La vivienda vuelve a evidenciar las diferencias dentro del Gobierno de coalición. El Congreso ha rechazado este martes iniciar la tramitación de una proposición de ley de Sumar que pretendía impedir que las personas jurídicas compraran viviendas, una medida con la que el socio minoritario del Ejecutivo buscaba frenar las adquisiciones de inmuebles por parte de fondos y empresas para destinarlos posteriormente al alquiler.
La iniciativa ha caído con los votos en contra de PP, Vox y Junts, mientras que el PSOE y el PNV se han abstenido. El voto socialista no resultaba decisivo ante el rechazo de los otros grupos, pero vuelve a poner de manifiesto las diferencias entre PSOE y Sumar sobre las medidas que deben adoptarse para intervenir en el mercado inmobiliario.
Es además la segunda vez en esta legislatura que Sumar intenta sacar adelante esta propuesta. La formación ya llevó una iniciativa similar al Congreso el pasado noviembre y tampoco consiguió superar el primer trámite parlamentario.
En esta ocasión, según fuentes de Sumar citadas por elDiario.es, el PSOE había trasladado inicialmente su intención de apoyar la toma en consideración, pero finalmente decidió mantener la abstención.
Sumar pide al PSOE que cambie su voto
Durante el debate, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez apeló directamente al PSOE y al PNV para que pasaran de la abstención al voto favorable.
“Hoy no estamos haciendo otra cosa que decidir si prohibimos que los fondos buitre puedan comprar casas o no: es sencillo”, defendió Ibáñez, que pidió a ambos partidos “un esfuerzo para cambiar su voto de la abstención al sí”.
La votación no suponía la aprobación definitiva de la norma. El Congreso decidía únicamente sobre su toma en consideración, es decir, si permitía que comenzara su tramitación parlamentaria y que los grupos pudieran posteriormente introducir modificaciones mediante enmiendas.
La propuesta de Sumar planteaba impedir la compra de viviendas por personas jurídicas, con el objetivo declarado de dificultar las adquisiciones masivas de inmuebles con fines empresariales.
El PSOE evita respaldar la prohibición
La posición socialista quedó en manos de la diputada Irene Jódar, que durante su intervención no anticipó el sentido del voto ni entró directamente en la propuesta de prohibir determinadas compras de vivienda por parte de empresas.
Jódar aseguró que el PSOE seguirá defendiendo el acceso a una vivienda digna, aunque “acorde a la ley y al ordenamiento jurídico existente”, y centró buena parte de su intervención en criticar la política de vivienda de las comunidades gobernadas por el PP.
La diputada defendió las medidas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas el Plan Estatal de Vivienda dotado con más de 7.000 millones de euros, y reivindicó la construcción y rehabilitación de vivienda pública.
También destacó la puesta en marcha del portal de la empresa pública Casa 47, cuya oferta inicial incluye unas 800 viviendas en alquiler con precios desde 350 euros mensuales.
El PP habla de una “doble chapuza”
El PP rechazó frontalmente la propuesta. Su diputado Miguel Ángel Sastre la calificó de “versión terrorífica” de la Ley de Vivienda y sostuvo que limitar las adquisiciones de las personas jurídicas constituiría una “doble chapuza”.
Sastre argumentó que casi nueve de cada diez viviendas son adquiridas por personas físicas y reprochó a Sumar que pretenda intervenir sobre una parte minoritaria de las operaciones.
Frente a la iniciativa, el PP defendió reducir burocracia, ofrecer mayor protección a los propietarios frente a los impagos y bajar impuestos a los propietarios de viviendas.
Junts rechaza la redacción pero abre la puerta a vetar a los fondos
Junts también votó en contra, aunque introdujo un matiz en su posición. Su diputada Marta Madrenas aseguró que su formación respaldaría una iniciativa específicamente destinada a impedir las compras de los denominados fondos buitre.
“Si mañana presentan una iniciativa legislativa que dice que se prohíbe a los fondos buitre comprar vivienda, Junts la votará a favor”, afirmó.
El problema, según la formación independentista, es que la propuesta de Sumar afectaría al conjunto de las personas jurídicas y podría perjudicar también a cooperativas, ayuntamientos, la Generalitat y empresas públicas.
Madrenas puso como ejemplo que la redacción planteada impediría determinadas operaciones empresariales mientras que una persona física podría continuar comprando numerosos inmuebles.
Vox acusa a Sumar de presentar una “chapuza legislativa”
Vox completó el rechazo a la toma en consideración. Su diputado Carlos Hernández Quero calificó la iniciativa de “chapuza legislativa” y aprovechó el debate para cargar también contra las políticas de vivienda del Gobierno.
Hernández Quero cuestionó especialmente el estreno de Casa 47 y consideró insuficiente su oferta inicial de aproximadamente 800 viviendas.
Con el rechazo de este martes, la propuesta de Sumar queda fuera de la tramitación parlamentaria por segunda vez en la legislatura. La votación vuelve además a dejar a PSOE y Sumar en posiciones diferentes ante una de las principales cuestiones de política económica y social de la legislatura.