El Ejecutivo de Guyana ha informado este sábado de la firma de un entendimiento con Estados Unidos para recibir de forma provisional a un contingente reducido de migrantes de terceros países expulsados desde territorio estadounidense, siempre que reúnan ciertos requisitos y consientan de manera voluntaria su reubicación.
Según el marco pactado, las personas que puedan ser incluidas en este mecanismo deberán haber sido sometidas a una evaluación previa, disponer de cualificación y no tener antecedentes penales. Además, las autoridades de Guyana conservarán la facultad de revisar individualmente cada expediente y rechazar a cualquier migrante propuesto por Washington.
“El Gobierno de la República Cooperativa de Guyana confirma la conclusión de un marco de cooperación migratoria con el Gobierno de Estados Unidos, en virtud del cual Guyana recibirá un número limitado y previamente evaluado de personas cualificadas y sin antecedentes penales a través del Programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)”, ha explicado el Ejecutivo guyanés en un comunicado.
El arreglo establece igualmente que Estados Unidos asumirá la financiación completa del traslado, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cubrirá los costes vinculados a la llegada, el alojamiento y el acompañamiento de los migrantes durante su permanencia en Guyana.
“La OIM será responsable de la implementación operativa del programa”, aclara el comunicado, que añade que la organización facilitará también que los migrantes se mantengan en contacto con sus representantes legales y con sus familias.
En este contexto, el Gobierno encabezado por el presidente Irfaan Ali ha subrayado de forma reiterada que su Administración no afrontará ningún gasto económico derivado de esta iniciativa.
Por otro lado, la OIM ha puntualizado que el entendimiento no supone que la agencia vaya a asumir competencias que corresponden al Estado de Guyana, como la admisión de personas en el país, la concesión de residencia legal, la protección o la eventual expulsión.
Las autoridades guyanesas han enmarcado el acuerdo en su compromiso con los Derechos Humanos y han asegurado que los migrantes tendrán la posibilidad de solicitar protección internacional cuando proceda. En esos supuestos, la OIM trabajará en coordinación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con las instituciones nacionales para tramitar las peticiones.
“El Gobierno de Guyana no asumirá el costo financiero del programa, y la OIM ha confirmado que no asumirá, ni este acuerdo le transferirá, ninguna de las responsabilidades del Gobierno en materia de admisión, residencia legal, protección o expulsión”, ha reiterado el Ejecutivo guyanés.
Acuerdo acotado y de duración limitada
El marco sellado entre Georgetown y Washington tendrá un alcance restringido y una vigencia temporal. “Este acuerdo es de carácter temporal y no constituye un reasentamiento permanente”, recalca el escrito oficial.
Los migrantes que sean trasladados al país lo harán de forma voluntaria y permanecerán allí mientras se resuelve su situación migratoria. “Las personas reubicadas en Guyana bajo el Programa de Retorno Voluntario Asistido lo hacen voluntariamente y esperarán la resolución sobre su estatus migratorio mientras se encuentren en Guyana”, ha recalcado el Gobierno guyanés.
Al término de ese procedimiento, los afectados podrán regresar a su Estado de origen o desplazarse a otro país que elijan, de modo que su estancia en Guyana no supondrá un asentamiento permanente en el territorio.
Georgetown ha presentado este entendimiento como una nueva muestra del refuerzo de sus lazos bilaterales con Estados Unidos, que en los últimos años se han intensificado y ampliado a sectores como la energía, el comercio, la inversión, la seguridad y la cooperación diplomática.
Con este mecanismo, Guyana se suma a la lista de Estados que han alcanzado acuerdos con Washington para recibir a determinados migrantes deportados desde Estados Unidos, un grupo en el que ya figuran Belice, Cabo Verde, Camerún, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Esuatini, Ghana, Guatemala, Honduras, Liberia, México, Panamá, Paraguay, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur y Uganda.