En los últimos años, Irlanda se ha convertido en la cuna europea de algunas de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Una combinación de incentivos fiscales, idioma, mano de obra cualificada y acceso directo al mercado comunitario ha situado a Dublín en el mapa digital global. Meta, Google, Apple, Microsoft, TikTok y X han encontrado en la isla una puerta de entrada privilegiada a Europa. Ahora, la ciudad que alberga sus principales sedes comunitarias será también el escenario en el que los Veintisiete tratarán de definir qué papel quiere desempeñar la Unión Europea en la próxima etapa de la revolución tecnológica.
Hasta allí viajarán la próxima semana los jefes de Estado y de Gobierno para abordar, por primera vez en una cumbre de líderes, los desafíos que plantea el avance de la Inteligencia Artificial (IA) para el continente. El lugar elegido no es casual. A escasos metros de las oficinas europeas de los gigantes digitales, los mandatarios discutirán cómo reducir las dependencias tecnológicas, reforzar las capacidades industriales propias y evitar que el desarrollo de los modelos más avanzados quede en manos de un reducido grupo de actores globales.
Fuentes diplomáticas advierten de que los modelos de IA más avanzados "están alcanzando capacidades sin precedentes". El reto consiste ahora en impedir que el poder de mercado de "un número limitado de actores globales" termine socavando la autonomía europea. "Europa necesita definir su posición en esta carrera global: qué capacidades tecnológicas deben desarrollarse en Europa y qué instrumentos son necesarios para reducir las dependencias", explican en la rotonda Schuman.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, quiere que los mandatarios aprovechen la cita para redefinir la ofensiva digital comunitaria. En una misiva remitida esta misma semana a sus homólogos, el portugués considera "necesario" celebrar un "primer debate específico a nivel de líderes sobre las oportunidades que ofrece la IA, así como sobre su efecto transformador en nuestras economías y sociedades".
La elección de Dublín añade una dimensión política a una conversación que, hasta ahora, había estado más vinculada a los expedientes legislativos y a los debates sobre competitividad. La UE quiere ser un actor relevante en el desarrollo de estas tecnologías, pero lo hace desde un continente en el que buena parte de la infraestructura, el capital y los principales proveedores de servicios digitales dependen de compañías estadounidenses.
El dilema irlandés: atraer a las tecnológicas y supervisar su actividad
La paradoja de celebrar esta conversación en Irlanda es difícil de pasar por alto. El país ha construido una reputación de regulación "más laxa", vinculada a la "lentitud y moderación histórica de su autoridad de protección de datos", tal y como explica un diplomático en Bruselas. Entre pubs, pintas de Guinness y grandes complejos empresariales, los gigantes digitales han encontrado un entorno especialmente favorable para establecer sus operaciones europeas. Pero detrás de ese atractivo existe también una particularidad del sistema regulatorio comunitario.
La clave está en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y su mecanismo de "ventanilla única". Cuando una compañía establece en Irlanda su sede principal europea, la Data Protection Commission (DPC) se convierte, por regla general, en la autoridad principal responsable de investigar las reclamaciones transfronterizas relacionadas con el tratamiento de datos personales. Sus decisiones pueden tener consecuencias para la actividad de estas plataformas en el conjunto de la Unión Europea.
De esta forma, Dublín ha terminado ejerciendo de facto como uno de los principales supervisores europeos de algunas de las mayores compañías tecnológicas del planeta. Una posición que ha situado a su autoridad de protección de datos bajo una presión considerable y que ha alimentado las críticas de otros reguladores nacionales.
Existe cierto consenso en la capital comunitaria a la hora de señalar que la DPC ha tardado demasiado en resolver determinados expedientes, ha tendido a "preferir resoluciones amistosas" y ha impuesto sanciones inferiores a las que reclamaban algunas de sus homólogas europeas. Las críticas no se limitan a los tiempos de tramitación: también afectan a la capacidad efectiva de supervisión de una autoridad que debe vigilar a empresas con enormes recursos jurídicos, financieros y tecnológicos.
Desde las instituciones comunitarias recuerdan que tanto el RGPD como las normas sobre servicios digitales y competencia son de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, incluida Irlanda. El marco jurídico es común y no contempla excepciones territoriales para las compañías que establecen allí sus sedes. Sin embargo, la diferencia está en "cómo y con qué rapidez se aplican" estas regulaciones.
Bruselas teme que la dependencia económica irlandesa respecto al empleo, la inversión y los ingresos fiscales generados por las grandes tecnológicas pueda haber alimentado incentivos para una supervisión menos agresiva. Expertos de Naciones Unidas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales han expresado públicamente sus preocupaciones sobre las deficiencias de control dentro de la DPC y las barreras existentes para impulsar demandas colectivas.
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A ello se suma la política fiscal irlandesa, que durante décadas ha mantenido un tipo del impuesto de sociedades especialmente competitivo y ha favorecido la llegada de estructuras empresariales internacionales que permitieron concentrar en el país importantes beneficios de las multinacionales. Una estrategia que ha contribuido a transformar la economía irlandesa, pero que también ha situado al Gobierno de Dublín en una posición delicada cuando se trata de supervisar a algunas de las empresas de las que depende buena parte de su prosperidad.
El problema del 1%: cuando pagar una multa sale rentable
El debate sobre la capacidad de las autoridades europeas para hacer cumplir sus propias normas no se limita al caso irlandés. En una conversación con DEMÓCRATA, el secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera, explicaba que uno de los principales problemas de la regulación comunitaria se encuentra en determinados actores, especialmente las grandes plataformas tecnológicas. "Tienen tanto poder y tantos recursos que pueden permitirse asumir el riesgo de que, en un momento determinado, les resulte más rentable pagar una multa que cumplir plenamente con la normativa", sentenciaba.
