Precio de la luz hoy, sábado 3 de octubre: la hora más barata para poner la lavadora y el repunte de la noche

Según la información disponible, a 3 de octubre de 2026 no hay en el Congreso de los Diputados una nueva reforma específica del PVPC en tramitación que modifique de forma sustancial el diseño de la tarifa regulada (fórmula de cálculo, peso de los mercados de futuros, etc.). Lo que rige hoy es la reforma ya aprobada en 2023, desplegada de forma gradual hasta consolidarse en 2026, mientras el debate actual es sobre su seguimiento y sobre el futuro de la propia tarifa, más que sobre un nuevo cambio normativo concreto.

1. Qué reforma del PVPC está hoy vigente

La estructura actual del PVPC procede de la reforma acordada por el Gobierno y convalidada por el Congreso en el marco de los paquetes de respuesta a la crisis energética. Esa reforma:

• Desligó parcialmente el PVPC del mercado diario, introduciendo progresivamente referencias de los mercados a plazo (futuros) para reducir la volatilidad de la factura regulada.
• Desde el 1 de enero de 2026, la referencia que se usa para calcular el coste de la energía en el PVPC se compone ya, de forma estable, de un 55 % ligado a mercados a plazo y un 45 % al mercado diario e intradiario.
• Esta reforma se incorporó a la normativa sectorial y se ha ido aplicando sin que hoy conste un nuevo cambio legislativo en curso que vuelva a alterar esa fórmula.

Paralelamente, se han ido aprobando ajustes técnicos y regulatorios —por ejemplo, resoluciones de la CNMC que recalculan componentes del precio del PVPC o normas sobre facturación eléctrica—, pero se trata de desarrollo y aplicación del marco ya aprobado, no de una nueva reforma de la tarifa en el Congreso.

2. Iniciativas parlamentarias: sin proyecto específico de “nueva reforma del PVPC”

La búsqueda de iniciativas en la actual legislatura y la anterior no identifica un proyecto o proposición de ley en vigor dedicado a rediseñar el PVPC (por ejemplo, cambiando de nuevo el reparto entre futuros y mercado diario, alterando los periodos horarios o restringiendo quién puede acogerse).

En el Congreso sí han existido y existen:

• Leyes amplias de respuesta a la crisis energética (como el proyecto procedente del Real Decreto‑ley 8/2023, con medidas sobre impuestos energéticos, ayudas, etc.), ya convalidadas y tramitadas como proyectos de ley.
• Proposiciones de ley y mociones centradas en la fiscalidad eléctrica, la rebaja del recibo de la luz, la protección frente a la pobreza energética o las ayudas a determinados sectores, algunas de las cuales han decaído o han sido rechazadas.
• Enmiendas parciales en otros textos para modificar impuestos o cargos eléctricos, que inciden en la factura final, pero sin constituir una reforma autónoma del PVPC.

Ninguna de estas iniciativas se presenta, en la documentación oficial ni en la cobertura política, como una “nueva reforma de la tarifa PVPC” en sentido estricto. El núcleo de la metodología actual ya está incorporado al ordenamiento y hoy no hay un proyecto específico en fase de toma en consideración, ponencia o dictamen que lo reabra.

3. Debate político y presión europea: reformas “en el radar”, pero no en el BOCG

Aunque no haya un texto en tramitación, el debate político y regulatorio sobre el futuro del PVPC sí está muy vivo:

• La Comisión Europea ha pedido a los Estados con tarifas reguladas, como España, que diseñen una hoja de ruta para su eliminación progresiva, al considerar que su mantenimiento indefinido distorsiona la competencia y desincentiva la eficiencia.
• Al mismo tiempo, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha declarado que “en este momento no hay ninguna previsión de eliminar” el PVPC y que las condiciones de mercado no son adecuadas para plantear su desaparición, remitiendo a un análisis de la CNMC sobre su conveniencia futura.
• Organizaciones de consumidores como la OCU advierten de que suprimir la tarifa regulada podría encarecer la factura para los hogares que hoy están acogidos al PVPC, y reclaman prudencia y más transparencia en el mercado libre.

