El Supremo envía a un juzgado de Tarragona la causa contra un exdiputado de Sumar por presunta prevaricación tras perder el aforamiento

El Supremo devuelve a un juzgado de El Vendrell la causa por presunta prevaricación contra el exdiputado de Sumar Félix Alonso tras perder el aforamiento.

El exdiputado de Sumar Félix Alonso Cantorné interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). Ricardo Rubio - Europa Press

El exdiputado de Sumar Félix Alonso Cantorné interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). Ricardo Rubio - Europa Press

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El Tribunal Supremo ha acordado remitir a un juzgado de El Vendrell (Tarragona) la causa que mantenía abierta contra el exdiputado de Sumar Félix Alonso Cantorné por un presunto delito de prevaricación, después de que haya dejado de estar aforado a raíz del adelanto de las elecciones generales.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor, Vicente Magro, declara que la Sala de lo Penal del Supremo carece ya de competencia objetiva para seguir con las diligencias y ordena que el procedimiento regrese al órgano judicial de origen.

El Supremo investigaba a Cantorné desde el pasado mes de abril, tras recibir una exposición razonada de los juzgados de El Vendrell, que habían incoado diligencias previas antes de que el entonces diputado adquiriera la condición de aforado.

La investigación se centra en varios contratos formalizados por el Ayuntamiento de Altafulla, municipio del que Cantorné fue alcalde entre 2011 y 2019, con distintas empresas que, supuestamente, no se ajustaron a la normativa de contratación pública.

De acuerdo con lo expuesto por la Sala de lo Penal del alto tribunal, "presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era", Cantorné "acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, con lo que eludía los requisitos de publicidad".

"Y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de acudir al procedimiento correspondiente, en ocasiones, incluso, sin acudir a procedimiento alguno", añadió la Sala, subrayando que "hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa".

En junio, el exdiputado compareció voluntariamente ante el Supremo para declarar y sostuvo la "legitimidad" de todos los contratos aprobados durante su etapa al frente del consistorio tarraconense, rechazando haber incurrido en ilegalidades.

Poco antes del adelanto electoral, el Pleno del Congreso de los Diputados autorizó al alto tribunal a investigar al entonces parlamentario al aprobar por unanimidad el suplicatorio solicitado por el Supremo.