El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado este sábado a distintas instituciones de la Unión Europea (UE) la decisión del Gobierno de volver a implantar controles fronterizos en los aeropuertos y puertos con enlaces directos entre el Reino de España y la República Italiana, según ha señalado el Ministerio en un comunicado.
La notificación se ha dirigido a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.
En la misiva, Grande-Marlaska detalla que las autoridades españolas siguen de cerca la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, en concreto, la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central que afecta a la República Italiana y sus consecuencias sobre varios Estados miembros por la actuación de redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular.
Marlaska informa a la UE de los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia.https://t.co/xp1BQXRl4E
— EFE Noticias (@EFEnoticias) August 8, 2026
Ante las posibles implicaciones de este escenario para el orden público y la seguridad interior, España ha optado por restablecer de forma temporal controles en determinadas fronteras interiores, conforme a los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que regula el denominado Código de Fronteras Schengen.
En la comunicación, Grande-Marlaska precisa que, de acuerdo con el artículo 27 del citado Reglamento, la reintroducción temporal de controles fronterizos afectará a las conexiones aéreas y marítimas entre el Reino de España y la República Italiana desde las 00.00 horas del 8 de agosto y hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre.
Posibles cambios
Este periodo podrá modificarse en función de cómo evolucionen las circunstancias que motivan la medida y, una vez concluya, las autoridades españolas llevarán a cabo una nueva evaluación de la situación para determinar si procede mantenerla, ajustarla o dejarla sin efecto, concluye el ministro.