El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU CEFAS) y el Instituto Juan de Mariana plantean derogar, simplificar o reformar a fondo 453 de las 598 normas con rango de ley aprobadas en España entre 2004 y 2025, lo que equivale al 76% del total.
El informe, presentado este jueves en la Universidad CEU San Pablo, examina la producción legislativa de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y concluye que tres de cada cuatro disposiciones analizadas deberían ser objeto de algún tipo de revisión.
El documento, titulado “Desenredar España II”, amplía la auditoría normativa difundida en febrero, entonces centrada en las leyes aprobadas bajo los mandatos de Sánchez, incorporando ahora los dos gobiernos anteriores para ofrecer una visión global de la evolución del ordenamiento jurídico español en las últimas dos décadas.
En esta línea, el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, ha remarcado que el fenómeno de la hiperregulación no es “exclusivo” de una fuerza política concreta, sino una “cuestión estructural y transversal”.
“Esto no va de partidos, esto no va de colores políticos”, ha insistido, si bien ha señalado que el incremento de normas ha sido especialmente intenso durante los gobiernos de Zapatero y, sobre todo, de Sánchez.
Según su análisis, los tres ejecutivos han continuado una senda de acumulación legislativa iniciada tras los gobiernos de José María Aznar, a los que considera los últimos en apostar de forma clara por la desregulación.
Por su parte, el coordinador del informe por parte del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, ha detallado que el estudio es fruto de una auditoría desarrollada durante el último año y medio para localizar las disposiciones que suponen “obstáculos” para la actividad económica y la libertad de las personas, así como aquellas que han quedado “desfasadas” o se solapan con normas posteriores.
“España tiene un gravísimo problema de sobrerregulación y nos hemos puesto manos a la obra para solucionarlo”, ha afirmado Sánchez de la Cruz, quien ha subrayado que el proyecto busca traducir en propuestas concretas las peticiones de simplificación normativa que también formulan organismos como el Banco de España y la Comisión Europea.
Tres gobiernos bajo la lupa
Por periodos, el estudio revisa 208 normas aprobadas durante la etapa de Zapatero (2004-2011), de las que propone derogar 41, revisar 32 por los excesos introducidos en la transposición de normativa europea y reformar en profundidad otras 64. Las 71 restantes, el 35%, podrían mantenerse sin cambios prioritarios.
En el caso del Ejecutivo de Rajoy (2011-2018), se han evaluado 147 disposiciones: 34 deberían derogarse, 27 revisarse para corregir excesos regulatorios y 51 reformarse de manera profunda. Solo 35, el 24%, quedarían fuera de una intervención prioritaria.
Respecto al periodo de Sánchez, la primera entrega del proyecto, presentada en febrero y centrada en las 243 normas aprobadas durante su mandato, planteó derogar 57, negociar la eliminación de otras 31 ligadas a compromisos europeos, corregir los excesos regulatorios de 40 y reformar a fondo otras 76. Solo 39 no requerirían una actuación inmediata.
Sumando las tres etapas, las recomendaciones se concretan en 132 derogaciones directas, otras 31 condicionadas a la comunicación y negociación con la Comisión Europea por su vinculación al Plan de Recuperación, 99 revisiones para suprimir cargas añadidas a las exigidas por la normativa comunitaria y 191 reformas profundas. Las 145 normas restantes, el 24% del total, no precisarían cambios prioritarios a corto plazo.
El fenómeno del ‘gold-plating’
Los autores han aclarado que el informe no propone una eliminación masiva e indiscriminada de leyes.
En este contexto, Sánchez de la Cruz ha indicado que una parte relevante de las modificaciones sugeridas responde a los excesos que, a su juicio, España introduce al transponer directivas europeas. Como ejemplo, ha apuntado que la normativa española de protección de datos puede llegar a ser cuatro veces más gravosa en términos de carga burocrática que la de otros Estados de la Unión Europea.
Este fenómeno, conocido como ‘gold-plating’, se suma a la necesidad de revisar disposiciones que han quedado obsoletas o que se solapan con otras regulaciones ya vigentes. “Una cosa es que haya estándares europeos que tenemos que cumplir porque somos parte de la Unión Europea y otra es que estemos aprovechando las transposiciones para introducir una enorme capa de duplicidades y requisitos que no son exigidos por el legislador comunitario”, ha explicado.
Entre las principales líneas de actuación del informe destacan la revisión de la legislación educativa, la simplificación de las obligaciones de los trabajadores autónomos, la reforma de la normativa laboral y la reducción de las cargas administrativas que soportan empresas y emprendedores.
Impacto en la libertad económica y personal
Ante este entramado normativo, el coordinador del informe por parte de CEU CEFAS, Emilio Esteban-Hanza, ha advertido de que la acumulación de leyes puede convertirse en un “freno estructural” para la actividad económica y la libertad de los ciudadanos.
En este marco, Esteban-Hanza ha reiterado su respaldo al proyecto y ha insistido en que no persigue suprimir la regulación sin criterio, sino llevar a cabo una auditoría con parámetros claros que permita avanzar hacia un entorno “mucho más sencillo, más estable, más previsible”.
“Las leyes y las normas tienen que ser claras, pocas y que se cumplan”, ha remachado el director de CEU CEFAS, Elio A. Gallego García.
Inteligencia artificial al servicio de la auditoría
Para gestionar el volumen de disposiciones, el proyecto incorpora “Spain-Desreg”, una herramienta desarrollada por Foro Regulación Inteligente que procesa 649.000 disposiciones del Boletín Oficial del Estado mediante técnicas de aprendizaje automático, análisis de texto e inteligencia artificial.
El sistema contrasta las normas con más de 5.000 documentos de instituciones como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, y las valora según cinco criterios: carga regulatoria, complejidad, potencial de liberalización, grado de intervencionismo y extensión.
Además, el proyecto utiliza “Motosierra-desreg”, que permite detectar duplicidades, distorsiones de mercado, obsolescencia normativa y cargas adicionales introducidas en la transposición de legislación europea, así como generar borradores de posibles reformas.
Sánchez de la Cruz ha recalcado que estas herramientas permiten abordar un volumen de legislación que sería “inabarcable” mediante una revisión manual.
Con todo, los responsables del proyecto insisten en que la tecnología no sustituye el análisis experto, sino que facilita el estudio de las conexiones entre disposiciones para evitar que la derogación de una norma provoque contradicciones o vacíos legales. Los resultados deben ser validados por equipos de juristas, economistas y especialistas en políticas públicas.