El juez cita al director general de Quirón Prevención por presunta corrupción en los negocios en la causa contra González Amador

El juez cita como investigado al director de Quirón Prevención en la causa contra González Amador por presunta corrupción y administración desleal.

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La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España).  Diego Radamés - Europa Press

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). Diego Radamés - Europa Press

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El Juzgado de Instrucción n.º 19 de Madrid ha fijado para el próximo 3 de diciembre la comparecencia del director general de Quirón Prevención, Fernando Javier Camino, a quien se llama a declarar en calidad de investigado dentro de la causa abierta contra su socio Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

Según consta en la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado concede ahora un plazo de cinco días a las partes personadas para que formulen sus alegaciones. Con esta decisión se mantiene en fase de instrucción la pieza separada en la que se indaga un posible delito de corrupción en los negocios.

Esta línea de investigación se inició tras un informe de la Agencia Tributaria que señalaba posibles irregularidades en la compra en 2020 de la sociedad Círculo de Belleza SL, una operación por la que la mercantil de González Amador habría desembolsado cerca de medio millón de euros por una empresa prácticamente sin actividad.

En un auto anterior, la magistrada acordó desgajar del procedimiento principal una nueva investigación por el presunto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" del Grupo Quirón que tendrían que haberse declarado. Lo hizo al estimar parcialmente un recurso de reforma presentado por PSOE y Más Madrid contra la resolución del 31 de julio, en la que la jueza había rechazado todas las diligencias solicitadas por estas formaciones, que ejercen la acusación popular.

La resolución judicial examina "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".

Para la acusación popular, tras la simulación subjetiva de esa operación mercantil podría existir "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención".