Elecciones generales en España: Polymarket da un 81% a Feijóo como presidente y apuesta cada vez más por el adelanto en 2026

En España hay dos vías principales para que se convoquen elecciones generales anticipadas: (1) la disolución anticipada a iniciativa del presidente del Gobierno y (2) la disolución automática por fracaso de la investidura. En ambos casos se disuelven simultáneamente Congreso y Senado y se convoca a los electores mediante un real decreto que se publica en el BOE.

1. Disolución anticipada a iniciativa del presidente del Gobierno

Esta vía está regulada sobre todo en el artículo 115 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). No es, en sentido estricto, un procedimiento parlamentario complejo: la iniciativa es gubernamental y la intervención de las Cortes se limita a ser disueltas, sin votaciones previas.

1.1. Requisitos y límites constitucionales

• Iniciativa exclusiva del presidente del Gobierno, que propone la disolución al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros.
• El Rey no actúa por iniciativa propia: se limita a firmar el real decreto de disolución y convocatoria a propuesta del presidente.
• Existen tres límites clave (art. 115 CE):
  • No puede acordarse la disolución mientras esté en trámite una moción de censura.
  • No puede acordarse la disolución cuando esté declarado el estado de excepción o de sitio.
  • No puede acordarse una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior.

1.2. Trámites hasta la publicación del decreto

• 1) Deliberación en el Consejo de Ministros: el Gobierno examina la oportunidad política y jurídica de la disolución. No es un trámite parlamentario, sino gubernamental.
• 2) Propuesta formal del presidente al Rey: el presidente del Gobierno solicita la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.
• 3) Firma del real decreto de disolución y convocatoria: el Rey firma el decreto, que debe estar refrendado por el presidente del Gobierno. El texto disuelve Congreso y Senado y fija:
  • La fecha de las elecciones (normalmente un domingo).
  • Los principales plazos electorales (campaña, presentación de candidaturas, etc.), de acuerdo con la LOREG.
• 4) Publicación en el BOE: el real decreto se publica en el Boletín Oficial del Estado. Desde ese momento:
  • Quedan disueltas ambas Cámaras.
  • Las funciones parlamentarias se reducen a lo estrictamente de cierre y gestión de la disolución (Diputación Permanente, etc.).

Desde la publicación del decreto hasta la jornada electoral deben mediar, con carácter general, entre 54 y 60 días, según la LOREG.

2. Disolución automática por fracaso de la investidura

Esta segunda vía está prevista en el artículo 99.5 de la Constitución. A diferencia del caso anterior, aquí el detonante es un bloqueo parlamentario para investir presidente del Gobierno.

2.1. Trámite previo: el procedimiento de investidura

• Tras las elecciones, el Rey, previa ronda de consultas con los representantes de los grupos, propone un candidato a la presidencia del Gobierno al Congreso de los Diputados.
• Se celebra el debate de investidura en el Congreso. En primera votación el candidato necesita mayoría absoluta (176 diputados). Si no la consigue, se hace una segunda votación 48 horas después, en la que basta la mayoría simple.
• Si el candidato no es investido, el Rey puede proponer sucesivos candidatos, repitiéndose el esquema de debate y votación.
• Se abre entonces un plazo máximo de dos meses desde la primera votación de investidura: si en ese tiempo ningún candidato resulta investido, se activa la disolución automática.

2.2. Activación de la disolución y convocatoria

• Si transcurren los dos meses sin presidente investido, la Constitución dispone que el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones.
• En este caso, el real decreto de disolución y convocatoria se firma por el Rey y se refrenda por el presidente del Congreso (no por un presidente del Gobierno en funciones fruto de esa investidura fallida).
• El contenido del decreto es análogo: disolución simultánea de Congreso y Senado y fijación de fecha electoral y plazos, conforme a la LOREG.
• Con la publicación del decreto en el BOE:
  • Concluye la legislatura fallida.
  • Se inician los plazos electorales (entre 54 y 60 días hasta la votación).

En suma, la convocatoria anticipada de elecciones generales no exige un procedimiento parlamentario complejo (ni votación específica en las Cámaras): o bien responde a una decisión política del presidente del Gobierno, sometida a ciertos límites constitucionales, o bien es la consecuencia casi mecánica de la incapacidad del Congreso para investir a un presidente en el plazo de dos meses, que obliga al Rey a disolver y convocar nuevas elecciones.

Según la Constitución española de 1978, el presidente del Gobierno tiene un papel central en la decisión de adelantar elecciones generales, pero esa competencia está enmarcada en límites jurídicos y políticos muy claros. La facultad clave se recoge en el artículo 115 de la Constitución.

