La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, abonó este sábado una fianza de 360.000 pesos filipinos (casi 5.000 euros) ante un tribunal de Ciudad Quezón, en el noroeste del país. Con este pago garantiza su puesta en libertad provisional después de que se dictara una orden de arresto en su contra por supuestas amenazas contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr, la primera dama, Liza Araneta-Marcos, y otras figuras políticas.
La causa abierta contra Duterte se basa en presuntas amenazas de muerte dirigidas al jefe del Estado, a su esposa y al expresidente de la Cámara de Representantes, Martin Romuldez, en 2024. Los hechos se remontan a una rueda de prensa celebrada en noviembre de ese año en la que, según la acusación, la vicepresidenta habría descrito posibles planes de asesinato contra estas personas en caso de que ella misma fuera asesinada. Durante la vista, la dirigente ha rechazado los cargos y ha sostenido que sus palabras respondían a cuestiones de seguridad y que “han sido sacados de contexto”, además de afirmar “no sentirse segura”.
“No me siento segura, de verdad que no me siento segura. No confío en el tribunal, no confío en la policía”, ha manifestado ante los medios de comunicación y sus abogados.
A continuación, la vicepresidenta ha insistido en que vive con miedo desde 2023 por el “acoso” que, según denuncia, sufre su familia por parte de las autoridades. “¿Quién responderá por esto si muero esta noche? ¿Quién será el responsable?”, ha planteado en voz alta.
De acuerdo con varios medios locales, Duterte mostró su inquietud tanto antes como durante su llegada al edificio judicial, señalando la presencia de agentes armados y su proximidad en pasillos y estancias reducidas. Ante esta situación, habría solicitado a los periodistas que la acompañaran hasta la quinta planta, donde debía efectuar el pago de la fianza. “Quiero que mucha gente lo vea. La verdad es que no sé qué me va a pasar ahí dentro”, afirmó, evocando el asesinato del exsenador Benigno “Ninoy” Aquino Jr en 1983.
En paralelo a esta causa penal, Duterte afronta desde julio un proceso de destitución, o impeachment, aún en curso. En agosto, su defensa alegó que no deberían iniciarse actuaciones penales contra una responsable pública sometida a un juicio político. No obstante, la Justicia filipina resolvió que ambos procedimientos pueden desarrollarse al mismo tiempo.
El impeachment acusa a la vicepresidenta de corrupción, conspiraciones para cometer asesinatos y abusos reiterados, entre otros delitos, cargos que ella ha rechazado en su totalidad. Pese a este escenario judicial, la hija del expresidente Rodrigo Duterte confirmó en febrero su intención de concurrir a las elecciones de 2028.
Las tensiones entre los clanes Marcos y Duterte se han intensificado en los últimos años, especialmente en el contexto de las elecciones generales de mitad de mandato celebradas en 2025. La figura del exmandatario Rodrigo Duterte continúa influyendo en la escena política filipina, ya que permanece encarcelado en La Haya, Países Bajos, a la espera de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) lo juzgue por presuntos crímenes de lesa humanidad.