El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha lanzado este viernes una seria advertencia a responsables electorales de los estados, a los que ha avisado de que podrían enfrentarse a cuantiosas multas e incluso penas de prisión si desoyen las órdenes de la Administración Trump para verificar si los ciudadanos están correctamente inscritos en el censo de votantes.
“Si los funcionarios electorales, una vez que les proporcionamos la información necesaria para garantizar la seguridad de sus elecciones, deciden no hacerlo, entonces esas personas también pueden ser responsabilizadas con multas, sanciones e incluso, dependiendo de la gravedad del caso, con penas de prisión”, ha advertido durante una rueda de prensa.
Mullin ha pedido la cooperación de los 50 estados del país con el objetivo de reforzar la seguridad de la infraestructura electoral y revisar el censo de votantes en busca de posibles delitos de fraude, después de sostener que más de 250.000 personas no cumplían los requisitos legales para votar en California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada.
“Si es indocumentado y ha intentado votar o ha intentado hacerlo a través de otra persona, le encontraremos y procesaremos”, ha reiterado, subrayando que el voto ilegal puede acarrear hasta cinco años de cárcel y sanciones económicas de hasta 250.000 dólares.
Estas declaraciones llegan después de que Trump volviera a insistir la víspera, en un mitin, en que las elecciones de 2020 estuvieron amañadas —mencionando igualmente una supuesta injerencia de China—, comicios en los que fue derrotado por el demócrata Joe Biden, y renovara sus críticas tanto al registro de votantes como a las máquinas de votación.
El exmandatario se refirió a supuestas pruebas de fraude vinculadas a una operación masiva de registro electoral en Michigan en 2020, estado en el que el tándem demócrata formado por Joe Biden y Kamala Harris se impuso por un margen cercano a los 145.000 votos.
En enero, el FBI registró un centro de votación en el condado de Fulton, en Georgia, territorio que Trump perdió en las presidenciales de 2020, y se incautó de papeletas electorales. Además, el presidente ha cesado a decenas de trabajadores de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, organismo encargado de velar por la protección de los procesos electorales.