En resumen, el PVPC se encuentra en un escenario de vigilancia y evaluación: Bruselas presiona para planificar su salida, parte de la oposición plantea cambios en fiscalidad y ayudas, y el Gobierno defiende mantenerlo, apoyándose en la reforma técnica ya aplicada y en futuros informes de la CNMC.

4. Conclusión: estado actual en el Congreso

Con la información disponible puede afirmarse que:

• No hay una “reforma del PVPC” específica en tramitación parlamentaria en el Congreso a fecha de hoy.
• La última gran reforma del diseño de la tarifa está ya en vigor y se ha completado en 2026 con el nuevo reparto entre mercados a plazo y mercado diario.
• El Congreso debate y tramita otras iniciativas energéticas y fiscales que influyen en el recibo de la luz, pero sin reabrir por ahora la arquitectura básica del PVPC.

Cualquier futura reforma sustantiva de la tarifa regulada necesitaría, previsiblemente, un nuevo texto legislativo del Gobierno o de los grupos; por ahora, ese paso no se ha formalizado en forma de proyecto o proposición de ley centrado en el PVPC.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no fija directamente el precio de la electricidad que pagan los consumidores, pero sí tiene un papel central en cómo se forman y supervisan esos precios. Según la Ley 3/2013 de creación de la CNMC y la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, su función es garantizar el correcto funcionamiento, la transparencia y la competencia efectiva en los mercados energéticos, incluido el eléctrico, actuando como regulador y supervisor independiente.

1. Supervisión del mercado mayorista de electricidad

• Vigilancia del pool eléctrico: la CNMC supervisa el mercado diario e intradiario gestionado por OMIE, así como otros mercados relacionados (servicios de ajuste, balance, etc.), para comprobar que la casación de ofertas se realiza de forma transparente y competitiva.
• Metodologías del mercado y operación del sistema: a través de circulares como la Circular 3/2019, la CNMC establece metodologías que regulan el funcionamiento del mercado mayorista y la gestión de la operación del sistema. Estas reglas condicionan de forma decisiva cómo se forman los precios horarios de la energía.
• Aplicación de REMIT: en aplicación del Reglamento (UE) 1227/2011 (REMIT) y su revisión de 2024, la CNMC es la autoridad encargada de supervisar la integridad y transparencia de los mercados mayoristas, vigilando manipulaciones de mercado, uso de información privilegiada y otras prácticas que puedan distorsionar los precios.
• Poder sancionador: puede abrir investigaciones y multar a empresas por conductas anticompetitivas o abusos de dominio ligados a la formación de precios en el mercado mayorista (por ejemplo, ofertas anómalas o estrategias para encarecer el precio).

2. Peajes, cargos y otros costes regulados

• Metodología de peajes de redes: la CNMC aprueba la metodología para calcular los peajes de transporte y distribución (por ejemplo, Circular 3/2020, modificada después por otras circulares) y, año a año, fija los valores concretos de esos peajes mediante resoluciones publicadas en el BOE.
• Relación con los cargos y otros costes: los cargos del sistema (que fija el Ministerio competente) se calculan teniendo en cuenta las metodologías de la CNMC y remiten a sus circulares y resoluciones. Todo ello configura la parte regulada de la factura, que se suma al precio de la energía del mercado.
• Procedimientos de operación y servicios del sistema: la CNMC aprueba o adapta procedimientos de operación (control de tensión, balance, restricciones técnicas, etc.) y puede decidir si determinados costes se tratan como componente del mercado o como coste regulado, lo que influye indirectamente en el precio final.

