Así llegarían los partidos a un adelanto electoral: el PP supera el 33% y Vox ronda el 18%

La disolución anticipada de las Cortes Generales en España está regulada fundamentalmente por los artículos 99 y 115 de la Constitución. Existen dos vías principales: 1) la disolución decidida discrecionalmente por el presidente del Gobierno (art. 115 CE), y 2) la disolución automática por fracaso de la investidura (art. 99.5 CE). En ambos casos el acto formal es la disolución simultánea del Congreso y el Senado por el Rey, con refrendo del presidente del Gobierno, y la convocatoria de elecciones generales.

1. Disolución anticipada decidida por el presidente (art. 115 CE)

a) Competencia y límites materiales

• La iniciativa corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, que propone al Rey la disolución de las Cámaras.
• El Rey no decide políticamente: se limita a expedir el real decreto de disolución, que debe ser refrendado por el presidente. La responsabilidad política y jurídica recae en este último.
• Existen tres límites materiales claros:
  • No puede proponerse disolución cuando está en tramitación una moción de censura (art. 115.2 CE).
  • No cabe disolver durante el estado de excepción o de sitio (art. 116.5 CE).
  • La disolución debe afectar a ambas Cámaras a la vez; la Constitución no permite, en el régimen ordinario, disolver solo una.

b) Límites temporales

• No puede proponerse una nueva disolución antes de que haya transcurrido un año desde la anterior (art. 115.3 CE).
• Fuera de ese límite anual, la Constitución no fija un momento mínimo dentro de la legislatura: el presidente puede proponer la disolución en cualquier fase, siempre que se respeten los límites materiales anteriores.

c) Trámites formales

• Decisión política interna del presidente, habitualmente adoptada en el seno del Consejo de Ministros, aunque la Constitución solo exige su propuesta personal al Rey.
• Audiencia y propuesta formal del presidente al Rey en el marco de la Jefatura del Estado.
• Expedición por el Rey del Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, refrendado por el presidente del Gobierno.
• Publicación del real decreto en el BOE. A partir de esa publicación:
  • Se disuelven el Congreso y el Senado.
  • Quedan convocadas elecciones generales que deben celebrarse dentro de los 54 días siguientes (Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

2. Disolución automática por fracaso de la investidura (art. 99.5 CE)

a) Presupuesto: imposibilidad de investir presidente

• Tras unas elecciones y la constitución del Congreso, el Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno, que es sometido al debate de investidura en el Congreso.
• Si ningún candidato obtiene la confianza del Congreso en el plazo de dos meses, contados desde la primera votación de investidura, se activa el mecanismo de disolución automática.

b) Consecuencia automática y trámite formal

• Transcurridos los dos meses sin investidura, la Constitución establece que el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso (no del presidente del Gobierno, que no ha llegado a ser investido).
• Se dicta también un Real Decreto de disolución y convocatoria electoral, que se publica en el BOE y fija la fecha de las nuevas elecciones dentro del plazo de 54 días.

3. Papel de la Diputación Permanente

Disueltas las Cámaras, el órgano que asume la continuidad parlamentaria es la Diputación Permanente de cada una de ellas (art. 78 CE):

• Está integrada por un número reducido de diputados o senadores designados proporcionalmente por los grupos parlamentarios antes de la disolución.
• Durante el período entre la disolución y la constitución de las nuevas Cortes:
  • Vela por los poderes de la Cámara y puede ser convocada en sesión extraordinaria para conocer y, en su caso, convalidar o derogar reales decretos-leyes del Gobierno.
  • Puede requerir la presencia de miembros del Gobierno y ejercer funciones de control político limitadas.
• Una vez constituidas las nuevas Cámaras, la Diputación Permanente da cuenta de las decisiones adoptadas durante el interregno.

4. Efectos sobre la legislatura y las iniciativas

La disolución anticipada pone fin a la legislatura en curso. Como regla general:

• Las iniciativas en tramitación decaen, salvo algunas específicas con continuidad constitucionalmente prevista (por ejemplo, ciertos procedimientos constitucionales o de nombramientos que puedan reiterarse).
• Las nuevas Cortes, una vez constituidas, pueden volver a registrar proyectos o proposiciones que retomen el contenido de las iniciativas anteriores.

En síntesis, la disolución anticipada de las Cortes es un acto formal del Rey, pero políticamente atribuible al presidente del Gobierno (art. 115) o al bloqueo de la investidura (art. 99.5), y se articula siempre mediante un real decreto que simultáneamente disuelve Congreso y Senado, convoca elecciones y activa el papel de las Diputaciones Permanentes hasta la constitución de las nuevas Cámaras.

