El Parlament ha desestimado la iniciativa que instaba al Consell de Mallorca a paralizar la transferencia extraordinaria de 41 millones de euros a Tirme, destinada a subvencionar el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos en la isla.
Esta reclamación formaba parte de la propuesta de resolución del PSIB sobre la Cuenta General del Consell correspondiente a 2023, defendida por el diputado Llorenç Pou en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, y que ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox.
La propuesta perseguía abaratar la tarifa del servicio sin recurrir a nuevos fondos procedentes de los remanentes del Consell de Mallorca, teniendo en cuenta el informe desfavorable emitido por la Intervención General del propio ente insular.
El PSIB reclamaba retirar la tercera aportación extraordinaria del Consell a la concesionaria del tratamiento de basuras en Mallorca en la presente legislatura, al considerar que “no se justifica este importe” ante los “beneficios extraordinarios” que registra la empresa, según ha acreditado la Intervención del Consell.
Pou ha defendido que se suspenda la tramitación administrativa en marcha para aprobar las nuevas tarifas de residuos sólidos de Tirme hasta que se disponga de un estudio detallado de los costes reales de la concesionaria, de acuerdo con lo que señala el informe de Intervención.
En lo que va de legislatura, el Consell de Mallorca ha aprobado transferencias extraordinarias a Tirme por un total de 103 millones de euros, distribuidos en tres pagos entre 2023, 2024 y el pasado mes de julio.
La revisión de la estructura tarifaria de Tirme podría evidenciar que una parte o incluso la totalidad de estos fondos, procedentes de los impuestos de la ciudadanía mallorquina, “se podría haber destinado a otros usos”.
Una vez se determine el justiprecio de la tarifa de Tirme, el diputado socialista ha reclamado al Consell que reduzca el coste actual de los residuos sólidos para la población, sin que la institución insular tenga que realizar “ninguna aportación extraordinaria”.
El PSIB también ha cuestionado la nueva aportación suplementaria de esta legislatura a Tirme, en este caso de 50 millones de euros transferidos por adelantado desde el Govern, para el tratamiento de residuos procedentes de Eivissa.
Pou ha sostenido que se trata de una transferencia basada en criterios “puramente políticos” y que “en ningún caso se ha fundamentado en estudios jurídicos y económicos previos”, tal y como habría admitido el propio Govern en respuesta a diversas preguntas parlamentarias.
Por este motivo, el diputado socialista ha propuesto que la Sindicatura de Comptes elabore un informe específico que determine cuál debería ser la aportación adecuada del Consell de Mallorca a Tirme por el tratamiento de los residuos que se envían desde Eivissa a la concesionaria.
Pou ha lamentado que ninguna de las medidas planteadas haya salido adelante y ha censurado que, para PP y Vox, los beneficios de Tirme “pasen por encima de la defensa de los intereses de la ciudadanía”.