La semana pasada pensé que había terminado un artículo. Me equivoqué. Hay textos que uno escribe, envía al periódico y olvida casi de inmediato. Y hay otros que siguen dando vueltas en la cabeza durante días. El de la semana pasada fue uno de ellos.
Escribía sobre la polarización y nuestra creciente incapacidad para discutir sin convertir al adversario en un enemigo. Mientras lo releía comprendí que quizá estaba confundiendo el síntoma con la enfermedad. Porque el verdadero problema no es que hayamos dejado de dialogar. Es que, para demasiados actores políticos, el conflicto ha dejado de ser un problema que resolver para convertirse en un negocio.
Ésa es, probablemente, una de las transformaciones más profundas de nuestras democracias. En casi cualquier actividad, resolver un conflicto constituye un éxito. En política ocurre cada vez con más frecuencia lo contrario: el conflicto es el producto. Y, como cualquier producto rentable, necesita clientes fieles y una demanda que nunca decaiga. Cuanto peor se llevan los ciudadanos, mejor funciona el negocio. Lo preocupante es que el producto somos nosotros.
Quienes siguen esta columna saben que suelo escribir sobre Europa: sus instituciones, sus contradicciones y el lento declive de un continente que durante siglos marcó el rumbo del mundo y que hoy parece resignado a contemplarlo desde la grada. Creía que esta vez me había alejado de ese asunto. Me equivocaba. Porque el principal desafío europeo ya no es sólo económico, tecnológico o geopolítico. Todo eso importa. Pero me preocupa aún más la forma en que estamos aprendiendo a convivir. O, mejor dicho, la forma en que estamos desaprendiendo.
El principal desafío europeo ya no es sólo económico, tecnológico o geopolítico. Todo eso importa. Pero me preocupa aún más la forma en que estamos aprendiendo a convivir
No creo haber descubierto nada nuevo. Sobre el declive de la democracia, el auge del populismo o la desinformación se han escrito innumerables libros e informes. Sin embargo, conviene insistir en aquello que empieza a parecernos normal. Las democracias casi nunca dejan de funcionar de un día para otro. Las elecciones siguen celebrándose, los parlamentos continúan reuniéndose y los tribunales dictan sentencias. Si uno observa únicamente la fachada, todo parece seguir en pie. Lo inquietante ocurre por debajo: el lento desgaste de la confianza que permite aceptar al adversario como un interlocutor legítimo y no como una amenaza existencial.
No ocurre sólo en España. Cambian los gobiernos, las ideologías y los idiomas, pero hay una idea que empieza a repetirse en buena parte de las democracias occidentales: el adversario ya no es alguien que piensa distinto; es alguien que amenaza nuestra forma de vida. Y esa diferencia cambia por completo las reglas del juego. Mientras creemos que alguien se equivoca, todavía podemos intentar convencerlo. Cuando pensamos que representa un peligro para el país o para la democracia, la conversación deja de tener sentido. Con los enemigos no se negocia; se les derrota. Ahí comienza el verdadero problema.
Cada vez que veo una sesión parlamentaria me hago la misma pregunta: ¿a quién intentan convencer quienes hablan desde la tribuna?
Hace unos años habría respondido que al adversario o al ciudadano indeciso. Hoy ya no estoy tan seguro. Con demasiada frecuencia tengo la impresión de que quienes intervienen piensan menos en quienes tienen delante que en el titular de la noche o en el vídeo de treinta segundos que circulará por las redes sociales. Nuestros parlamentos se parecen cada vez menos a lugares de deliberación y más a platós televisivos donde se representa una campaña permanente. Vivir en campaña sólo exige encontrar un culpable antes de que lo haga el contrario.
La democracia necesita desacuerdos. Sin ellos no hay libertad ni posibilidad de corregir errores. Lo que no soporta es que alguien convierta esos desacuerdos en una industria. Reconocer un acierto del adversario parece haberse convertido en una debilidad, como si la cortesía democrática hubiera dejado de ser una virtud para convertirse en una claudicación.
La democracia necesita desacuerdos. Sin ellos no hay libertad ni posibilidad de corregir errores. Lo que no soporta es que alguien convierta esos desacuerdos en una industria
Da la impresión de que algunos dirigentes ya no aspiran a ampliar sus mayorías convenciendo a quienes discrepan. Les basta con mantener movilizados e indignados a los propios. Es una estrategia eficaz. El ciudadano satisfecho hace preguntas; el indignado sólo necesita que le recuerden quién tiene la culpa. La política deja así de ser un espacio de persuasión para convertirse en un mecanismo de reafirmación identitaria.
No pretendo caricaturizar la política. Gobernar sigue siendo extraordinariamente difícil. Lo preocupante es que empiece a parecerse demasiado al entretenimiento. Y el entretenimiento necesita tensión constante, antagonistas y capítulos nuevos cada semana. La democracia funciona justamente al revés: su éxito consiste en resolver las crisis, no en prolongarlas.
Sería demasiado cómodo cargar toda la responsabilidad sobre los políticos. Existe un malestar real que haríamos mal en despreciar. Muchas personas sienten que las instituciones dejaron hace tiempo de escucharlas, que la globalización distribuyó las oportunidades de forma desigual y que las decisiones importantes se toman cada vez más lejos de quienes deben asumir sus consecuencias. Perciben corrupción, clientelismo, partidos con escasa democracia interna y dirigentes que han convertido la política en una profesión antes que en un servicio público. Y, francamente, no siempre les falta razón.
