El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a cuatro personas físicas y a 41 compañías integradas en la estructura corporativa y financiera del grupo criminal transnacional Prince Group, al que se le atribuye la gestión de amplias redes internacionales de ciberestafas, blanqueo de capitales y tráfico de personas. Paralelamente, Washington ha castigado de forma separada a un ciudadano malasio por liderar una organización de estafadores con base operativa en África.
“Las redes de ciberestafas continúan robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses mientras se apoyan en sofisticadas redes empresariales internacionales para blanquear sus beneficios ilícitos”, ha denunciado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent en el comunicado difundido por la OFAC, subrayando el compromiso de Washington para “desmantelar cada capa de estas organizaciones”. Estas acciones se enmarcan en la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo para hacer frente al ciberdelito y a los esquemas de extorsión dirigidos desde el extranjero.
De acuerdo con la información facilitada por el Ejecutivo estadounidense, Prince Group opera principalmente desde complejos de estafas situados en el sudeste asiático, donde personas captadas mediante trata y sometidas a coerción son forzadas a ejecutar fraudes en Internet, entre ellos falsos productos de inversión en activos digitales y estafas románticas.
Las nuevas sanciones se centran en intermediarios financieros, sociedades pantalla y firmas 'offshore' con presencia en jurisdicciones como Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Camboya o Singapur, que habrían permitido a la cúpula del grupo ocultar patrimonio y esquivar restricciones anteriores aprobadas en octubre de 2025 y junio de 2026.
Tras estas medidas, coordinadas con el FBI, el Departamento de Justicia y las autoridades del Reino Unido y de Islas Vírgenes Británicas, todos los activos y derechos de propiedad de los señalados que estén en territorio estadounidense o bajo control de personas de nacionalidad estadounidense quedan inmovilizados. Asimismo, se veta de forma generalizada a bancos y particulares de Estados Unidos mantener relaciones financieras o comerciales con los sancionados, bajo la amenaza de afrontar duras consecuencias civiles y penales.