La Constitución española atribuye al presidente del Gobierno un papel central en la convocatoria de elecciones generales, pero siempre dentro de un marco muy reglado y con contrapesos. No decide libremente “ir a elecciones” en cualquier momento, sino que actúa mediante una propuesta formal al Rey y sometida a límites constitucionales claros.

Base constitucional de la competencia

El núcleo de esta competencia se encuentra en el artículo 115 de la Constitución, que regula la disolución de las Cortes Generales. Las elecciones generales se convocan, en la práctica, a través de un decreto de disolución del Congreso o de las Cortes que incluye simultáneamente la convocatoria electoral. Ese decreto:

• Es decidido políticamente por el presidente del Gobierno.
• Debe ser firmado (refrendado) por el presidente y, al mismo tiempo, expedido por el Rey, que asume un papel formal.
• Fija la fecha de las elecciones dentro de los plazos constitucionales.

Por tanto, la “competencia” de convocar elecciones generales no se ejerce mediante un acto aislado, sino mediante la iniciativa del presidente para disolver y convocar, que se concreta en ese decreto.

Poder de propuesta de disolución y convocatoria

El presidente del Gobierno tiene la facultad de proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. En la práctica, cuando hablamos de elecciones generales, se trata de la disolución simultánea de Congreso y Senado para renovar las Cortes en su conjunto. Las competencias clave son:

• Iniciativa exclusiva: solo el presidente puede proponer la disolución anticipada; ni las Cámaras ni el Rey pueden hacerlo por su cuenta (salvo casos tasados como el del art. 99.5 CE, que es distinto y no responde a una decisión política del presidente).
• Carácter discrecional político: dentro de los límites constitucionales, es una decisión de oportunidad política (momento más favorable, desbloqueo de situaciones, etc.), no exige motivación jurídica estricta.
• Determinación de la fecha: en el decreto, el presidente propone el calendario, respetando el marco temporal: la votación debe celebrarse entre 54 y 60 días después de la convocatoria.

Límites y condiciones constitucionales

Ese poder presidencial no es absoluto. El artículo 115 CE establece varias restricciones muy importantes:

• Prohibición en caso de moción de censura en trámite: el presidente no puede proponer la disolución si está en curso una moción de censura. Se evita así que el presidente “huya” de un control parlamentario que puede reemplazarle.
• Prohibición durante estados de excepción o de sitio: mientras estén declarados un estado de excepción o un estado de sitio, no se puede disolver. La lógica es evitar el uso de elecciones como instrumento en una situación de grave alteración constitucional.
• Periodo mínimo entre disoluciones por iniciativa presidencial: debe transcurrir al menos un año desde la disolución anterior decidida por el propio presidente. Se trata de impedir un uso abusivo y repetido del adelanto electoral.

Estos límites definen el marco dentro del cual el presidente puede ejercer su competencia de convocar elecciones mediante disolución anticipada.

Convocatoria ordinaria al término de la legislatura

Además de la disolución anticipada, la Constitución prevé la renovación periódica del Congreso (art. 68 CE) y del Senado (art. 69 CE). Al finalizar el mandato ordinario (cuatro años desde las anteriores elecciones, salvo disolución anticipada), las Cámaras se consideran expiradas y es necesario convocar elecciones.

En ese caso, también se dicta un decreto de convocatoria, en el que el presidente tiene de nuevo un papel central, aunque el margen de decisión política es menor (se trata de cumplir el calendario constitucional, no de decidir un adelanto). De nuevo actúa:

• Impulsando el decreto de convocatoria de elecciones al término natural de la legislatura.
• Refrendando la firma del Rey en ese decreto.

Gobierno en funciones y continuidad institucional

Tras la disolución y la convocatoria de elecciones, el Gobierno pasa a estar en funciones hasta la investidura de un nuevo presidente. Aunque esto se desarrolla principalmente en la legislación ordinaria, la Constitución (art. 101 CE) establece el principio de continuidad: el presidente sigue ejerciendo funciones limitadas para garantizar el funcionamiento del Estado, pero ya no puede disolver de nuevo las Cámaras ni plantear nuevas convocatorias mientras dura esa situación.