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El diagnóstico apunta a una de las contradicciones de la política regulatoria europea. La Unión ha desarrollado durante los últimos años un entramado legislativo ambicioso para ordenar el mercado digital, desde la protección de datos hasta las obligaciones de las plataformas y el control de los grandes intermediarios. Sin embargo, la existencia de normas exigentes no garantiza por sí sola su cumplimiento cuando los operadores afectados disponen de recursos suficientes para prolongar los procedimientos o asumir el coste económico de las sanciones.
Cervera defiende que, para el 99% de los operadores, el sistema establecido por la legislación funciona. Ahora bien, abre la puerta a reflexionar, como democracia, sobre cómo garantizar que ese 1%, especialmente en el ámbito de las grandes empresas de Inteligencia Artificial, también cumpla con las obligaciones que establece el legislador.
Para estos actores, advertía, "los mecanismos ordinarios podrían no ser suficientes". Una reflexión que conecta directamente con el debate que los líderes europeos quieren abrir en Dublín: cómo conseguir que la capacidad normativa de la UE vaya acompañada de instrumentos efectivos de supervisión y ejecución.
La cuestión adquiere una dimensión adicional con la expansión de la IA generativa y el desarrollo de modelos cada vez más sofisticados. La concentración de capacidades tecnológicas en un reducido número de compañías no solo plantea problemas de competencia, sino también interrogantes sobre la seguridad, la protección de los derechos fundamentales y la capacidad europea para mantener el control sobre infraestructuras consideradas estratégicas.
Mistral y Hinton, dos miradas para definir la autonomía europea
Para alimentar esa discusión, Costa ha invitado a participar en la reunión al consejero delegado de Mistral AI, Arthur Mensch. La presencia del directivo francés permitirá abordar "la posición de Europa en el panorama global de la IA", así como los desafíos "estratégicos" que afronta el continente para reforzar su competitividad.
El gabinete del presidente del Consejo Europeo espera que el intercambio se centre en la reducción de dependencias críticas y el fortalecimiento de las capacidades europeas. La conversación también pondrá sobre la mesa el desarrollo de la infraestructura necesaria para sostener una industria propia, desde la capacidad de computación hasta los centros de datos y los recursos energéticos que requiere el entrenamiento y funcionamiento de los modelos.
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En este punto, los líderes europeos quieren vincular la autonomía tecnológica a la disponibilidad de "energías limpias asequibles e inversión pública y privada a gran escala". No basta con desarrollar modelos europeos si el continente carece de la infraestructura necesaria para competir con los principales actores internacionales. La apuesta exige, por tanto, movilizar capital, garantizar el suministro energético y crear condiciones que permitan escalar las empresas tecnológicas europeas.
La agenda reservará también un espacio para un intercambio con Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física y una de las figuras fundamentales en el desarrollo de las redes neuronales modernas. Su intervención permitirá desplazar el foco desde la competitividad industrial hacia las consecuencias sociales de estas tecnologías.
Los líderes analizarán el impacto de la IA en las sociedades europeas y las implicaciones que su desarrollo tiene para la seguridad y la confianza. "También se analizará cómo Europa puede contribuir a la cooperación y la gobernanza internacionales en materia de seguridad de la IA avanzada", señala Costa en su carta.
El objetivo es que el debate no quede circunscrito a la carrera por desarrollar modelos propios. La UE quiere discutir también qué salvaguardas deben acompañar a la expansión de estas herramientas y qué papel puede desempeñar en la construcción de estándares internacionales. Una cuestión especialmente relevante ante la dificultad de establecer mecanismos de gobernanza globales en un sector cuya evolución tecnológica avanza a mayor velocidad que los consensos políticos.
La Ley de Equidad Digital, antesala legislativa de la cumbre
La conversación de los líderes llegará, además, precedida por un movimiento legislativo de la Comisión Europea. Apenas un día antes de que comiencen las discusiones en Dublín, el Ejecutivo comunitario dará a conocer los detalles de su nueva Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), la última pieza de su estrategia para reforzar la protección de los consumidores en el entorno digital.
La propuesta aspira a intervenir sobre algunas de las prácticas comerciales y de diseño que condicionan la experiencia de los usuarios en las plataformas. Entre las medidas que se esperan figuran restricciones a los denominados "patrones oscuros" (dark patterns), mecanismos de diseño que pueden orientar o manipular las decisiones de los consumidores mediante interfaces, configuraciones predeterminadas o procesos de contratación deliberadamente complejos.
La iniciativa se suma al conjunto de normas con las que Bruselas ha tratado de establecer obligaciones específicas para los operadores digitales y reforzar la posición de los consumidores frente a las grandes plataformas. Su presentación permitirá a los mandatarios llegar a Irlanda con un nuevo expediente sobre la mesa y con una muestra adicional de la voluntad regulatoria de la Comisión.
Dublín será, en definitiva, algo más que el escenario de una nueva discusión sobre Inteligencia Artificial. En la ciudad que se ha convertido en uno de los principales centros de operaciones de las tecnológicas estadounidenses en Europa, los Veintisiete tendrán que abordar una contradicción que acompaña a toda la estrategia digital comunitaria: la Unión quiere competir con los gigantes tecnológicos, pero también necesita reducir la dependencia que mantiene respecto a ellos y garantizar que quienes operan en su mercado cumplen las reglas que ella misma ha aprobado.