La crisis de Ceuta de los días 30 y 31 de julio ha abierto una pregunta que va más allá de la gestión inmediata de la entrada masiva de personas: ¿puede Marruecos aprovechar un eventual periodo de incertidumbre política en España durante el ciclo electoral de 2027 para incrementar la presión sobre Ceuta y Melilla?
No existen indicios públicos que permitan afirmar que Rabat esté preparando una operación de ese tipo. Tampoco hay datos que permitan anticipar una nueva «Marcha Verde».
Pero la hipótesis no aparece en el vacío. La relación entre España y Marruecos cuenta con varios antecedentes en los que las fronteras, la inmigración y las reivindicaciones territoriales han coincidido con momentos de tensión diplomática. Y existe ya literatura académica que estudia específicamente la utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión en la relación bilateral.
El último episodio ha vuelto a colocar esos antecedentes sobre la mesa.
Un estudio académico habla de «ingeniería estratégica de las migraciones»
Uno de los trabajos más relevantes para entender el fenómeno es el publicado en 2025 por Augusto Delkáder Palacios, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, en la Revista Española de Ciencia Política.
El artículo se titula Juegos de frontera y condicionalidad coercitiva mutua entre España y Marruecos: la externalización del control migratorio frente a la ingeniería estratégica de las migraciones.
El estudio analiza específicamente la dimensión migratoria y fronteriza de las relaciones hispano-marroquíes y sitúa entre sus factores explicativos la externalización de la política migratoria española y europea, la denominada «ingeniería estratégica de las migraciones» ejercida por Marruecos y la existencia de territorios de soberanía contestada, como Ceuta y Melilla. El trabajo utiliza además el concepto de weaponization, empleado en la literatura internacional para describir la instrumentalización de los movimientos migratorios con fines políticos.
El valor de este estudio para el debate actual está precisamente en que no parte de los acontecimientos de julio de 2026. Fue publicado en julio de 2025.
Es decir, la posibilidad de que la migración forme parte de la dinámica de presión entre España y Marruecos ya había sido estudiada antes de la última crisis. Eso no demuestra que lo ocurrido en julio responda a una operación de esas características. Pero sí aporta un marco académico para estudiar el precedente.
2021: el antecedente que llegó al Parlamento Europeo
El precedente más claro es la crisis de mayo de 2021.
Entre los días 17 y 18 de mayo de aquel año, alrededor de 9.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos, según los datos recogidos posteriormente por el Parlamento Europeo. La institución señaló que la entrada se produjo después de que las fuerzas marroquíes relajaran temporalmente los controles fronterizos y no impidieran los cruces. Entre quienes llegaron había alrededor de 1.200 menores no acompañados. (Observatorio Legislativo)
La crisis coincidió con una grave tensión diplomática entre Madrid y Rabat después de que España acogiera para recibir tratamiento médico a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.
El episodio llegó al Parlamento Europeo. El 10 de junio de 2021, la Eurocámara aprobó una resolución que rechazó expresamente la utilización por parte de Marruecos de los controles fronterizos y de la migración, y particularmente de los menores no acompañados, como medio para ejercer presión política contra España. La resolución salió adelante con 397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones. (Parlamento Europeo)
La formulación es especialmente relevante para el debate actual porque no procede de un partido español ni de un centro de estudios. Es la posición adoptada formalmente por una institución de la Unión Europea. Entonces, el Parlamento Europeo consideró que la crisis de Ceuta tenía una dimensión que excedía de la gestión migratoria ordinaria y la situó en el contexto de las relaciones políticas entre Marruecos, España y la Unión Europea. (Parlamento Europeo)
Ceuta y Melilla, una cuestión que precede a la crisis migratoria
La dimensión territorial tampoco es nueva. Marruecos mantiene una reivindicación sobre Ceuta y Melilla, mientras España sostiene que ambas forman parte de su territorio nacional.
El Real Instituto Elcano lleva años analizando esa cuestión. Sus trabajos han situado a las dos ciudades dentro de un espacio en el que convergen la seguridad, la inmigración, las relaciones hispano-marroquíes y las reclamaciones territoriales.
