El Gobierno pretende aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre el real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. El proyecto todavía no está aprobado y debe completar los últimos trámites administrativos antes de llegar al Consejo de Ministros.
La norma se tramita por la vía de urgencia y el Ejecutivo mantiene la intención de cerrarla antes de los comicios. La convocatoria electoral introduce así una fecha política en la tramitación de una regulación que llevaba meses preparándose y cuya audiencia pública terminó en septiembre.
El proyecto nace del mandato incluido en el Real Decreto-ley 7/2026, que ordenó establecer requisitos para los centros de datos que se conecten a las redes de transporte y distribución eléctrica. El objetivo declarado es acompasar el crecimiento de estas instalaciones con la disponibilidad de energía renovable y evitar que sus nuevas demandas eléctricas recaigan sobre el conjunto del sistema.
El 80% de la electricidad deberá estar respaldado por renovables
Una de las principales condiciones del proyecto afecta al consumo eléctrico. Mientras la generación renovable no supere el 90% del mix eléctrico, los centros de datos deberán acreditar que al menos el 80% de su consumo está cubierto mediante generación renovable bajo las condiciones establecidas por la norma.
El requisito incorpora además dos conceptos: adicionalidad y correlación horaria. La primera implica que la nueva demanda debe ir acompañada de nueva generación renovable; la segunda exige acreditar la cobertura renovable hora a hora, de manera que la electricidad consumida por el centro tenga respaldo de generación renovable en ese mismo periodo.
El proyecto establece que la nueva generación deberá haberse instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro. El respaldo podrá realizarse mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a plazo, conocidos como PPA.
El acceso a la red quedará condicionado
El cumplimiento de los requisitos será una condición para obtener los derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas en los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación.
El umbral general se sitúa en una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. Para estos centros, el proyecto establece también requisitos relacionados con la eficiencia energética, el consumo de agua y la contribución a la resiliencia y soberanía digital.
El incumplimiento puede generar recargos sobre cargos y peajes. En los casos de incumplimiento significativo y reiterado, el borrador contempla además la pérdida de los permisos de acceso y conexión.
Los proyectos que ya se encuentren en tramitación dispondrían de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento. El plazo se reduciría a tres meses cuando estén pendientes de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica.
También habrá límites de eficiencia y consumo de agua
De forma transitoria, hasta que entre en funcionamiento el sistema europeo de etiquetado previsto para agosto de 2027, se establecen valores máximos de 1,15 para el indicador de eficiencia energética PUE y de 0,1 para el indicador de eficiencia hídrica WUE.
Los centros de datos con una potencia de tecnología de la información igual o superior a 500 kW deberán remitir información sobre su rendimiento energético, utilización de renovables, huella hídrica y demanda para su publicación anual.
Las instalaciones de más de 1 MW tendrán además que informar sobre el cumplimiento de las mejores prácticas del código europeo de conducta sobre eficiencia energética de los centros de datos.
El proyecto introduce también condiciones relacionadas con la localización y el tratamiento de determinados datos. Los centros incluidos en la norma no podrán alojar sistemas de información del sector público sujetos al Esquema Nacional de Seguridad si los datos, metadatos, registros, réplicas o copias de seguridad no se tratan, almacenan y transfieren exclusivamente dentro de la Unión Europea.
La medida pretende garantizar que esa información permanezca bajo el marco jurídico y jurisdiccional europeo. El proyecto vincula así la regulación de los centros de datos no solo con la energía y el medio ambiente, sino también con la autonomía estratégica y la soberanía digital.
El sector cuestiona el proyecto mientras el Gobierno defiende su modelo
La patronal SpainDC ha criticado las exigencias planteadas por el Ejecutivo y ha advertido de su impacto sobre el desarrollo de nuevas inversiones. Su directora ejecutiva, Begoña Villacís, llegó a calificar el proyecto de "prohibición de facto" en septiembre y vinculó sus objeciones principalmente a la obligación de aportar nueva generación renovable para cubrir una parte elevada del consumo de los centros.
El Gobierno defiende una posición diferente. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha explicado que el objetivo no es establecer una moratoria, sino ordenar el crecimiento de estas infraestructuras para que los nuevos proyectos sean sostenibles, eficientes y soberanos.
El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene además que España ha recibido un volumen muy elevado de solicitudes de acceso a la red para centros de datos y que atenderlas sin acompañarlas de nueva generación renovable podría aumentar la utilización de gas para producir electricidad y elevar los costes del sistema.