La Junta General del Principado de Asturias ha dado este viernes el visto bueno a dos propuestas de resolución vinculadas a la política de vivienda, una impulsada por la diputada del Grupo Mixto y otra registrada de forma conjunta por PSOE e IU-Convocatoria. La iniciativa de Tomé exige activar el 'Plan de Prevención de Desahucios', ya aprobado en Comisión, con la finalidad de frenar la pérdida de la vivienda habitual tanto por ejecuciones hipotecarias como por impagos de alquiler.
En esta línea, la propuesta contempla coordinar “de manera inmediata” soluciones residenciales dignas antes de que se lleve a cabo cualquier lanzamiento.
Asimismo, la resolución reclama al Gobierno asturiano que continúe “de manera ágil” con los trabajos técnicos precisos para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado en aquellas zonas de los concejos asturianos donde los datos justifiquen esta figura.
Como tercer eje, el texto plantea diseñar un 'Plan Director de Vivienda Pública de Asturias 2027-2030', con encaje en el marco jurídico vigente y la meta de aumentar en 5.000 viviendas el parque público de la comunidad.
Según se recoge en la propuesta aprobada, el documento deberá incluir un estudio detallado de las circunstancias demográficas, geográficas y socioeconómicas de Asturias, con el fin de asegurar un reparto equilibrado por el territorio, así como fijar la dotación presupuestaria necesaria para alcanzar los objetivos marcados.
Impulso adicional del PSOE e IU a la vivienda pública
En cuanto a la propuesta registrada conjuntamente por PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, que ha contado también con el apoyo de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, se insta al Consejo de Gobierno a reforzar las políticas públicas de vivienda en el Principado.
El texto aprobado pide al Ejecutivo autonómico, en primer lugar, seguir promoviendo nuevas promociones de vivienda pública, con la vista puesta en llegar a un parque de 15.000 viviendas en un plazo de diez años.
En segundo término, la resolución solicita duplicar las ayudas al alquiler, de manera que la cobertura pueda alcanzar a 10.000 familias asturianas a lo largo del próximo ejercicio.
Del mismo modo, la Cámara autonómica exige continuar con la declaración de zonas tensionadas en aquellos barrios, pueblos y ciudades cuyos indicadores respalden la necesidad de esta medida.
Finalmente, el texto reclama al Gobierno regional que cierre y firme, antes del 31 de diciembre de 2026, un Pacto Social por el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible junto con los integrantes del Consejo Autonómico de la Vivienda.
Con este paquete de medidas, sus promotores subrayan la importancia de garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible para toda la ciudadanía asturiana.