Resumen final

En suma, según la Constitución española, el presidente del Gobierno tiene la competencia decisiva para provocar la convocatoria de elecciones generales mediante la propuesta de disolución de las Cámaras y la fijación de la fecha electoral en el decreto correspondiente. Sin embargo, ese poder está sometido a controles formales (intervención del Rey, plazos de 54-60 días) y a límites materiales (prohibición durante mociones de censura, estados de excepción o sitio, y restricción temporal de un año entre disoluciones por iniciativa propia), lo que configura un equilibrio entre estabilidad parlamentaria y capacidad del presidente para recurrir a las urnas como mecanismo democrático de solución de conflictos políticos.

Las últimas elecciones generales celebradas en España fueron las del 23 de julio de 2023 (23J), en las que se eligieron los 350 diputados del Congreso. Según los datos oficiales recopilados por la Junta Electoral Central y recogidos por distintos medios y bases de datos, la participación se situó en torno al 69,64 % del censo.

El resultado dejó un Congreso muy fragmentado, con una ligera ventaja en votos del Partido Popular (PP) frente al PSOE, y con una configuración de bloques muy ajustada. A grandes rasgos, el reparto de voto y escaños de los partidos de ámbito estatal fue el siguiente:

• PP – alrededor del 33,1 % de los votos y 137 escaños (primera fuerza en voto y escaños).
• PSOE – en torno al 31,7 % de los votos y 121 escaños, quedando como segunda fuerza pero muy cerca del PP en porcentaje de voto.
• Vox – aproximadamente el 12,4 % de los votos y 33 escaños, como tercera fuerza del Congreso.
• Sumar – cerca del 12,3 % de los votos y 31 escaños, como cuarta fuerza, aglutinando el espacio a la izquierda del PSOE.

Junto a estas fuerzas estatales, varios partidos nacionalistas y regionalistas completaron la aritmética parlamentaria, con porcentajes de voto más bajos a nivel estatal pero decisivos por su concentración territorial:

• ERC – alrededor del 1,89 % del voto estatal y 7 escaños.
• Junts – en torno al 1,62 % y 7 escaños.
• EH Bildu – aproximadamente el 1,36 % y 6 escaños.
• PNV – cerca del 1,14 % y 5 escaños.
• BNG – en torno al 0,62 % y 1 escaño.
• Coalición Canaria (CCa) – aproximadamente el 0,46 % y 1 escaño.
• UPN – en torno al 0,21 % y 1 escaño.

En conjunto, el resultado supuso que:

• El PP ganó las elecciones en votos y escaños, pero no alcanzó la mayoría absoluta (situada en 176 diputados) ni una mayoría clara con aliados naturales suficiente como para gobernar en solitario.
• El PSOE, aunque quedó segundo, conservó un peso muy significativo en la Cámara y se mantuvo en una horquilla de escaños similar a la de la legislatura anterior, lo que le permitió aspirar a reeditar una mayoría alternativa mediante acuerdos con Sumar y varias fuerzas nacionalistas.
• Vox mantuvo una representación relevante (33 diputados) pero por debajo de los niveles que habrían garantizado, junto con el PP, una mayoría holgada.
• Sumar, en su primera comparecencia como nueva marca del espacio de la izquierda alternativa, obtuvo un resultado suficiente para ser socio clave de un eventual Gobierno progresista, aunque con un número de escaños contenido frente a la suma de sus componentes en ciclos anteriores.
• Las formaciones nacionalistas y regionalistas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CCa, UPN) quedaron en una posición claramente bisagra, ya que sus escaños resultaban decisivos para inclinar la balanza hacia un bloque u otro en la formación de mayorías.

Desde el punto de vista político, el 23J consolidó varias tendencias:

• La vuelta a un bipartidismo reforzado en la cúspide (PP y PSOE sumando alrededor de dos tercios del voto), aunque sin que ninguno de los dos partidos pueda gobernar sin socios.
• La persistencia de un Congreso muy plural, con la presencia simultánea de fuerzas de derecha radical, izquierda alternativa y nacionalismos diversos.
• La centralidad de la negociación postelectoral y de los acuerdos de investidura, mucho más allá del mero recuento de quién queda primero en votos.

En resumen, las elecciones generales del 23 de julio de 2023 dieron como resultado un Parlamento sin mayorías absolutas, con el PP como fuerza más votada, un PSOE muy cercano en porcentaje de voto, y un equilibrio de bloques que hacía imprescindibles las alianzas con las fuerzas a la izquierda del PSOE y con los partidos nacionalistas y regionalistas para conformar una mayoría de gobierno.