![El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella Europa Press/Contacto/[e]COLPRENSA](https://www.democrata.es/uploads/s1/30/54/35/3/fotonoticia-20260822022136-1920_30_427x320.jpeg "El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella Europa Press/Contacto/[e]COLPRENSA")
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha devuelto al Congreso el Proyecto de Ley 056 de 2024 de la Cámara y 345 de 2024 del Senado, alegando motivos de constitucionalidad e inconveniencia. La iniciativa pretendía fijar límites a la modificación de los requisitos exigidos para acceder a puestos de dirección en la Administración pública y en compañías nacionales con participación del Estado.
El secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, ha detallado que el Ejecutivo entiende que el texto aprobado por el Legislativo interfiere en competencias propias del Gobierno y podría incorporar nuevas cargas administrativas en los procesos de selección y nombramiento de altos funcionarios.
“Me permito informar al país que el señor presidente de la República ha objetado el proyecto de ley 056 de 2024 Cámara, 345 de 2024 Senado”, ha señalado Barreto, quien ha precisado que la iniciativa pretendía “prohibir la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y empresas con participación estatal del orden nacional”.
Desde la Casa de Nariño han subrayado que uno de los reparos constitucionales se basa en que la propuesta convertiría en obligatorias determinadas funciones consultivas del Consejo de Estado y recortaría facultades que, según la Presidencia, corresponden de forma exclusiva al Ejecutivo en lo relativo a la organización de los empleos públicos.
“La objeción presidencial se hace con base en razones de constitucionalidad, tanto de fondo como de inconveniencia”, ha afirmado el secretario jurídico, advirtiendo de que el proyecto “irrumpe facultades exclusivas del Gobierno Nacional, como la de prohibirle al Gobierno la facultad de organizar los empleos públicos”.
El Gobierno ha recordado además que el marco normativo actual ya fija unos requisitos mínimos para este tipo de responsabilidades. Barreto ha mencionado el Decreto Ley 770 de 2005 como referencia vigente, por lo que considera que la nueva ley supondría una reiteración innecesaria.
“Considera el Gobierno, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, que ya existe una norma vigente, el Decreto Ley 770 de 2005, que fija pisos mínimos obligatorios para estos cargos, por lo que la nueva ley resulta innecesaria e inconveniente”, ha indicado.
Advertencias sobre mayor burocracia y acceso a la función pública
La Presidencia ha cuestionado igualmente que el articulado introduzca varios pasos adicionales previos a determinados nombramientos. A juicio del Ejecutivo, estos filtros podrían retrasar la incorporación de directivos en áreas consideradas clave para la transformación del aparato estatal.
“Adicionalmente, el proyecto exige tres trámites previos, estudios internos del Departamento Administrativo de Función Pública y concepto del Honorable Consejo de Estado para poder proveer el nombramiento en el servicio público”, ha explicado Barreto.
El secretario jurídico ha alertado de que estas exigencias podrían terminar “haciendo más lento y burocrático” el proceso para cubrir plazas directivas y dificultar que la Administración se adapte con agilidad a campos emergentes como la inteligencia artificial o la transición energética.
Asimismo, ha señalado que mantener requisitos muy altos sin margen de flexibilización podría generar un efecto opuesto al buscado por la ley, al restringir la entrada de determinados perfiles profesionales a estos cargos.
“Paradójicamente, esto también perpetuaría exigencias excesivas heredadas en algunos manuales, cerrando el paso a jóvenes profesionales, personas de regiones apartadas y mujeres calificadas”, ha afirmado Barreto.
En este escenario, el Gobierno ha defendido que la reforma del Estado debe apoyarse en el mérito, la transparencia y la captación de profesionales cualificados mediante sistemas de selección más actuales.
“El Gobierno del presidente De la Espriella está abierto para que en colaboración armónica con el Honorable Congreso de la República se pueda propender por la modernización, hacer accesible para todos el servicio público, implementar una política de cazatalentos e implementar otras herramientas modernas, digitales y tecnológicas con el fin de que el gobierno pueda incentivar e invitar a los mejores talentos”, ha apostillado.
Con este telón de fondo, el equipo jurídico de De la Espriella ha llamado al Congreso a replantear el contenido del proyecto y a buscar una salida concertada que permita actualizar el acceso a la función pública sin desbordar los límites de la Carta Magna.
“Insistimos desde el Gobierno Nacional al Congreso de la República a archivar el proyecto o en su defecto revisarlo a la luz de estos argumentos”, ha concluido Barreto, defendiendo que uno de los pilares para la reconstrucción del país debe ser “el acceso transparente, diáfano y rápido al servicio público”.