La Comisión Europea ha comunicado este miércoles que presentará una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y pedirá la imposición de una sanción económica por no haber aplicado a tiempo las normas comunitarias destinadas a reforzar la ciberseguridad en sectores considerados críticos, una actualización legislativa que los Estados miembro debían incorporar a su ordenamiento interno como muy tarde en octubre 2024.
La Directiva SRI 2 sobre seguridad de las redes y los sistemas de información tiene como objetivo elevar el nivel de ciberseguridad en la Unión Europea mediante la fijación de obligaciones estrictas para las entidades que operan en dieciocho sectores clave, entre los que figuran la salud, la energía, el transporte y el ámbito de la administración pública.
En un comunicado, Bruselas subraya que la aplicación íntegra de esta normativa resulta fundamental para reforzar la resiliencia de la UE y la capacidad de reacción ante posibles incidentes que afecten tanto a entidades públicas como privadas que actúan en estos sectores estratégicos y, en general, a la Unión en su conjunto.
Junto a España, tampoco Francia, Irlanda y Países Bajos han comunicado en plazo la transposición de estas reglas, pese a los repetidos avisos de la Comisión Europea. Por este motivo, la institución ha decidido ahora remitir también estos casos al TJUE y solicitar la imposición de una multa por incumplimiento de la legislación comunitaria.
El expediente se remonta a noviembre de 2024, cuando Bruselas abrió los procedimientos de infracción mediante el envío de cartas de emplazamiento a las autoridades nacionales, en las que señalaba las deficiencias detectadas y concedía un primer margen de dos meses para corregirlas.
Posteriormente, el Ejecutivo comunitario esperó hasta mayo de 2025 para dar el siguiente paso en el procedimiento sancionador, que consistió en el envío de un dictamen motivado con el fin de prolongar el diálogo con los Estados que seguían sin cumplir y tratar de encontrar una salida negociada. Sin embargo, la ausencia de progresos más de un año después ha llevado ahora a Bruselas a elevar el asunto al TJUE y dejar en manos de la justicia europea la imposición de las sanciones correspondientes.