3. Mercado minorista, ofertas y protección del consumidor

• Supervisión de comercializadoras: la CNMC controla el comportamiento de las comercializadoras eléctricas (tanto en el mercado libre como, en lo que le corresponde, en el regulado), revisa prácticas comerciales, condiciones contractuales y cumplimiento de las reglas de información al consumidor.
• Transparencia e información: el organismo publica datos e indicadores oficiales sobre precios mayoristas y minoristas, y gestiona herramientas como el comparador de ofertas de electricidad y gas. Esta información busca favorecer la competencia y permitir que los consumidores elijan ofertas mejor informados.
• Control de contratos y comunicación comercial: supervisa que las compañías expliquen de forma clara las tarifas (incluidos contratos indexados al mercado) y que las variaciones de precio o cambios de condiciones cumplan la normativa de consumo y de energía. También puede actuar frente a prácticas comerciales agresivas o engañosas.
• Atención a reclamaciones y calidad de servicio: analiza reclamaciones, evalúa la atención al cliente y puede requerir cambios o abrir expedientes cuando detecta deficiencias relevantes que puedan afectar a los precios o al derecho de los usuarios a cambiar de comercializador.

4. Coordinación institucional y dimensión europea

• Relación con el Gobierno: aunque es una autoridad independiente, mantiene canales de coordinación e intercambio de información con los ministerios económicos y energéticos. El Gobierno puede pedirle análisis específicos (por ejemplo, sobre la tarifa regulada PVPC o sobre el comportamiento de los mercados en situaciones de crisis), pero no fijar sus decisiones técnicas.
• Papel europeo: la CNMC coopera con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y con otros reguladores de la UE en la aplicación de REMIT y en la supervisión coordinada de los mercados transfronterizos, buscando una “formación justa de los precios” y la protección frente al abuso de mercado.

5. Idea clave: supervisa, no fija el precio

En conjunto, la CNMC no decide “cuánto cuesta” la electricidad cada hora ni la cuantía exacta de la factura de cada consumidor, pero sí diseña y aplica las reglas que estructuran el mercado y la parte regulada del recibo, controla que los precios se formen en competencia y con transparencia, sanciona los abusos y proporciona información y herramientas para que los consumidores puedan reaccionar. Su competencia es, por tanto, de regulación, supervisión y sanción, no de fijación política de precios, pero tiene un impacto significativo en el entorno en el que esos precios se determinan.

En las últimas elecciones generales en España, celebradas el 23 de julio de 2023, el mapa de fuerzas que hoy impulsa (o frena) cambios en el sector energético se configuró así en el Congreso de los Diputados:

• Partido Popular (PP): 8.160.837 votos (33,06%) y 137 escaños, primera fuerza.
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 7.821.718 votos (31,68%) y 121 escaños, segunda fuerza.
• Vox: alrededor de 3,06 millones de votos (12,38%) y 33 escaños.
• Sumar: 3.014.006 votos (12,31%) y 31 escaños.
• ERC: 7 escaños.
• Junts: 7 escaños.
• EH Bildu: 6 escaños.
• PNV: 5 escaños.
• BNG: 1 escaño.
• Coalición Canaria (CCa): 1 escaño.

Todos estos partidos, por tamaño o por papel en las mayorías parlamentarias, son relevantes para la orientación de la política energética y climática. El 23J dejó un Congreso muy fragmentado, que obliga a acuerdos cruzados y da a varias fuerzas un papel de “bisagra” en las reformas del sector.

Bloque gubernamental y transición energética

• PSOE (121 escaños)
  Es el eje del actual Gobierno y ha defendido en la pasada legislatura una agenda de descarbonización y despliegue renovable, con figuras como la vicepresidenta Teresa Ribera en el centro de la estrategia climática. Notas oficiales del partido subrayan la transición energética con renovables como clave del modelo de crecimiento, reivindicando la política de apoyo a la eólica y la fotovoltaica y medidas como los topes al gas o los impuestos extraordinarios a energéticas.
• Sumar (31 escaños)
  Socio de investidura del PSOE y fuerza a su izquierda, presiona para acelerar la transición energética: más renovables, mayor intervención pública en el mercado eléctrico, ampliación del bono social y objetivos climáticos más ambiciosos. Su capacidad de condicionar el rumbo viene de su peso en el bloque de gobierno.