En uno de sus análisis más recientes, el instituto recuerda precisamente la resolución del Parlamento Europeo de 2021 y recoge el rechazo de la Eurocámara al uso de los controles fronterizos y de la migración como mecanismo de presión política contra un Estado miembro.
La importancia de Ceuta y Melilla tampoco se limita a su condición de ciudades españolas. Son fronteras exteriores de la Unión Europea y, por tanto, cualquier crisis de gran magnitud en ellas adquiere una dimensión europea.
La crisis de 2021 demostró esa realidad de manera inmediata.
Perejil: cuando la presión pasó de la frontera a la soberanía
El otro precedente que forma parte de la relación bilateral es la crisis del islote Perejil de 2002.
En julio de aquel año, fuerzas marroquíes ocuparon el pequeño islote situado frente a la costa norteafricana. España respondió con una operación militar que recuperó el control del territorio.
Fue una crisis diferente a las migratorias de 2021 y 2026, pero comparte con ellas un elemento: la existencia de una disputa relacionada con el espacio territorial español en el norte de África.
Si bien no permite establecer una continuidad automática entre los tres episodios, sí permite, en cambio, reconstruir una relación bilateral en la que las cuestiones territoriales y fronterizas han provocado en distintos momentos situaciones de elevada tensión.
El Sáhara y el giro de 2022
El otro gran asunto de la relación entre Madrid y Rabat es el Sáhara Occidental.
En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez comunicó su respaldo a la propuesta marroquí de autonomía para el territorio, lo que abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales después de años de tensiones.
Desde entonces, España y Marruecos han reforzado públicamente la cooperación en inmigración, seguridad y lucha contra el tráfico de personas.
Esa cooperación ha convertido a Marruecos en un socio fundamental para España en la gestión de los flujos migratorios. Pero precisamente esa dependencia introduce una cuestión que la literatura académica ha estudiado: cuando un Estado necesita la colaboración de otro para controlar una frontera, la capacidad de cooperación también puede convertirse en una fuente de influencia política.
El trabajo de Delkáder Palacios analiza esa relación como un juego de condicionalidad coercitiva mutua.
La Marcha Verde de 1975: un precedente que vuelve a aparecer
La comparación más delicada es la de los acontecimientos de julio de 2026 con la Marcha Verde de 1975.
La ha planteado recientemente Ana Manero Salvador, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, en un análisis publicado en El País.
Manero sostiene que existen similitudes entre ambos episodios en un aspecto concreto: la instrumentalización de población civil para generar presión sobre España. Al mismo tiempo, reconoce una diferencia esencial: la Marcha Verde fue una movilización formalmente organizada por Hassan II, mientras que en la crisis de Ceuta de 2026 no se ha acreditado públicamente una operación equivalente.
El Sáhara Occidental no es Ceuta ni Melilla.
La situación jurídica de los territorios es completamente distinta.
La Corte Internacional de Justicia, en su dictamen de 16 de octubre de 1975 sobre el Sáhara Occidental, reconoció la existencia de determinados vínculos jurídicos de lealtad entre el sultán de Marruecos y algunas tribus del territorio, pero concluyó que las pruebas aportadas no demostraban un vínculo de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos que pudiera afectar al principio de autodeterminación. (Corte Internacional de Justicia)
Ceuta y Melilla tienen una situación jurídica diferente y forman parte del territorio español. Por eso, la comparación histórica no permite decir que Marruecos esté preparando una nueva Marcha Verde. Lo que permite hacer es formular otra pregunta: ¿qué ocurre cuando una presión sobre una frontera coincide con un momento de especial vulnerabilidad política del Estado que la controla?
1975: una España en plena transición
La Marcha Verde se produjo en un momento especialmente delicado para España.
Franco se encontraba en los últimos días de su vida y el país afrontaba la transición política que seguiría a su muerte. El 30 de octubre de 1975, el entonces jefe del Estado transfirió temporalmente sus poderes al príncipe Juan Carlos. La Marcha Verde comenzó el 6 de noviembre.
