El Tribunal de Cuentas ha remitido a su Sección de Enjuiciamiento la acción pública registrada por el PSOE para depurar posibles responsabilidades contables por la operación llevada a cabo por la empresa pública Planifica Madrid en la compra y posterior venta del ático situado en el Paseo del General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí.
Así se recoge en un escrito de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, donde se detalla que el pasado 30 de septiembre se recibió la documentación aportada por el PSOE en el marco de una acción pública para reclamar a la Comunidad de Madrid posibles responsabilidades contables derivadas de dicha operación.
En el documento se indica que todo el expediente ha sido trasladado a la Sección de Enjuiciamiento “para que, si procede, se les dé la tramitación prevista en los artículos 56 y concordantes” de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
La actuación se origina a raíz de la denuncia presentada por el PSOE ante el órgano fiscalizador por la operación vinculada al inmueble. Los socialistas solicitaron al Tribunal de Cuentas que analizara la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de Chamberí por 6,3 millones de euros, al entender que podría haberse producido un presunto “perjuicio patrimonial”.
En este contexto, la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha recalcado que “sigue adelante la investigación sobre el ático de la señora Ayuso”. “Ya está bien que sean los madrileños quienes con su dinero, dinero público, le estén pagando los aticazos a la señora Ayuso, sus viajes, todos sus disfraces, todos sus caprichos y todas estas presuntas ilegalidades que estamos denunciando”, ha manifestado.
Alcance de la denuncia del PSOE
En la denuncia, el PSOE plantea, entre otros extremos, la necesidad de determinar quién promovió la operación y cuál fue la “necesidad concreta” que sirvió de base para justificar la adquisición del inmueble.
Los socialistas reclamaron también aclarar de qué manera se diseñó la operación y, especialmente, si existió un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la elección del ático, el precio, las arras y el volumen de inversión, así como qué controles presupuestarios, técnicos y jurídicos debían aplicarse y si llegaron a ponerse en marcha.
Además, el PSOE sostuvo que, en la documentación remitida por la Comunidad de Madrid, no constaban ni un acuerdo concreto del consejo de administración sobre la compra, ni un expediente previo que acreditase la necesidad de adquirir el inmueble, ni un expediente específico de control presupuestario o de fiscalización de la operación.