La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha rectificado su posición y ha vuelto a poner en vigor las restricciones a la venta de tierras rurales a ciudadanos y empresas extranjeras, después de la controversia generada por la revocación de la sentencia que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, una norma que el presidente Javier Milei pretende eliminar.
De este modo, el tribunal repone los límites fijados por dicha ley, que Milei intentaba anular en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, cuyos efectos quedan ahora suspendidos de forma provisional a través de una medida cautelar.
La decisión ha sido firmada por los magistrados Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los jueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, que han emitido su voto con carácter urgente. La vigencia de esta resolución se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche resuelva sobre la legitimación de los actores que presentaron la demanda.
La Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares promovieron a finales de diciembre de 2023 una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche. En su presentación solicitaron que se declarara inconstitucional la derogación del artículo 154 del decreto, al entender que la eliminación de la Ley de Tierras afectaba el derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Los demandantes argumentaron además que la supresión de esa normativa ponía en peligro la utilización racional de los recursos naturales, así como la protección de la naturaleza y de la diversidad biológica.
En términos prácticos, la Corte deshace ahora las consecuencias de su propio pronunciamiento del martes de la semana anterior, cuando, invocando cuestiones procesales, había dejado sin efecto la sentencia que declaraba inconstitucional el artículo del decreto impulsado por Milei que derogaba en su totalidad la Ley de Tierras.
Aquel fallo provocó fuertes críticas, obligó al tribunal a difundir una inusual aclaración pública y motivó advertencias de la oposición sobre la posibilidad de hacer caer la totalidad del decreto —y no únicamente el artículo 154— en el Congreso la próxima semana. En este contexto, la nueva resolución podría contribuir a que el Gobierno conserve el resto del texto.
Con esta decisión vuelve a aplicarse la normativa que fija en el 15 por ciento el máximo de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras y establece un límite de 1.000 hectáreas por propietario en las áreas agrícolas de mayor valor.