Oposición conservadora y giro del mix energético

• PP (137 escaños)
  Es el partido con más escaños y, por tanto, con más capacidad potencial de reorientar la política energética si lograra mayoría alternativa. Desde la oposición ha defendido:
  • Mantener o prolongar la vida útil de las centrales nucleares, frenando su cierre ordenado.
  • Rebajas fiscales sobre la energía (IVA de luz y gas, suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, etc.), según recoge la prensa especializada.
  • Mayor énfasis en seguridad de suministro y precios frente a la velocidad de la transición.
  En debates recientes sobre la Ley de Movilidad Sostenible, el PP ha utilizado su fuerza en el Senado para introducir enmiendas contra el cierre de nucleares, situándose como actor clave en ese punto.
• Vox (33 escaños)
  Ha ganado peso en el tablero (más del 12% de los votos) y ocupa una posición nítidamente crítica con buena parte de las políticas climáticas vigentes. Sus mensajes incluyen:
  • Defensa abierta de centrales térmicas y nucleares, reclamando prolongar su vida y denunciando lo que califica de “fanatismo climático”.
  • Rechazo de objetivos y regulaciones europeas que, a su juicio, encarecen la energía y dañan a la industria.
  En mixta con el PP, sus votos pueden ser decisivos para configurar una mayoría alternativa que modifique la senda actual (por ejemplo, sobre calendario nuclear o fiscalidad energética).

Partidos nacionalistas y regionales decisivos

La aritmética del 23J hace que varias fuerzas territoriales con agendas energéticas propias sean determinantes en votaciones clave:

• ERC (7) y EH Bildu (6): combinan reivindicaciones de soberanía energética en Cataluña y Euskadi con posiciones en general favorables a acelerar la transición ecológica, reforzar la protección ambiental y condicionar proyectos a retornos sociales y al territorio.
• Junts (7): más ambivalente en algunos temas, pero muy influyente. Un análisis de Demócrata subraya que el cierre o continuidad de las nucleares en una ley clave de movilidad podía depender de sus votos, lo que ilustra hasta qué punto controla palancas esenciales del modelo energético pese a su tamaño medio.
• PNV (5): ha sido actor central en debates sobre redes eléctricas, fiscalidad y reindustrialización. Organizaciones como Greenpeace le han afeado, junto con PP, Vox y Junts, su cercanía a intereses de grandes energéticas en algunas votaciones, pero el PNV también impulsa infraestructuras y marcos de inversión para renovables en Euskadi.
• BNG (1) y CCa (1): con un único escaño cada uno, pero en un Congreso muy ajustado, han condicionado debates sobre transición energética conectada a realidades territoriales (Galicia y Canarias), desde redes y almacenamiento hasta fiscalidad y compensaciones locales.

Resultado político: un tablero muy condicionado

En conjunto, los resultados del 23J dejan:

• Un bloque gubernamental (PSOE–Sumar y aliados nacionalistas) con mayoría justa, que empuja una agenda de transición energética y renovables, pero obligado a negociar casi cada reforma con varios socios territoriales.
• Un bloque de derecha (PP y Vox) muy fuerte numéricamente, capaz de frenar o revisar parte de las políticas climáticas cuando logra atraer a partidos intermedios o cuando se trata de normas que pasan por el Senado.
• Un papel desproporcionadamente grande para Junts, PNV, ERC, Bildu, BNG y CCa, cuyos pocos escaños pueden decidir asuntos tan estructurales como el calendario nuclear, la fiscalidad energética, los peajes de red o la regulación de grandes proyectos renovables.

Por tanto, los resultados de las últimas generales no solo reparten escaños: definen un equilibrio de fuerzas que hace que cualquier cambio relevante en el sector energético dependa de pactos complejos entre partidos con visiones muy diferentes sobre renovables, precios, fiscalidad y papel de la energía nuclear.