Italia ha regulado el uso policial de la inteligencia artificial y ha establecido las condiciones bajo las que las fuerzas de seguridad podrán recurrir a sistemas de identificación biométrica. El decreto aprobado definitivamente por el Gobierno de Giorgia Meloni permite utilizar la identificación biométrica remota en tiempo real en situaciones excepcionales, durante periodos limitados y con autorización de la autoridad judicial.
La nueva regulación italiana adapta el ordenamiento nacional al Reglamento europeo de Inteligencia Artificial y establece por primera vez un marco específico para el empleo de estos sistemas en las actividades policiales. La decisión afecta especialmente al reconocimiento facial mediante cámaras, aunque mantiene límites sobre cuándo puede utilizarse y quién puede autorizarlo.
La norma también contempla el análisis posterior de imágenes obtenidas durante una investigación. En este caso, el objetivo no es identificar automáticamente a una persona que está siendo captada en ese mismo momento, sino utilizar sistemas de inteligencia artificial sobre material ya registrado dentro de una investigación policial.
España se encuentra en una fase diferente. El Gobierno aprobó en mayo el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que adapta el marco español al reglamento europeo y establece las autoridades encargadas de supervisar su aplicación. El proyecto continúa su tramitación parlamentaria.
Qué permite exactamente el modelo italiano
La identificación biométrica remota en tiempo real queda reservada en Italia para circunstancias excepcionales y durante un periodo limitado. El uso debe contar con autorización judicial y está sometido a condiciones específicas vinculadas a la gravedad de los delitos y a las personas que pueden ser buscadas.
La documentación parlamentaria italiana establece que la autorización corresponde al juez de investigaciones preliminares y debe concretar las personas objeto de la búsqueda y el periodo durante el que podrá utilizarse el sistema. La duración inicial no puede superar los 15 días, aunque existe la posibilidad de prórroga mediante una resolución motivada.
El sistema no permite que una decisión policial con efectos jurídicos negativos sobre una persona se base exclusivamente en el resultado automático de la inteligencia artificial. La responsabilidad de la decisión continúa correspondiendo al operador humano.
Asimismo, el decreto italiano prohíbe crear bases de datos biométricas mediante la recopilación masiva e indiscriminada de información obtenida de internet. La restricción afecta a una de las prácticas que más preocupación han generado alrededor del desarrollo de sistemas de reconocimiento facial.
La regulación diferencia además entre la identificación en tiempo real y el análisis posterior de imágenes. Esta segunda posibilidad puede utilizarse en investigaciones sobre delitos después de que se hayan producido los hechos, siempre dentro de las condiciones fijadas por la legislación.
El marco aprobado por Roma incorpora así la supervisión humana y la responsabilidad jurídica como elementos centrales del uso policial de la IA, en lugar de permitir que la tecnología determine por sí sola las actuaciones de las fuerzas de seguridad.