La mitad de los 50 estados de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra el presidente Donald Trump y su Administración por los recientes aranceles globales, que oscilan entre el 10% y el 12,5% sobre las importaciones procedentes de la mayoría de sus socios comerciales. Los estados sostienen que estas tasas son “igual de ilegales” que las que el Tribunal Supremo ya declaró inconstitucionales.
En la demanda, impulsada por Oregón, Arizona y California y respaldada por otros 22 estados gobernados por demócratas, se afirma que “Los aranceles impuestos por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) son tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados y ridiculizan la ley utilizada para justificarlos”.
Esta nueva tanda de gravámenes, aprobada a finales de julio apenas unas horas antes de que caducara otro arancel global temporal del 10%, se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar este tipo de medidas frente a prácticas comerciales desleales consideradas como una restricción al comercio estadounidense. La Casa Blanca justifica su decisión en una investigación interna de varios meses sobre supuestas prácticas de trabajo forzoso en otros países.
Los estados subrayan en el escrito que “Los estados demandantes se oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo. Pero la Administración no puede usar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su plan arancelario ilegal”. La querella se ha registrado ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Manhattan.
Los demandantes argumentan que el USTR, Jamieson Greer, ha ignorado los procedimientos y requisitos marcados por la ley, por lo que reclaman la anulación de los aranceles y el reembolso de los depósitos abonados por los estados en concepto de estas tasas.
La iniciativa abre un nuevo capítulo en el pulso ya recurrente entre coaliciones de estados y pequeñas empresas, por un lado, y la Administración Trump, por otro, en torno a la tercera ronda de aranceles dictada por el presidente.
Trump intenta recomponer un entramado arancelario desmontado en febrero, cuando el Tribunal Supremo declaró ilegales sus aranceles globales aprobados al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Desde entonces, las autoridades aduaneras han tenido que tramitar un aluvión de solicitudes de devolución por parte de miles de compañías que abonaron alrededor de 166.000 millones de dólares (144.230 millones de euros) en gravámenes.
Tras ese revés judicial, la Casa Blanca volvió a fijar aranceles globales del 10% basándose en el artículo 122 de la Ley de Comercio. Un tribunal de comercio también los declaró ilegales, aunque permitió que se mantuvieran vigentes mientras se resolvía el recurso, hasta su expiración el mes pasado.
La última batería de aranceles ya ha provocado otras demandas. En una de las primeras, interpuesta por dos pequeñas compañías —el importador de especias Burlap and Barrel Inc y el minorista de relojes Collective Horology LLC—, los letrados sostienen que las nuevas tasas no responden a la “investigación específica por país” que el Congreso contempló al aprobar la Sección 301.
Las empresas, que plantean el procedimiento como una posible demanda colectiva para incluir a todos los importadores registrados que hayan abonado los nuevos aranceles, denuncian que el representante comercial no detalló “cómo las prácticas concretas de cada economía suponen una carga o restringen el comercio de Estados Unidos, en lugar de basarse en afirmaciones generalizadas sobre los efectos del trabajo forzoso y los insumos procedentes del trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales”.