Los Acuerdos de Madrid se firmaron el 14 de noviembre y Franco murió seis días después.
La secuencia histórica explica por qué el episodio se utiliza como antecedente cuando se analiza la relación entre presión exterior y vulnerabilidad política interna.
Pero tampoco aquí cabe establecer una equivalencia automática. La España de 1975 era una dictadura en proceso de sucesión. La España de 2027 es una democracia consolidada, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, de modo que, el contexto institucional es radicalmente distinto.
¿Por qué aparece ahora 2027?
La hipótesis sobre las próximas elecciones generales nace, por tanto, de la combinación de antecedentes, no de una información que permita afirmar que Marruecos prepara una operación.
Si no hay una disolución anticipada de las Cortes, el calendario electoral español sitúa las próximas elecciones generales en 2027. La legislación electoral establece que, en ausencia de disolución anticipada, el decreto de convocatoria se expide 25 días antes de que expire el mandato de las Cámaras y que las elecciones se celebran 54 días después de la convocatoria. (BOE)
Ese periodo tendrá las características propias de cualquier proceso electoral: campaña, máxima atención mediática, competición entre partidos y, dependiendo del resultado, un posible periodo de negociaciones para formar Gobierno.
Nada de ello significa que España vaya a quedar paralizada. Pero sí plantea una cuestión de seguridad que puede estudiarse con independencia de la intención que tenga o no tenga Marruecos y, es: ¿qué ocurriría si una crisis fronteriza de gran magnitud coincidiera con una campaña electoral o con un periodo de formación de Gobierno?
Julio de 2026 vuelve a poner la frontera en el centro
La entrada masiva de finales de julio añade ahora un elemento que no existía en el debate de 2025: un nuevo episodio de enorme presión sobre Ceuta.
La magnitud del movimiento y la rapidez con la que se produjo obligaron a España a desplegar recursos policiales y asistenciales y volvieron a colocar a la ciudad en el centro de la relación bilateral.
Después de los acontecimientos, la atención se ha desplazado también hacia las redes sociales y las señales previas.
La existencia de convocatorias digitales para nuevos desplazamientos hacia Ceuta constituye un elemento que las Fuerzas de Seguridad pueden monitorizar.
Qué puede aprender España de los antecedentes
Los antecedentes permiten identificar varios hechos que sí están documentados.
Primero, Ceuta y Melilla han sido históricamente puntos sensibles de la relación entre España y Marruecos.
Segundo, la migración ha desempeñado un papel relevante en episodios de tensión bilateral.
Tercero, el Parlamento Europeo llegó a rechazar expresamente en 2021 el uso de los controles fronterizos y de la migración como medio de presión política contra España. (Parlamento Europeo)
Cuarto, la literatura académica estudia desde hace años la llamada weaponization o instrumentalización estratégica de las migraciones en la relación hispano-marroquí. (Recyt)
Y quinto, la comparación con la Marcha Verde ha vuelto a aparecer después de la crisis de julio, aunque incluso quienes la plantean distinguen entre ambos episodios, como recogía El País. Elementos suficientes para justificar una preparación preventiva, pero no para anunciar una operación que nadie ha demostrado que exista.
La pregunta que queda abierta para 2027
La cuestión, por tanto, no es si Marruecos va a intervenir en las elecciones españolas, ya que no existen pruebas públicas, al menos de momento, que permitan afirmarlo.
Por tanto, la cuestión es si España debe contemplar, entre sus escenarios de seguridad, la posibilidad de que una crisis fronteriza, migratoria o de desinformación coincida con un periodo electoral especialmente sensible.
La experiencia de 2021 demuestra que una crisis de Ceuta puede adquirir rápidamente una dimensión diplomática europea. El estudio académico de Delkáder demuestra que la relación entre migración, frontera y presión política lleva años siendo objeto de investigación. Y el precedente de 1975 recuerda que Marruecos ya utilizó en el pasado una movilización civil como instrumento de presión en un momento de extraordinaria complejidad política para España.