El PP recuerda que el Gobierno dispone de diez días para justificar ante el Supremo su ausencia en el Senado por la crisis de Ceuta

El PP acata el auto del Supremo pero insiste en que el Gobierno debe explicar en diez días por qué se negó a comparecer en el Senado por la crisis de Ceuta.

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Varios inmigrantes en una playa, a 19 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Marcos Moreno - Europa Press

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El PP ha manifestado que acata el auto del Tribunal Supremo que ha rechazado la medida cautelarísima promovida por el partido para obligar a varios ministros a acudir al Senado y rendir cuentas por la crisis de Ceuta. Al mismo tiempo, ha remarcado que el Gobierno cuenta ahora con un plazo de diez días para exponer ante el Alto Tribunal los motivos de su incomparecencia.

La Sala de Vacaciones del Supremo ha desestimado este sábado la petición de tres senadores del PP al entender que no se ha demostrado la "especial urgencia" requerida para resolver sin escuchar antes a la parte contraria. Sin embargo, ha acordado tramitar la solicitud como medida cautelar ordinaria y ha concedido diez días a la Abogacía del Estado para presentar sus alegaciones.

Tras conocerse la resolución, los 'populares' han reiterado que respetan el auto, si bien opinan que "no resuelve el fondo del problema", y han recalcado que el Ejecutivo deberá ahora justificar por qué declinó comparecer. "El Gobierno no elige quién le controla", han defendido, avanzando además que seguirán reclamando el cumplimiento de esta regla que consideran "democrática elemental".

El "debate jurídico y constitucional" permanece abierto

En un comunicado, la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que el Supremo únicamente descarta la vía excepcional de la medida cautelarísima sin oír previamente al Gobierno, pero mantiene activa la tramitación como medida cautelar ordinaria. De este modo, no se pronuncia todavía sobre la jurisdicción, la competencia ni la admisibilidad del recurso.

Por esta razón, el PP afirma que el "debate jurídico y constitucional" planteado "sigue abierto" y resalta que el tribunal indica que el derecho presuntamente vulnerado es el vinculado al ejercicio del cargo representativo de senador, que incluye la facultad de control al Gobierno. Añade, además, que el interés público sobre la crisis migratoria de Ceuta no se vería anulado aunque ese control parlamentario se materializara tras la tramitación de la medida cautelar.

"Ningún Gobierno puede decidir qué Cámara le controla, cuándo lo hace y en qué condiciones", ha reiterado el Grupo Parlamentario Popular, que ha incidido en que continuará exigiendo que el Ejecutivo dé explicaciones también en el Senado --mientras ocho ministros comparecerán en el Congreso entre el 25 y el 31 de agosto-- para aclarar su gestión de la crisis de Ceuta.

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