La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Perú ha dado luz verde a una fórmula legislativa que plantea ceder facultades al Gobierno de la presidenta, Keiko Fujimori, para que pueda legislar de forma exclusiva en materia de seguridad ciudadana y en la respuesta a los efectos del Fenómeno El Niño durante un periodo de 90 días.
El dictamen ha sido aprobado por mayoría, con trece votos favorables, cinco en contra y dos abstenciones, pocas horas después de que este mismo grupo de trabajo tumbara, con 15 votos en contra, una propuesta inicial que planteaba archivar de manera directa la petición del Ejecutivo.
El nuevo planteamiento se ha configurado como un texto de consenso entre los equipos técnicos de Renovación Popular, Partido Cívico Obras, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno. Con este acuerdo se ha buscado limitar el alcance de las facultades reclamadas en un primer momento por el Gobierno y evitar conceder un “cheque en blanco”, tal y como han subrayado los congresistas de Juntos por el Perú, partido al que pertenece la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño.
De acuerdo con el comunicado difundido por el Congreso, en el transcurso del debate parlamentario los portavoces de Fuerza Popular han valorado que la iniciativa supone un paso adelante, aunque la consideran “insuficiente” ante la actual situación de inseguridad ciudadana. A su vez, legisladores de la bancada oficialista han reprochado que el texto definitivo no incluya mayores atribuciones en los ámbitos de inteligencia, participación de las Fuerzas Armadas y control de los centros penitenciarios.
La tramitación de esta medida legislativa avanza en paralelo a las recientes manifestaciones de Fujimori, quien avisó de que su Gabinete estaba “demostrando paciencia” ante la prolongada demora del Parlamento, pero que el Ejecutivo continuaría avanzando “más allá de lo que ellos digan”.
En el terreno de la seguridad, la jefa del Estado resaltó la incorporación de Perú al “Escudo de las Américas” --una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump-- y la coordinación operativa con el FBI para combatir el crimen organizado transnacional. En este contexto, reclamó apoyo político para las fuerzas de seguridad del Estado, estableciendo un paralelismo con la labor policial y militar que permitió derrotar a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).