El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha responsabilizado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –y en particular a su bloque conservador– de dilatar la tramitación de la queja que presentó contra el juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, con el objetivo de que este acabe teniendo “impunidad”.
Así lo sostiene en un recurso de alzada registrado ante el propio CGPJ contra la resolución que le negó el acceso al expediente íntegro de su denuncia contra Peinado y que, según han señalado este viernes fuentes del Ministerio de Justicia, le habría generado una “evidente indefensión”.
En ese escrito, el ministro subraya que, “durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia”.
“Sin embargo, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia”, añade Bolaños en su recurso.
El titular de Justicia concluye que “durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado”, prevista para esta misma semana, “terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él”.
“Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia”, sostiene en el texto.
A juicio de Bolaños, se trata de una “apariencia particularmente dañina”, porque “alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial”.
Con este nuevo recurso, el ministro intenta lograr lo que, afirma, el CGPJ “también” le ha “negado” hasta ahora: “El acceso al expediente completo para poder ejercitar las acciones legales que me corresponden”.
Recurso por indefensión y posible revelación de secretos
Desde el Ministerio de Justicia detallan que, cuando Bolaños supo el pasado agosto que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ había archivado su queja contra Peinado, pidió al órgano de gobierno de los jueces “disponer de todo el expediente para poder impugnar fundadamente” la negativa a facilitarle el acceso completo a la documentación.
Ante la denegación, explican las mismas fuentes, el ministro “tuvo que presentar el recurso de alzada sin elementos de juicio que eran imprescindibles para su defensa”.
En particular, señalan que Bolaños desconocía “la fecha en la que el CGPJ comunicó a Peinado la denuncia presentada por el ministro”, un dato que considera “relevante para esclarecer si, cuando elevó la exposición razonada, conocía que el ministro le había denunciado”.
“La negativa a facilitar esa información impide verificar circunstancias directamente relacionadas con el derecho fundamental a un juez imparcial, ya que de la secuencia temporal de los hechos podría deducirse que el conocimiento de las quejas presentadas contra Peinado influyeron en su decisión de pedir al Tribunal Supremo la imputación del ministro”, añaden desde Justicia.
Para el departamento, de este modo “se priva al ministro de un elemento esencial para el ejercicio de las acciones que le reconoce el ordenamiento jurídico”.
Asimismo, reprochan que tampoco se le facilitó la información relativa a la investigación interna que el CGPJ habría realizado sobre las filtraciones denunciadas en la causa, donde, según remarcan, se produjo un “gran número” de ellas.
Consideran “imprescindible” aclarar, “teniendo en cuenta que las resoluciones filtradas estaban en conocimiento de muy pocas personas”, si el CGPJ llevó a cabo una pesquisa suficiente “para esclarecer los hechos y determinar o, en su caso, descartar la responsabilidad del juez Peinado en una posible revelación de secretos”.
Desde Justicia insisten en que “denegarle el acceso” a estos datos “esenciales para el ejercicio de su derecho de defensa” ha provocado “una indefensión real y efectiva” a Bolaños, que con su recurso expresa su “desconcierto por los tiempos con los que se ha tramitado su denuncia inicial y su posterior recurso”, concluyen.
Archivo de las quejas y críticas al CGPJ
Este nuevo recurso de alzada llega pocos días después de que el CGPJ rechazara, por entender que “excede” de sus competencias y que no aprecia “indefensión”, el recurso que Bolaños había interpuesto contra el archivo de su queja frente al juez instructor del 'caso Begoña Gómez'.
En aquel escrito, el ministro reclamaba reabrir las diligencias contra Peinado a raíz de la queja que formuló por su “actitud objetivamente intimidatoria” cuando le interrogó como testigo en la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que el magistrado ha enviado a juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.
Bolaños censuró entonces, entre otros aspectos, la falta de celeridad del CGPJ en la tramitación, y la Comisión Permanente respondió que “fue ampliando sucesivamente sus escritos de queja --presentó un total de cuatro entre el 4 de junio y el 3 de octubre de 2025-- que obligaron en cada ocasión a pedir informe al magistrado”, lo que habría ido posponiendo “su decisión definitiva”.
No obstante, dos vocales emitieron un voto particular en el que sostenían que la tardanza en resolver la diligencia informativa “debía ser expresamente reconocida y que debían examinarse tanto sus causas como su eventual incidencia sobre la prescripción”: “Admira la diligencia en resolver el recurso de alzada y asombra su ausencia en tramitar la queja”.
En su recurso, el ministro achacó el archivo de las quejas al “conservadurismo” o “corporativismo” del CGPJ y denunció que la actuación del órgano “difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general”.
“La interposición del recurso de alzada responde a la convicción de que los hechos e irregularidades denunciados no han recibido la respuesta jurídica que cabía esperar del órgano al que constitucional y legalmente se encomienda el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados”, concluyó Bolaños.