El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, sostiene que “lo más preocupante” de la decisión del Tribunal Supremo (TS) es que “se suma a una campaña política claramente, a una campaña de deslegitimación de la democracia” con el auto que suspende de forma cautelar el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad mediante la denominada 'ley de nietos', así como de las nuevas inscripciones.
En declaraciones a los medios en Córdoba, Santiago ha subrayado que se trata de “una clara muestra de la intervención en política de algunos sectores judiciales, reducidos, porque obviamente no es la inmensa mayoría del Poder Judicial, ni mucho menos, pero son sectores ubicados en posiciones donde pueden hacer mucho daño”, y ha enlazado esta situación con “ese afán del PP de controlar al 100% las vocalías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para garantizar que los nombramientos en los altos tribunales estén bajo su control”.
Según ha expuesto, “a esta situación se llega porque el PP establece un control férreo, politiza la justicia y cuando no le da resultado, ya se sabe, durante once años de nuestra democracia, el PP ha bloqueado la renovación de las vocalías del Consejo General del Poder Judicial, que son las que hacen esos nombramientos de jueces en las altas cortes, cada vez que entendía que no tenía una composición en el CGPJ que le favoreciera al 100%”.
En su análisis, denuncia que “es una manipulación de la justicia absoluta, está creando un gran daño a la imagen de la justicia y en las últimas encuestas del mes de julio, más de un 65% de los españoles opinan claramente que la justicia está politizada, que hay guerra jurídica”, algo que califica de “triste, porque de los 5.500 jueces que hay en España la inmensa mayoría hace un trabajo de servicio público encomiable, con no todos los medios que tendrían que tener, y que por una minoría que trabaja claramente para el PP, exista este descrédito entre la sociedad española, es muy triste”.
Por ello, ha reclamado a PP y Vox que “dejen de meter sus manazas en la justicia, que dejen de enturbiar la independencia judicial y que dejen de utilizar a la justicia como un partido político más”, remarcando que tras esta resolución “en el mundo jurídico hay absoluta estupefacción”.
Al hilo, ha apuntado que “parece claramente que el Tribunal Supremo se ha arrogado competencias que no tiene, que son del Tribunal Constitucional (TC), como suspender el efecto de una ley”. A su entender, “al Tribunal Supremo si no le parece correcta la aplicación de una ley a la Constitución, lo que tiene que hacer es plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que figura en la ley claramente, y no suspender la aplicación de una ley”.
Competencias del TC y derecho al voto
En este contexto, el dirigente de IU ha enfatizado que “la aplicación de una ley en nuestra democracia sólo la puede suspender el Tribunal Constitucional o el Congreso de los Diputados, no el Tribunal Supremo”, por lo que rechaza el auto al entender que “realiza una clara discriminación de derechos, al anular un derecho fundamental, el derecho al voto del artículo 23 de la Constitución, sin cuestionar el derecho a la nacionalidad”. “Eso no puede ser”, ha remarcado.
En esta línea, ha razonado que “debería haber cuestionado el derecho a la nacionalidad, porque el derecho al voto es inseparable del derecho a la nacionalidad, con lo cual tampoco tiene mucho fundamento jurídico”. Además, ha recordado que “esto es una cuestión, la validez jurídica o no, porque parece que el Supremo lo fundamenta todo en una instrucción que ya en el año 2008 la justicia resolvió y no encontró ningún tipo de problema”.
Mientras tanto, Santiago ha acusado a PP y Vox de que “no reconocen resultados electorales, salvo cuando ellos ganan”. “Esa es la absoluta realidad”, ha afirmado, para remarcar que “en todos los procesos autonómicos en los que ha habido una mayoría del PP que, asumiendo los programas ultras de Vox, les ha permitido gobernar, no han cuestionado el sistema electoral”.
En este sentido, ha explicado que “en este caso, el sistema electoral autonómico lo llevan las mismas empresas e instituciones que sacan adelante el sistema de las elecciones generales y ese sistema sí lo cuestionan, como en las anteriores generales, cuestionando el voto por correo y empresas como Indra”.
Asimismo, ha señalado que “al mismo magistrado que ha sido ponente en esta resolución ya se le ocurrió en un encuentro con Aznar cuestionar a Indra”, pero “cuando el resultado corresponde a unas elecciones autonómicas parece ser que nadie lo cuestiona si gana el PP”, ha reiterado Santiago.