La Justicia inicia oficialmente este jueves un nuevo año judicial que arranca ya marcado por los primeros movimientos en la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y por la reactivación de los casos “Koldo”, “Leire Díez” y “Plus Ultra”.
Como es habitual, el acto solemne de apertura se celebrará en el Tribunal Supremo, con la presidencia del Rey Felipe VI y las intervenciones de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.
Para Peramato será su primera apertura de curso desde que asumió la Fiscalía General el pasado diciembre, tras la renuncia de su antecesor, Álvaro García Ortiz, que dimitió después de ser condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación como responsable de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Tras la pausa veraniega, se prevé un curso judicial tan intenso o más que el anterior, condicionado por esa condena a García Ortiz —primer fiscal general sentenciado— y por el juicio en el Supremo al exministro José Luis Ábalos por el “caso mascarillas”, que concluyó con una pena de 24 años de prisión.
En este nuevo periodo, se espera que la Audiencia Nacional (AN) concentre gran parte de la atención mediática con las causas que mantiene abiertas, mientras que el Supremo, más centrado en resolver recursos, no tiene en agenda investigaciones tan sonadas ni vistas orales de gran calado.
El alto tribunal, no obstante, deberá resolver el incidente de nulidad presentado por Ábalos contra su condena y continuar con las distintas investigaciones abiertas al eurodiputado Luis “Alvise” Pérez —aforado— por presuntos delitos de financiación ilegal, acoso, revelación de secretos y desórdenes públicos, además de pronunciarse sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno y sobre la llamada “ley de nietos”, que otorga la nacionalidad española a descendientes de exiliados.
Choque por la investigación de la crisis migratoria en Ceuta
La Audiencia Nacional instruye unas diligencias sobre la crisis migratoria de Ceuta que han provocado un enfrentamiento con el Ejecutivo por la decisión de la jueza María Tardón de ordenar reserva a los investigadores de la Policía Nacional para que no informaran a sus superiores del avance de las pesquisas.
Tardón ha solicitado varios informes a Policía y Guardia Civil, además de recabar el criterio de la Fiscalía, para determinar si le corresponde a ella investigar lo sucedido en la ciudad autónoma a finales de julio.
Por ahora, la Fiscalía ha respaldado que la magistrada continúe con el procedimiento y la Sala de Gobierno de la AN ha avalado su actuación, subrayando que “no ha interferido en la seguridad nacional”.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado esa decisión, al considerar que no existe incompatibilidad entre atender los requerimientos judiciales e informar a los responsables políticos en una situación grave como la de Ceuta.
El Gobierno argumenta que el hecho de que la cadena de mando de la Policía desconociera el informe elaborado por un departamento interno de extranjería y fronteras, que atribuye a fuerzas de seguridad de Marruecos el “guiado activo” de migrantes hacia la ciudad autónoma española, podía tener impacto en la seguridad nacional.
Pagos del PSOE y derivadas del caso Koldo
Más allá de la crisis de Ceuta, la Audiencia Nacional afronta en septiembre los interrogatorios a investigados en el “caso Leire Díez”, entre ellos la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, e Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García.
El juez Santiago Pedraz indaga en una supuesta trama destinada a frenar o desviar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría estado encabezada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante, aún no citados a declarar.
En este procedimiento se ha abierto además una pieza sobre los pagos que presuntamente habría realizado el PSOE a Díez —que se suma a la que sigue secreta en el “caso Koldo” por los pagos en metálico del partido para devolver gastos anticipados— y otra sobre el presunto amaño de contratos desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a cambio de comisiones ilegales.
Salvo cambios de última hora, el acto de apertura del año judicial coincidirá con la declaración como imputado del exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos, cuya sustituta, Mercedes González, ya compareció anteriormente como investigada.
Zapatero y el rescate de Plus Ultra
El juez José Luis Calama continuará al frente de las diligencias del “caso Plus Ultra”, en el que figuran como investigados el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, su socio Julio Martínez y antiguos directivos de la aerolínea.
Calama atribuye indiciariamente a Zapatero el liderazgo de una presunta red de tráfico de influencias que se habría beneficiado del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la compañía en 2021, en plena pandemia.
El ex jefe del Ejecutivo, que ya negó ante el juez haber influido en ese rescate, se comprometió a dar explicaciones sobre las joyas —tasadas de forma preliminar en 1,3 millones— que la Policía intervino en su despacho, aunque todavía no lo ha hecho y el magistrado no ha fijado fecha para las citaciones de sus hijas y de su secretaria.
La AN tiene igualmente pendientes las resoluciones de dos de los juicios más relevantes del año, que quedaron vistos para sentencia antes del parón de agosto: el de la “Operación Kitchen”, presunto dispositivo parapolicial para sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas, y el relativo al supuesto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol.
El Constitucional y la amnistía del procés
El Tribunal Constitucional (TC) empezará el 22 de septiembre a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes del “procés” contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley de amnistía, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la medida.
La corte de garantías arrancará con el recurso de Jordi Turull y proseguirá con las impugnaciones del expresidente catalán Carles Puigdemont, del exvicepresidente Oriol Junqueras y de otros exconsellers.
En el plano interno, el TC sigue pendiente de que los partidos pacten la renovación de cuatro de sus doce magistrados, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías, cuyos mandatos expiraron en diciembre. El calendario electoral, con las generales ya celebradas y las autonómicas previstas para 2027, complica el desbloqueo.
El juicio a Begoña Gómez, a la espera de fecha
La Audiencia Provincial de Madrid debe fijar ahora la fecha del juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la investigación del juez Juan Carlos Peinado, próximo a la jubilación, sobre su actividad profesional con la Universidad Complutense y el trabajo de su asistenta en Moncloa, Cristina Álvarez.
La acusación popular ejercida por Hazte Oír solicita 13 años de prisión para Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, y seis años para Álvarez por el primero, mientras que tanto la Fiscalía como las defensas niegan que exista delito y reclaman la absolución.