Malos tiempos para Emmanuel Macron. Quizá incluso previsibles, habida cuenta de la progresiva pérdida de confianza de los franceses en su presidente, desde que, en 2017, accediera al cargo con la promesa de superar la división tradicional entre izquierda y derecha y renovar la política del país.
Nueve años después, su proyecto afronta una crisis marcada por el desgaste de su liderazgo, la fragmentación parlamentaria, la sucesión de gobiernos frágiles y un malestar social en Francia que ha vuelto a incendiar las calles.
De la victoria de 2017 a la reelección de 2022
Macron irrumpió en la política francesa después de haber sido ministro de Economía durante la presidencia de François Hollande. En 2016 lanzó En Marche!, un movimiento con el que buscaba atraer a votantes procedentes tanto de la izquierda como de la derecha. Su candidatura se presentó como una alternativa a los partidos tradicionales, debilitados por el desgaste de sus dirigentes y por la creciente polarización electoral.
La estrategia culminó en las presidenciales de mayo de 2017. Macron derrotó a Marine Le Pen en la segunda vuelta con el 66,1% de los votos, frente al 33,9% de su rival. La victoria le permitió llegar al Elíseo con una imagen de renovación política y una mayoría parlamentaria que facilitó la puesta en marcha de su programa.
Las primeras señales de descontento aparecieron pronto. En 2018, el movimiento de los chalecos amarillos comenzó como una protesta contra el encarecimiento de los carburantes y terminó incorporando demandas más amplias sobre el poder adquisitivo, la fiscalidad y la distancia entre las élites políticas y parte de la población. Las movilizaciones obligaron al Gobierno a responder con medidas económicas y abrieron una etapa de tensión entre el presidente y sectores que consideraban que sus políticas no atendían sus dificultades cotidianas.
Macron logró conservar la presidencia en 2022, otra vez frente a Le Pen, pero su resultado fue inferior al de cinco años antes: obtuvo el 58,6% de los votos en la segunda vuelta. La victoria le concedió un segundo mandato, aunque las legislativas celebradas poco después revelaron un cambio decisivo. Su coalición consiguió 245 escaños, por debajo de los 289 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
La reforma de las pensiones agrava el desgaste
La pérdida de la mayoría absoluta obligó al Ejecutivo a negociar con otras fuerzas para sacar adelante sus iniciativas. El desafío se hizo especialmente visible con la reforma de las pensiones, una de las principales apuestas del segundo mandato. La medida elevó de 62 a 64 años la edad legal de jubilación y provocó meses de movilizaciones sindicales y protestas en distintas ciudades del país.
El Gobierno recurrió al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar la reforma sin una votación final ordinaria en la Asamblea Nacional, una herramienta constitucional que permite sacar adelante determinadas leyes bajo condiciones concretas, pero que intensificó la oposición política y social. El conflicto reforzó las críticas sobre la forma de ejercer el poder y sobre la dificultad de alcanzar acuerdos amplios en torno a decisiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos.
La reforma se convirtió en uno de los símbolos de una Presidencia cada vez más expuesta a la contestación. El malestar acumulado por las pensiones se sumó a las dificultades relacionadas con el poder adquisitivo y a las críticas sobre la capacidad de los servicios públicos para responder a las necesidades de la población.
La disolución de 2024 abre una crisis parlamentaria
El siguiente gran punto de inflexión llegó en junio de 2024. En las elecciones europeas, la lista vinculada a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen obtuvo un resultado muy superior al de la candidatura presidencial. Macron respondió esa misma noche disolviendo la Asamblea Nacional y convocando elecciones legislativas anticipadas, con la intención de redefinir la correlación de fuerzas parlamentarias.
El resultado no devolvió al presidente una mayoría estable. La alianza de izquierdas Nuevo Frente Popular consiguió el mayor número de escaños como bloque, mientras que la coalición presidencial quedó por detrás y la Agrupación Nacional reforzó su presencia parlamentaria. La nueva Asamblea quedó dividida entre fuerzas con profundas diferencias sobre la política económica, la inmigración y el rumbo institucional del país. Ningún bloque logró por sí solo una mayoría absoluta.
La decisión de disolver la Cámara, por tanto, no resolvió el problema que pretendía abordar. En lugar de simplificar la gobernabilidad, dejó al presidente dependiendo de acuerdos variables y expuso al Ejecutivo a las iniciativas de censura de sus adversarios. La fragmentación convirtió la aprobación de los presupuestos y la continuidad de los primeros ministros en cuestiones centrales de la crisis política francesa.
Una sucesión de gobiernos sin estabilidad
La dificultad para construir una mayoría se reflejó en la sucesión de primeros ministros. Michel Barnier, nombrado en septiembre de 2024, perdió el cargo en diciembre de ese año después de que la Asamblea aprobara una moción de censura contra su Gobierno. Fue una señal de la fragilidad de un Ejecutivo que necesitaba apoyos externos para sacar adelante sus principales iniciativas.
François Bayrou asumió la jefatura del Gobierno en diciembre de 2024, pero tampoco consiguió consolidar una base parlamentaria suficiente. En septiembre de 2025 perdió una votación de confianza relacionada con la situación presupuestaria del país. Macron designó entonces a Sébastien Lecornu, que tuvo que afrontar el mismo problema estructural: negociar con una Cámara dividida y buscar apoyos para evitar una nueva caída del Ejecutivo.
La sucesión de gobiernos ha reducido la capacidad del presidente para imponer una agenda propia y ha mantenido la política francesa centrada en la supervivencia parlamentaria de cada Ejecutivo. Las diferencias sobre el gasto público, la deuda y los ajustes presupuestarios han dificultado los acuerdos, mientras la oposición ha encontrado nuevas oportunidades para cuestionar la estrategia presidencial.
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El malestar social vuelve a las calles
En octubre de 2026, las protestas han vuelto a poner a prueba la respuesta del Estado. Las movilizaciones comenzaron con reivindicaciones estudiantiles relacionadas con la falta de profesores, el deterioro de los centros educativos y la insuficiencia de recursos, pero se extendieron a demandas sobre los precios, los salarios, la vivienda y los servicios públicos. La amplitud de las reivindicaciones conecta la movilización actual con conflictos sociales anteriores, aunque no significa que todos los participantes compartan las mismas demandas.
Las manifestaciones también derivaron en episodios de violencia, con saqueos, daños a comercios y ataques contra edificios públicos. Las autoridades atribuyeron parte de los disturbios a grupos de extrema izquierda y a delincuentes.
La respuesta política ha tenido que distinguir entre el derecho a la protesta pacífica y los actos delictivos. Macron pidió calma y rechazó que la violencia justificara desatender las reivindicaciones sociales. Al mismo tiempo, el Ejecutivo anunció medidas de apoyo a los negocios afectados y autorizó restricciones locales a determinadas manifestaciones.
Una presidencia debilitada ante 2027
Los datos de opinión reflejan la magnitud del desgaste. El observatorio político de Elabe publicado en octubre de 2026 sitúa en el 17% la proporción de franceses que confía en Macron para afrontar eficazmente los principales problemas del país, tres puntos menos que el mes anterior. La desconfianza alcanza el 79%, un indicador que muestra la dificultad del presidente para mantener el respaldo incluso más allá de los bloques que tradicionalmente se oponen a él.
La caída de la confianza se produce en un contexto en el que Macron ya no puede optar a un tercer mandato presidencial consecutivo en 2027. El final de su etapa en el Elíseo se acerca sin que haya logrado resolver el bloqueo parlamentario surgido tras la disolución de 2024.