Por eso me incomoda escuchar que todo se explica por las redes sociales, los algoritmos o la ignorancia de los ciudadanos. Es una explicación demasiado cómoda. Los líderes populistas no destruyen por sí solos la confianza democrática; prosperan cuando esa confianza lleva demasiado tiempo deteriorándose.
Pero el problema no consiste sólo en que desconfiemos más unos de otros. Estamos perdiendo los espacios donde esa confianza podía reconstruirse. Los partidos integran cada vez peor sensibilidades distintas; buena parte de los medios se consumen para confirmar convicciones antes que para contrastarlas; y las redes sociales premian la indignación mucho más que el matiz. Poco a poco dejamos de exponernos a argumentos capaces de hacernos cambiar de opinión para refugiarnos entre quienes ya piensan como nosotros.
Ese deterioro rara vez comienza con un golpe espectacular. Empieza con el desgaste de la confianza, el debilitamiento de los contrapesos, la degradación del debate público y la normalización de la descalificación. Poco a poco dejamos de debatir sobre las decisiones para cuestionar la legitimidad de quienes las toman. Criticar una sentencia forma parte de la democracia; pensar que todos los jueces conspiran pertenece a otra cosa. Discutir una información es saludable; asumir que toda la prensa miente por definición ya no lo es. Desconfiar de un experto puede ser razonable; creer únicamente a quien confirma nuestras ideas convierte el conocimiento en una cuestión de afinidades.
Comprender las causas del desencanto, sin embargo, no significa justificar todas sus consecuencias. Una democracia puede recuperarse de una mala ley, de una crisis económica o incluso de varios malos gobiernos. Lo que soporta mucho peor es que una parte creciente de la sociedad deje de considerar legítima a la otra. Ahí el problema deja de ser exclusivamente político para convertirse en un problema cultural.
Hace años leí una reflexión de Hannah Arendt que vuelve con frecuencia a mi memoria. Los regímenes autoritarios -escribía- no necesitan convencer a toda la sociedad de una misma mentira. Les basta con conseguir que los ciudadanos dejen de creer que existe una verdad compartida.
Quizá ahí resida una de las grandes amenazas de nuestro tiempo. Vivimos rodeados de información y, sin embargo, nunca había sido tan fácil desconfiar de todo. Cuando todo se interpreta como propaganda desaparece la posibilidad misma de deliberar. Ya no preguntamos si una noticia es cierta, sino quién la publica. Ya no escuchamos un argumento; miramos quién lo pronuncia. Poco a poco, la identidad sustituye a las razones y la política deja de ser una conversación entre ciudadanos para convertirse en una competición entre tribus.
Vivimos rodeados de información y, sin embargo, nunca había sido tan fácil desconfiar de todo
Mientras escribía el artículo anterior me detuve en una palabra que el periodista finlandés Mika Horelli recuperaba con acierto y que hoy parece haber desaparecido del debate público: fraternidad. No la entiendo como un sentimiento privado ni como una apelación sentimental, sino como una virtud cívica que hace posible una comunidad política entre personas que piensan de forma distinta. La fraternidad no exige compartir las mismas ideas; exige reconocer que quien discrepa seguirá siendo nuestro conciudadano cuando termine la campaña electoral. Significa aceptar que compartiremos las mismas instituciones, las mismas leyes y el mismo futuro. Perder unas elecciones no convierte a nadie en menos ciudadano, y ganarlas tampoco concede el monopolio de la razón.
Durante años he escrito sobre la pérdida de peso económico de Europa, su retraso tecnológico o su creciente irrelevancia internacional. Todos esos problemas siguen ahí. Pero empiezo a sospechar que ninguno será decisivo si antes dejamos deteriorarse aquello que hizo posible el propio proyecto europeo.
Europa nació en un contexto geopolítico muy concreto. Fue posible gracias al paraguas de seguridad de la OTAN, al impulso económico del Plan Marshall y al equilibrio estratégico de la Guerra Fría. Pero no se limitó a ser una respuesta a esas circunstancias. También representó una apuesta política inédita: demostrar que antiguos enemigos podían aceptar reglas comunes, reconocer la legitimidad del adversario y sustituir la confrontación por la negociación. Europa nunca fue solamente un mercado, una moneda o un conjunto de tratados. Fue, sobre todo, una forma nueva de entender la convivencia política.
Por eso me inquieta comprobar con qué facilidad estamos olvidando esa lección. Hemos normalizado un lenguaje en el que cualquier discrepancia se interpreta como una agresión, cualquier cesión como una traición y cualquier acuerdo como una sospecha de claudicación. Puede que esa estrategia resulte rentable para quienes viven de la confrontación. Pero pocas inversiones son tan ruinosas para una democracia como convertir la convivencia en un negocio permanente.
Las democracias no empiezan a romperse cuando dejamos de votar. Empiezan mucho antes: el día en que dejamos de aceptar que quien piensa distinto forma parte de la misma comunidad política que nosotros. Ese día los parlamentos seguirán abiertos, los jueces continuarán dictando sentencias y las elecciones volverán a celebrarse. Pero habrá empezado a fallar aquello que sostiene todo lo demás: la confianza.
Las culturas políticas rara vez desaparecen de golpe. Empiezan a erosionarse cuando dejamos de cuidar los vínculos de confianza, respeto y fraternidad cívica que permiten a una sociedad seguir reconociéndose como una misma comunidad política a pesar de sus desacuerdos. Las democracias no sobreviven porque sus ciudadanos estén siempre de acuerdo. Sobreviven porque, incluso cuando discrepan profundamente, siguen aceptando que forman parte de un mismo proyecto político. Cuando esa convicción desaparece, todo lo demás empieza a ser provisional. Y me temo que ninguna directiva europea podrá hacer ese trabajo por nosotros.