El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha celebrado este viernes la luz verde del Legislativo a un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares (alrededor de 1.650 millones de euros), una inyección que, según ha explicado, permitirá “blindar” las reservas internacionales y apuntalar la estabilidad de la economía del país.
La ley, que ha salido adelante con el respaldo de más de dos tercios de los parlamentarios en ambas Cámaras, supone para el jefe del Estado una muestra “contundente de madurez política, unidad y certidumbre económica”.
“Este respaldo demuestra que, cuando el bienestar común está primero, las diferencias ideológicas quedan en segundo plano. Estos recursos están destinados a blindar nuestras reservas y abrir oportunidades reales de inversión y empleo”, ha señalado Paz en un mensaje difundido en sus redes sociales.
El mandatario ha descrito además el nuevo marco legal como un “paso histórico” para la economía del país, en especial para “cada agricultor, comerciante, trabajador, industrial y emprendedor que todos los días sostiene a este país con su esfuerzo”.
En paralelo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, ha defendido ante el Senado que esta financiación externa se integra en la estrategia del Gobierno para ordenar las cuentas públicas, avanzar hacia un esquema de mayor flexibilidad y recuperar la confianza en el acceso a los mercados internacionales de crédito.
Tras superar todos los trámites parlamentarios, la norma queda ahora pendiente únicamente de la promulgación por parte del presidente Paz para que pueda entrar en vigor.
La convalidación de este decreto, que el Ejecutivo presenta como una herramienta para reforzar la economía y la estabilidad del país, llega en un contexto de fuerte tensión política. La votación coincide con la decisión de la Asamblea Legislativa de extender el estado de excepción, en vigor desde el pasado 20 de junio por la ola de protestas y bloqueos contra el presidente, y cuya caducidad estaba prevista para este mismo viernes.
El estado de excepción se decretó a finales de junio, tras varias semanas de cortes de carretera a lo largo del territorio nacional promovidos por organizaciones cercanas al expresidente Evo Morales, que exigían la renuncia de Paz poco después de cumplirse medio año de su llegada al cargo.
En los momentos más duros de la crisis se contabilizaron más de un centenar de bloqueos distribuidos en siete de los nueve departamentos de Bolivia. Tras varios intentos fallidos de negociación, cuando se alcanzaban 50 días de protestas, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Ejecutivo sellaron un acuerdo, después del cual Paz declaró el estado de excepción para recurrir a las Fuerzas Armadas con el objetivo de desmantelar los bloqueos que aún mantenían grupos campesinos y aliados de Morales.