El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este jueves sobre la ausencia de precisiones por parte del Ejecutivo colombiano en torno al nuevo enfoque de implementación del Acuerdo de Paz. Sus observaciones llegan tras el giro en materia de seguridad impulsado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que en agosto dio por finalizado el proyecto de su antecesor, Gustavo Petro, basado en diálogos y negociaciones con distintos grupos armados del país.
En su informe más reciente sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia —encargada de supervisar, comprobar y respaldar la puesta en marcha del Acuerdo de Paz—, Guterres ha subrayado que “los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan”.
El secretario general ha enmarcado estas palabras en la nueva etapa política que atraviesa Colombia tras una transición democrática pacífica, remarcando que “el nuevo gobierno es el tercero que hereda las instituciones, compromisos y avances del Acuerdo de Paz”.
Guterres ha recalcado que, si bien el Gobierno colombiano “aún no ha detallado el enfoque para su implementación, el ejecutivo ha manifestado su intención de cumplir con la Constitución y las obligaciones jurídicas del Acuerdo”.
En esta línea, ha insistido en que “la implementación del Acuerdo” puede convertirse en una herramienta clave para “el logro de varias prioridades del Gobierno, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado”.
El máximo responsable de la ONU ha señalado asimismo que, durante este periodo, se ha puesto de manifiesto “tanto la resiliencia de las instituciones y la sociedad colombianas como la continua importancia del Acuerdo Final de Paz para promover la seguridad, el desarrollo y la estabilización territorial”.
El documento, que cubre el periodo del 27 de junio al 26 de septiembre de 2026, destaca como uno de los hitos más relevantes en la ruta hacia la paz “la permanencia en el proceso de reincorporación de más de 11.000 excombatientes”, un dato que, según el informe, refleja los “esfuerzos sostenidos de las instituciones nacionales y locales y de las comunidades”, puesto que “las garantías de seguridad para esta población y las oportunidades socioeconómicas constituyen factores fundamentales de apoyo para la consolidación del proceso”.
Guterres alerta por el deterioro de la seguridad
No obstante, el secretario general advierte de que “la inseguridad en las regiones afectadas por el conflicto y la violencia contra líderes sociales, comunidades étnicas y excombatientes siguen siendo motivo de gran preocupación”.
En el periodo analizado, la Misión verificó el asesinato de ocho excombatientes de las FARC-EP, elevando a 13 el número de exguerrilleros muertos en lo que va de año. Aunque la violencia letal continúa por debajo de los niveles de años anteriores, en 2026 se han contabilizado 15 intentos de homicidio, frente a los cinco registrados en 2025.
Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha confirmado 501 asesinatos de excombatientes, además de 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. Paralelamente, la Defensoría del Pueblo ha documentado 1.173 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y julio de 2026.
De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 27 de junio y el 30 de agosto, 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 permanecieron confinadas en 15 municipios de siete departamentos, lo que evidencia la persistencia de la crisis humanitaria en varias zonas del país.
Asimismo, entre el 27 de junio y el 26 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales en 17 departamentos, un indicador más de la gravedad de la situación de seguridad para quienes defienden los derechos humanos y las comunidades vulnerables.