El PSOE y sus principales aliados en la Cámara Baja han frenado este martes en el Congreso la proposición de ley registrada por Vox para reformar la Ley de Defensa Nacional y permitir que las Fuerzas Armadas se impliquen directamente en la lucha contra la inmigración irregular. El PP ha respaldado que la iniciativa continúe su tramitación, sobre todo para garantizar que los militares sean considerados agentes de la autoridad y puedan efectuar detenciones, aunque ha dejado claro que el texto requiere modificaciones.
El portavoz del PP en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Rafael Hernando, ha detallado que su grupo apoyará la propuesta "con el fin de enmendarla", insistiendo en que España debe revisar su modelo frente a la inmigración ilegal para disuadir nuevas entradas y agilizar las expulsiones.
Durante su intervención, Hernando ha señalado que en Ceuta "ha existido y existe una invasión consentida e instrumentalizada por Marruecos" y ha denunciado que ciudadanos marroquíes fueron empleados como "carne de cañón" en una "operación de guerra híbrida" contra la integridad territorial y la soberanía de España y contra el flanco sur de la Unión Europea.
Vox reclama presencia militar estable en las fronteras de Ceuta
La defensa de la proposición ha corrido a cargo del diputado de Vox José María Sánchez García, que plantea retocar el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional para incorporar de forma expresa que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal, especialmente tras la entrada irregular de miles de personas en Ceuta a finales de julio.
El partido que lidera Santiago Abascal busca ensanchar una de las funciones de apoyo ya previstas en la norma, sin modificar el resto del listado de misiones encomendadas al Ejército. La finalidad es que los militares puedan actuar en respaldo de las FCSE en este tipo de escenarios.
Sánchez García ha argumentado que la realidad de Ceuta y Melilla constituye un problema "crónico y permanente" derivado de su situación geográfica y ha defendido que ambas ciudades dispongan de una frontera "defendida por el Ejército" de forma estable. "Esa permanencia del problema justificaría también una permanencia en la solución", ha remachado.
El PSOE se opone a convertir la inmigración en tarea militar
En nombre del PSOE, el diputado José Antonio Rodríguez Salas ha avanzado el voto en contra de su grupo a la proposición --que se someterá a votación este miércoles-- al considerar que la legislación vigente "ya contempla" la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad y defensa de España, su actuación ante situaciones de grave riesgo y las operaciones encaminadas a salvaguardar la soberanía y la independencia nacionales.
Rodríguez Salas ha subrayado que, si un Estado extranjero utiliza un flujo migratorio para presionar o desestabilizar a España, la respuesta debe articularse mediante las capacidades diplomáticas, policiales, de inteligencia, económicas, europeas y, cuando proceda, militares. "Se puede defender el control de las fronteras sin militarizar la política migratoria", ha sostenido, rechazando que la inmigración irregular pase a ser "por definición" una cuestión de naturaleza militar.
Sumar también adelantará un voto "enfáticamente" contrario a la reforma de la Ley de la Defensa Nacional. Su diputado Txema Guijarro ha tildado la iniciativa de "oportunista" y ha censurado que sitúe la inmigración "en el mismo espacio normativo que el terrorismo". Asimismo, ha recalcado que una cosa es que un Estado extranjero pueda instrumentalizar movimientos migratorios para ejercer presión "y otra distinta convertir a quienes cruzan una frontera en una amenaza militar".
Rechazo generalizado de los grupos minoritarios
El PNV igualmente se desmarca de la propuesta. Su parlamentario Mikel Legarda ha recordado que las Fuerzas Armadas ya tienen competencias cuando agentes externos emplean movimientos migratorios como acciones híbridas, pero considera que su apoyo a las FCSE ante estos flujos no precisa de una nueva regulación. "No son servicios ni funciones intercambiables", ha recalcado en referencia a las tareas militares y policiales.
Desde ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro ha definido la proposición de Vox como "oportunista, populista y demagógica", ha denunciado que atribuye a las Fuerzas Armadas una misión que no les corresponde y ha acusado al texto de vincular la inmigración irregular con el islamismo y el terrorismo. También ha alertado a PP y PSOE del peligro de acabar "comprando el marco reaccionario racista" de la ultraderecha.
Finalmente, Podemos y BNG se han sumado al rechazo de la iniciativa. El diputado Javier Sánchez Serna ha reprochado a Vox que pretenda "equiparar inmigración y terrorismo" y transformar a las personas migrantes en un "objetivo militar", mientras que el representante del BNG, Néstor Rego, ha advertido de que la propuesta implica avanzar hacia una "militarización de la sociedad" y ha acusado a Vox de mezclar inmigración con delincuencia y terrorismo. Ni Bildu ni Junts han intervenido en este debate.