforme a sus criterios e instrucciones. Sus competencias se regulan principalmente en los artículos 17, 19 y 20 de la Ley 17/2006, cuya redacción vigente incorpora la reforma del Real Decreto-ley 5/2024, aplicable desde el 24 de octubre de 2024.

1. Representación y presidencia del Consejo

El artículo 17 le atribuye la representación institucional tanto de RTVE como de su Consejo de Administración. Convoca las reuniones de este órgano conforme a los estatutos sociales y dispone de voto dirimente: si una votación termina empatada, su voto decide.

Los artículos 19 y 20.1 añaden la representación legal necesaria para la gestión ordinaria. Puede celebrar con terceros actos, contratos y negocios jurídicos destinados a cumplir el objeto social y los objetivos generales, siempre dentro de sus atribuciones.

2. Dirección, organización y personal

El artículo 20.2 concreta sus principales facultades ejecutivas:

  • Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración.
  • Nombrar y cesar al equipo directivo, así como aprobar la organización básica de RTVE y sus modificaciones.
  • Dirigir y coordinar los órganos directivos conforme a las directrices del Consejo.
  • Ejercer la jefatura superior del personal y de los servicios, respetando las directrices básicas que el Consejo establezca en esta materia.
  • Conferir y revocar poderes, y proponer al Consejo el nombramiento y cese de los administradores de las sociedades filiales, mediante su actuación como junta general.

En materia editorial, ejecuta los principios aprobados por el Consejo sobre producción, actividad comercial y programación. Por tanto, la ley distingue entre fijar las orientaciones generales, función del Consejo, y aplicarlas mediante la gestión ejecutiva.

3. Contratación y gestión económica

La presidencia aprueba los contratos, convenios, acuerdos y negocios jurídicos no reservados al Consejo. Según el artículo 16.4.g), este determina cuáles, estando sometidos a la legislación de contratos del sector público, debe aprobar por su cuantía; el umbral que establezca no puede ser inferior a dos millones de euros anuales. La presidencia también aprueba y celebra los actos que correspondan conforme a ese reparto.

Además, le corresponde:

  • Preparar la formulación de las cuentas anuales y elaborar el anteproyecto de presupuesto de explotación y capital.
  • Elaborar el informe anual de gestión y cumplimiento del servicio público, el contrato-programa con el Estado y las restantes obligaciones económico-financieras legalmente previstas.
  • Velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales, con la responsabilidad que el artículo 20.2.n) atribuye respecto de los ficheros automatizados de RTVE.
4. Límites, supervisión y estatuto personal

La presidencia no sustituye al Consejo. Este conserva la dirección estratégica, la supervisión de la gestión, la formulación de las cuentas y la aprobación del proyecto presupuestario y del informe anual. También aprueba, a propuesta presidencial, los informes destinados a las Cortes Generales, la autoridad audiovisual y, cuando proceda, el Gobierno.

El Congreso designa al presidente entre los consejeros: exige dos tercios en primera votación o mayoría absoluta en una segunda, cuarenta y ocho horas después. Le resulta aplicable el estatuto de los consejeros: mandato de seis años, dedicación exclusiva, incompatibilidades de los altos cargos y deberes de diligencia, lealtad, secreto y responsabilidad. Debe actuar con independencia, sin instrucciones del Gobierno ni de otras instituciones. Su cese se rige por el artículo 13, que contempla, entre otras causas, renuncia, expiración del mandato y decisiones del Congreso adoptadas por dos tercios.

¿Qué requisitos debe cumplir un programa de RTVE para garantizar el pluralismo político en periodo electoral?

Un programa de RTVE debe respetar pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa durante el periodo electoral. No basta con invitar a representantes de varios partidos ni con repartir minutos: también importan la selección de participantes, las preguntas, las imágenes y el tratamiento editorial.

1. Obligaciones y ámbito de aplicación

La regla central es el artículo 66 de la LOREG, que exige esos cuatro principios en la programación de los medios públicos. La STC 14/2021 confirma que sus obligaciones son más intensas que las de los medios privados. Estas exigencias se aplican durante todo el periodo electoral, no únicamente durante la campaña ni exclusivamente a programas denominados electorales.

El marco se completa con la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, y las instrucciones y acuerdos de la Junta Electoral competente.

2. Tiempos y presencia de candidaturas

Igualdad no significa necesariamente idénticos minutos. El reparto debe ser objetivo, justificable y proporcional, tomando en consideración la representatividad electoral. La representación previa es relevante, pero no permite ignorar automáticamente a nuevas candidaturas con significación acreditada.

  • Candidaturas significativas: deben recibir una cobertura efectiva conforme a los criterios electorales aplicables; no basta una presencia testimonial.
  • Candidaturas de menor implantación: no tienen necesariamente derecho al mismo tiempo ni a participar en todos los debates. Su tratamiento debe responder a criterios objetivos, uniformes y no discriminatorios.
  • Calidad de la presencia: deben valorarse horario, relevancia del programa, posición de la noticia, posibilidades de réplica y tratamiento visual, además del tiempo de palabra.

El equilibrio se examina también sobre el conjunto de la cobertura, pero eso no convierte en admisible un tratamiento manifiestamente partidista en una emisión concreta.

3. Debates, entrevistas y tertulias

La selección de participantes debe justificarse mediante criterios transparentes. Conviene establecer previamente tiempos, turnos, bloques, réplicas, interrupciones y tratamiento de ausencias. La moderación debe ser imparcial: conceder minutos equivalentes no corrige preguntas tendenciosas, interrupciones selectivas o distintas oportunidades de explicación.

En las tertulias, el pluralismo requiere atender a la composición y al desarrollo real del espacio. La presencia de varios invitados no garantiza por sí sola diversidad efectiva de posiciones.

4. Gobierno, oposición e información

RTVE puede informar sobre actividad gubernamental de interés público, pero debe distinguir actividad institucional y promoción partidista. La condición institucional no justifica una ventaja electoral ni convertir comparecencias en publicidad de logros. Las posiciones relevantes de la oposición deben recibir un tratamiento periodístico equivalente, sin exigir una réplica automática en cada noticia.

También debe diferenciarse información de opinión: hechos contrastados y críticas atribuidas en las noticias; valoraciones identificables en los comentarios. Rótulos, titulares, imágenes y edición no deben introducir propaganda encubierta.

5. Control y reclamaciones

Para acreditar el cumplimiento, resulta recomendable conservar grabaciones, escaletas, criterios de selección y cómputos de tiempos. Una reclamación debe identificar programa, fecha, fragmentos concretos, desigualdad denunciada, pruebas y medida solicitada.

En cuestiones estatales de RTVE, la JEC desempeña el papel central. Puede corregir infracciones y adoptar medidas para impedir su continuidad, como confirma la STC 25/2022. Es importante reclamar rápidamente y solicitar una corrección útil durante el periodo electoral, incluida, cuando proceda, cobertura compensatoria.

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¿Qué normativa menciona explícitamente el deber de pluralidad y neutralidad en RTVE?

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¿Qué petición realizó Vox sobre el público de 'La Revuelta' durante la entrevista con Abascal?

Pregunta 2 de 3

¿Qué tema internacional mencionó Abascal durante su intervención en 'La Revuelta'?

Pregunta 3 de 3