Las autoridades mexicanas han anunciado este miércoles que comenzarán a hacer pública la información relativa a las solicitudes de extradición, en cumplimiento de la orden emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum. La decisión se produce en pleno conflicto diplomático por los requerimientos de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros altos cargos, a quienes el Gobierno federal se resiste a entregar mientras no existan pruebas sólidas que respalden las acusaciones en su contra.
“Por instrucciones de la presidenta y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la Cancillería transparentará dicha información”, ha comunicado el Ministerio de Exteriores de México a través de un mensaje publicado en redes sociales.
En ese mismo comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores precisa que quedarán excluidas de esta apertura las notas diplomáticas vinculadas con procesos judiciales en curso, dado que “por su naturaleza tienen carácter reservado”. “Nuestro compromiso es con la transparencia”, ha remarcado la Cancillería mexicana.
La medida se adopta después de que Sheinbaum advirtiera de que su Gobierno no aceptará la extradición del gobernador sinaloense si Washington no entrega las evidencias que respalden las imputaciones por narcotráfico y presuntos lazos con organizaciones delictivas.
Desde Ciudad de México interpretan la petición de extradición contra Rocha Moya, así como los expedientes que afectan al fiscal adjunto del estado, Dámaso Castro, y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros, como un intento de injerencia de Estados Unidos en la política interna mexicana con el objetivo de incidir en las elecciones previstas para 2027.