En las rupturas siempre quedan algunas cosas por repartir. Algunas cajas por trasladar de un piso a otro. Son los últimos pasos de toda una coreografía encaminada a cerrar definitivamente una etapa y dar paso a "nuevos tiempos". El Brexit tampoco ha sido una excepción. Más de seis años después de la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, Bruselas y Londres ponen punto final al último gran asunto pendiente del divorcio.
Este martes, la Unión Europea y el Reino Unido formalizarán el último capítulo de esa mudanza. Entrará en vigor el acuerdo que regula la nueva relación entre Gibraltar y España, el único gran fleco que permanecía abierto desde la salida británica del bloque comunitario. El texto aspira a convertir una de las fronteras más sensibles de Europa en un espacio de cooperación permanente, facilitando la movilidad de personas y mercancías sin alterar la posición jurídica de las partes respecto a la soberanía del Peñón.
El fin de la Verja
Los negociadores perseguían que el acuerdo estableciera un marco estable de cooperación capaz de garantizar la prosperidad económica de ambos lados de la frontera y ofrecer seguridad jurídica tanto a ciudadanos como a empresas. El objetivo era resolver cuestiones especialmente delicadas, como la circulación de personas, el comercio de mercancías o la cooperación entre administraciones.
La consecuencia más visible será la desaparición de la Verja de Gibraltar como frontera física, un cambio histórico que irá acompañado del cumplimiento de estándares internacionales en ámbitos como los derechos humanos, la seguridad nuclear, la protección medioambiental y la lucha contra el cambio climático.
El acuerdo también desarrolla protocolos específicos para reforzar la cooperación policial y judicial, mejorar los mecanismos de intercambio de información, proteger los datos personales y salvaguardar los derechos de los miles de trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente entre España y Gibraltar.
Fuentes comunitarias explican que el objetivo último de este nuevo marco es favorecer una "prosperidad compartida" y construir unas relaciones "constructivas" entre Gibraltar y España, especialmente con los municipios del Campo de Gibraltar, cuya economía mantiene una estrecha dependencia de la actividad generada por el Peñón. Una de las novedades más relevantes será la eliminación de "todas las barreras físicas a la circulación de personas entre Gibraltar y el espacio Schengen". En la práctica, dejará de existir una frontera terrestre entre ambos territorios. Los controles migratorios se trasladarán al puerto y al aeropuerto de Gibraltar, desde donde se verificará la entrada y salida de viajeros.
Cómo funcionarán los nuevos controles
El sistema acordado establece un modelo de doble supervisión. Las inspecciones fronterizas de entrada serán realizadas, en primer lugar, por las autoridades de Gibraltar y, posteriormente, por las autoridades competentes españolas, que ejercerán las funciones previstas en el Código de Fronteras Schengen.
No obstante, el acuerdo incorpora mecanismos de protección para situaciones excepcionales. En caso de detectarse una amenaza grave para el orden público o la seguridad, tanto España, como Estado miembro de la Unión Europea, como el Reino Unido podrán restablecer temporalmente los controles fronterizos. Este modelo pretende combinar la libre circulación con el mantenimiento de las garantías de seguridad exigidas por el espacio Schengen, evitando al mismo tiempo la creación de una nueva frontera interior dentro de la Unión Europea.
La eliminación de las barreras físicas no se limitará únicamente al tránsito de personas. También afectará al movimiento de mercancías por vía terrestre, aunque con importantes salvaguardas destinadas a proteger el mercado único europeo. Para ello, se creará una unión aduanera entre la Unión Europea y Gibraltar, lo que supondrá que el Peñón aplicará una parte muy significativa de la legislación aduanera comunitaria.
Asimismo, se habilitarán puestos aduaneros designados en territorio español para gestionar el tráfico comercial. Entre ellos figuran La Línea de la Concepción, Algeciras y Sagunto, que asumirán funciones de inspección y control de las mercancías. En paralelo, Gibraltar se compromete a mantener niveles de protección fiscal y de lucha contra el fraude muy similares a los vigentes en los Veintisiete. Esto incluirá la armonización de determinados impuestos indirectos y especiales con el objetivo de evitar distorsiones de competencia respecto a España.
Protección para los trabajadores transfronterizos
Uno de los capítulos con mayor contenido social del acuerdo está dedicado a proteger a las aproximadamente 15.000 personas que cruzan diariamente la frontera para trabajar. El texto establece una coordinación "estrecha" entre las administraciones para garantizar los derechos de seguridad social, incluyendo la asistencia sanitaria, las pensiones o las prestaciones por desempleo tanto de los trabajadores como de sus familias.
