El Ejecutivo de Sudáfrica ha registrado esta semana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un nuevo expediente contra Israel, al que acusa de incumplir las medidas provisionales dictadas por el tribunal para prevenir la posible comisión de genocidio en la Franja de Gaza.
Sudáfrica encabezó a finales de diciembre de 2023 una causa contra Israel ante la CIJ por la presunta comisión de un "genocidio" contra la población gazatí mediante su campaña de bombardeos tras los ataques perpetrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de ese año, que marcaron el inicio de la guerra de Gaza.
Como respuesta, la CIJ ha ordenado una serie de medidas provisionales, de obligado cumplimiento en el plano jurídico pero sin un mecanismo efectivo de ejecución, con el objetivo de forzar a Israel a adoptar todas las acciones necesarias para evitar un genocidio contra la población palestina, al considerar que existe un riesgo real e inminente de un daño irreparable sobre el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos del genocidio.
El pasado 25 de agosto, el Gobierno sudafricano remitió a la CIJ un amplio dossier en el que denuncia que Israel ha desoído de forma sistemática las órdenes de la corte y subraya, entre otros elementos, que desde el alto el fuego proclamado en octubre del año pasado "ha muerto de media un niño al día en Gaza a manos del Ejército israelí".
"Las órdenes de la corte son vinculantes para Israel, y la comunidad internacional también tiene la obligación de proteger al pueblo palestino del genocidio, lo que incluye tomar todas las medidas necesarias para prevenirlo y castigarlo", ha manifestado el Gobierno sudafricano en un comunicado oficial.
Ante el hecho de que, "lamentablemente, Israel no ha cumplido con las órdenes judiciales, Sudáfrica continuará explorando todas las vías legales a su alcance para lograr que Israel cumpla de forma plena e inmediata con las órdenes del tribunal".
El Ministerio de Exteriores sudafricano concluye que "Las Medidas Provisionales no solo se ordenaron para proteger los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, sino que también salvaguardan la administración de justicia y la legitimidad de la propia CIJ, al garantizar que los derechos que la Corte está llamada a reivindicar no sean destruidos antes de que emita su decisión final".