El Gobierno sostiene que resulta "materialmente imposible" que, antes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, se pueda establecer una distinción entre quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la 'ley de nietos' y aquellos que la adquirieron por otras vías, después de que el Tribunal Supremo acordara suspender cautelarmente el voto y las nuevas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), salvo en los casos de exilio acreditado.
Esta es la postura que el Ejecutivo ha trasladado, por medio de la Abogacía del Estado, en el trámite de alegaciones abierto por el alto tribunal tras el adelanto electoral y previo a pronunciarse sobre el fondo del procedimiento, según consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
En ese documento, el Gobierno defiende que "o se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA --pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna-- o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone".
Subraya igualmente que "ya que no es posible discernir en el CERA" en los "breves plazos" previstos por la legislación electoral entre los ciudadanos que accedieron a la nacionalidad por la 'ley de nietos' y "aquellos que son españoles por otros motivos".
Asimismo, los servicios jurídicos del Estado reprochan a Vox que el "verdadero propósito" de su actuación procesal es que "se elimine el derecho de voto de los españoles que proceden del exilio exterior en contra de la constante voluntad del legislador desde 2007".
El Supremo acordó el pasado septiembre suspender cautelarmente la aplicación de la 'ley de nietos' mientras estudia el fondo del recurso, alegando que actuaba en favor de la "transparencia" de los comicios ante el incremento del censo y porque, a su juicio, los intereses generales del Estado prevalecen sobre el derecho de sufragio de quienes han adquirido recientemente la nacionalidad.
Frente a esa resolución, el Ejecutivo interpuso recurso al entender que "no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del CERA" y que dicho aumento no puede modificar el resultado electoral "por pura matemática".
En su escrito, la Abogacía del Estado reclama a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que deje sin efecto la suspensión y revoque las medidas cautelares adoptadas, alertando además de que varios consulados están teniendo problemas para revisar todos los expedientes dentro de los plazos establecidos.