El acuerdo garantiza además la igualdad de trato entre ciudadanos españoles y gibraltareños, evitando que la nueva situación jurídica genere discriminaciones laborales o administrativas. Se trata de uno de los aspectos más sensibles de la negociación, ya que buena parte de la economía del Campo de Gibraltar depende directamente de la actividad laboral desarrollada en el Peñón.
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Otra de las cuestiones históricamente más complejas ha sido el futuro del aeropuerto de Gibraltar. Finalmente, las partes han acordado que las instalaciones operarán bajo una empresa conjunta, sometida a una responsabilidad compartida entre España y el Reino Unido. Esta sociedad tendrá su sede en un Estado miembro de la Unión Europea y supervisará la empresa encargada de la gestión cotidiana del aeropuerto, configurando un modelo de cooperación inédito entre ambas partes.
Nuevos impuestos y mayor convergencia económica
El acuerdo también introduce cambios importantes en materia tributaria. Con el objetivo de reducir las diferencias fiscales entre el Campo de Gibraltar y el Peñón, las autoridades gibraltareñas implantarán un impuesto indirecto similar al IVA.
Este gravamen arrancará con un tipo del 15 % desde la entrada en vigor del acuerdo y aumentará progresivamente durante los tres años siguientes hasta alcanzar el 17 %. El impuesto se aplicará a los bienes fabricados o importados en Gibraltar y, en ningún caso, podrá situarse por debajo del tipo mínimo establecido por la normativa europea.
Además, se pondrá en marcha un nuevo mecanismo financiero destinado a promover la cohesión económica entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Este instrumento financiará proyectos relacionados con la formación, el empleo, la competitividad empresarial y el desarrollo económico de la región.
Paralelamente, el acuerdo intensifica la cooperación policial y judicial para prevenir e investigar delitos como el blanqueo de capitales, la delincuencia organizada o la financiación del terrorismo. Gibraltar colaborará con las agencias europeas mediante puntos de contacto centrales designados por el Reino Unido.
La soberanía queda fuera del acuerdo
Uno de los elementos políticamente más delicados del texto es la denominada cláusula de salvaguarda, diseñada para evitar cualquier interpretación sobre la soberanía del Peñón. El acuerdo establece expresamente que ninguna de sus disposiciones modifica las posiciones jurídicas de España o del Reino Unido respecto a la soberanía y jurisdicción sobre Gibraltar.
"El acuerdo no sirve de base para ninguna afirmación o denegación de soberanía en procedimientos judiciales o de cualquier otro tipo", explican fuentes consultadas por Demócrata. Con esta fórmula, ambas partes buscan blindar jurídicamente el consenso alcanzado sin reabrir uno de los debates diplomáticos más complejos entre Madrid y Londres.
Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajará a Bruselas para formalizar la firma del acuerdo, que permitirá su aplicación provisional desde el 15 de julio. En la ceremonia también participarán el comisario europeo responsable de Comercio y principal negociador de la Comisión con el Reino Unido, Maroš Šefčovič, así como el secretario de Estado para Europa británico, Stephen Doughty.
Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ya avanzó hace unos días que, pese a la desaparición de la Verja como frontera física, el acceso al Peñón seguirá estando fuertemente vigilado. "El único punto por el que se podrá pasar será aquel por el que siempre se ha pasado, y ese tramo contará con una presencia masiva de policía, de cámaras y de vehículos para garantizar que no entre en Gibraltar nadie que no deba hacerlo", aseguró.
El cierre del último gran capítulo del Brexit coincide, además, con un momento de cierta incertidumbre política en las relaciones entre Bruselas y Londres. La Comisión Europea había preparado para la próxima semana la segunda cumbre bilateral entre ambas partes desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, el encuentro fue aplazado tras la dimisión del inquilino de Downing Street, Keir Starmer.
"Puedo confirmar que la cumbre ha sido aplazada. Un aplazamiento no es una cancelación. Significa que, tan pronto como sea posible, buscaremos una nueva fecha", explicó la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho.
Con la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar, la Unión Europea y el Reino Unido cierran definitivamente el último expediente pendiente del Brexit, abriendo una nueva etapa de cooperación que pretende sustituir años de incertidumbre por un marco estable de convivencia económica, política y fronteriza.