En primer lugar, el presidente del Gobierno es quien puede proponer la disolución de las Cortes Generales (Congreso y Senado) al Rey. Esa proposición es un acto político de enorme relevancia, porque la disolución de las Cámaras conlleva la convocatoria de nuevas elecciones generales. El Rey no decide por iniciativa propia; se limita a formalizar, mediante decreto, la propuesta del presidente del Gobierno.

Este mecanismo funciona de la siguiente manera en términos constitucionales:

• Iniciativa exclusiva del presidente: solo el presidente del Gobierno puede tomar la iniciativa de proponer la disolución. Ni las Cámaras, ni el Rey, ni otros órganos constitucionales pueden forzar esa decisión por sí mismos, salvo el supuesto específico de disolución automática por falta de investidura en el plazo de dos meses (art. 99.5 CE), que es un mecanismo distinto.
• Participación formal del Rey: el Rey firma el decreto de disolución, que debe ir refrendado por el presidente. El refrendo implica que la responsabilidad política y jurídica de la decisión recae en el presidente del Gobierno, no en el jefe del Estado.

Ahora bien, esta competencia presidencial no es absoluta. La Constitución introduce varios límites y condiciones al poder de disolver las Cortes y, por tanto, de adelantar elecciones:

• Prohibición de disolver durante un estado de excepción o de sitio (art. 116.5 CE). Mientras esté vigente uno de estos estados, el presidente no puede proponer la disolución, de modo que queda bloqueada la convocatoria de elecciones anticipadas en esas circunstancias de anormalidad constitucional.
• Prohibición de nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior (art. 115.3 CE). La Constitución impide que el presidente utilice de forma reiterada y muy frecuente la disolución de las Cortes como herramienta táctica, garantizando un mínimo de estabilidad institucional.
• Imposibilidad de disolución mientras está en curso un procedimiento de moción de censura (art. 115.2 CE, en conexión con el art. 113). Si se ha presentado una moción de censura y esta está pendiente de votación, el presidente ya no puede adelantarse con una disolución para evitarla. La Cámara conserva así su capacidad de control político.

Junto a estos límites explícitos, hay otros condicionantes de tipo político y temporal. Por ejemplo, la disolución anticipada no se suele ejercer en las últimas semanas de la legislatura, cuando ya se acerca la disolución “natural” al cumplirse el mandato de cuatro años del Congreso, aunque jurídicamente el margen existe hasta que se agota ese periodo. También, aunque la Constitución no lo detalla, en la práctica la decisión de adelantar elecciones suele ir precedida de consultas políticas y de una valoración sobre la gobernabilidad, la mayoría parlamentaria y el contexto social.

En cuanto a la relación con las Cámaras, el presidente no necesita una autorización previa del Congreso ni del Senado para proponer la disolución. No es un poder condicionado a un voto parlamentario. Sin embargo, el uso de esta facultad está sometido al control político posterior: las Cortes resultantes de las elecciones pueden juzgar esa decisión desde el punto de vista político, y la ciudadanía lo hace directamente a través del voto.

Además, la competencia presidencial se enmarca en el principio de responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso (art. 108 CE). El presidente puede optar por adelantar elecciones cuando considera que:

• No tiene una mayoría suficiente para sostener su programa.
• Prefiere someterse al juicio de las urnas antes que afrontar una moción de censura o una situación de bloqueo.
• Busca reforzar o renovar su legitimidad política en un contexto de cambio.

En síntesis, la Constitución atribuye al presidente del Gobierno una competencia muy relevante en la decisión de adelantar elecciones: la iniciativa de disolver las Cortes y provocar así una nueva convocatoria electoral. Pero esa iniciativa está jurídicamente encuadrada: necesita la formalización por el Rey, está sujeta a prohibiciones temporales y a situaciones excepcionales, y se equilibra mediante el control parlamentario y, sobre todo, por el control democrático del electorado en las urnas.

Antes de convertirse en presidente nacional del Partido Popular en abril de 2022, la trayectoria política de Alberto Núñez Feijóo fue el resultado de una larga carrera en la administración pública, primero en Galicia y después en el Estado, seguida de un sólido liderazgo autonómico en la Xunta de Galicia y en el PP gallego. Esa combinación de perfil gestor y peso político territorial explica en buena medida su salto posterior a la jefatura del partido.

De la administración gallega a la alta gestión pública estatal

Nacido en 1961 en Os Peares (Ourense) y licenciado en Derecho, Feijóo inicia su carrera profesional en la función pública de la Xunta de Galicia a mediados de los años ochenta. En esta primera etapa su papel es eminentemente técnico, vinculado a la administración autonómica más que a la política partidista en sentido estricto.

El primer salto claramente político-institucional llega en 1991, cuando pasa a ser secretario general técnico de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta de Galicia. Ese puesto, de alta responsabilidad administrativa, le sitúa ya en el entorno de los equipos políticos de gobierno y le permite adquirir experiencia en gestión sectorial y en el funcionamiento interno de la administración gallega. Poco después asume también responsabilidades en el ámbito sanitario, como secretario general de Sanidade, consolidando su especialización en políticas públicas y gestión de servicios.

Con la llegada al poder de José María Aznar en 1996, Feijóo da el salto a la administración del Estado. Diversas fuentes periodísticas y biográficas coinciden en señalar que su carrera política “empieza” en sentido amplio cuando, con poco más de 30 años, asume la presidencia del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), entonces organismo clave en la gestión de la sanidad pública en buena parte del país. Este cargo lo proyecta a la escena estatal como gestor sanitario de referencia dentro del área de influencia del Partido Popular.

Posteriormente será nombrado presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Al frente de Correos, Feijóo amplía su perfil de gestor público: pasa de la sanidad a la dirección de una gran empresa pública, con miles de trabajadores y presencia en todo el territorio. Esa etapa en Madrid refuerza su imagen de directivo solvente de la administración pública y consolida sus vínculos con el PP nacional, aunque él mantiene un discurso de “gestor más que político” durante esos años.

Regreso a Galicia y entrada en la primera línea política

A principios de los años 2000 Feijóo regresa a Galicia de la mano de Manuel Fraga, entonces presidente de la Xunta. En 2003 es nombrado conselleiro de Política Territorial, lo que supone su plena incorporación al núcleo político del Gobierno gallego. Poco después, en la legislatura del bipartito PSdeG–BNG, llegará a ser vicepresidente primero de la Xunta, ya en la fase previa a su ascenso como principal referente del centro‑derecha gallego.

En paralelo, se produce su integración orgánica en el Partido Popular. Tras su paso por la administración estatal y su retorno a Galicia, se afilia al PP y va asumiendo crecientes responsabilidades en la organización autonómica. El punto de inflexión llega en enero de 2006, cuando, en plena transición interna tras la retirada política de Manuel Fraga, Feijóo es elegido presidente del Partido Popular de Galicia (PPdeG). Desde ese momento se convierte en el líder de la oposición al gobierno de coalición presidido por Emilio Pérez Touriño.

Presidente de la Xunta y consolidación como barón territorial

Al frente del PPdeG, Feijóo conduce al partido a las elecciones autonómicas de 2009. Contra pronóstico, logra la victoria y es investido presidente de la Xunta de Galicia. A partir de entonces encadena cuatro mayorías absolutas consecutivas (2009, 2012, 2016 y 2020), algo inédito en la política gallega reciente, y se consolida como uno de los principales “barones” territoriales del PP.

Durante esos trece años en la presidencia de la Xunta (2009‑2022), Feijóo combina el liderazgo institucional del Gobierno gallego con el control orgánico del PPdeG. Su perfil se asocia a una gestión considerada pragmática, con una fuerte disciplina presupuestaria y un discurso de moderación que, según diversos análisis, le permite mantener un electorado amplio en un contexto político fragmentado. Esa etapa es decisiva: hace de Galicia su base de poder y, al mismo tiempo, le convierte en una figura de referencia para el PP a nivel estatal.

Punto de partida para el salto a Génova

Al llegar la crisis interna del Partido Popular en 2022, Feijóo acumula ya una amplia experiencia como alto cargo de la administración estatal, como conselleiro y vicepresidente de la Xunta, y como presidente autonómico con varias mayorías absolutas, además de más de una década al frente del PPdeG. Es desde esa posición —presidente de la Xunta y líder del PP gallego— desde la que acepta encabezar la transición en el PP nacional tras la salida de Pablo Casado.

En síntesis, antes de liderar el Partido Popular a nivel estatal, la trayectoria política de Alberto Núñez Feijóo se articula en tres grandes etapas: gestor técnico y alto cargo en la Xunta, director de grandes organismos estatales bajo los gobiernos de Aznar y líder autonómico hegemónico en Galicia y presidente del PPdeG. Ese itinerario, más administrativo y territorial que parlamentario en sus primeras décadas, es el que le sirve de plataforma para dar finalmente el salto a la presidencia nacional del partido.