El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la imputación por malversación solicitada por la Fiscalía en relación con las joyas recibidas por José Luis Rodríguez Zapatero durante su etapa al frente del Gobierno. El magistrado considera que no existía entonces ninguna disposición legal que obligara a incorporar automáticamente al patrimonio público los regalos recibidos por altos cargos en el ejercicio de sus funciones.
En su resolución, Calama explica que el Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2005 tenía carácter ético y de autorregulación, pero carecía de valor normativo suficiente para determinar la titularidad pública de los bienes.
El instructor rechaza así que las obligaciones recogidas en aquel código puedan servir para ampliar el alcance del delito de malversación. A su juicio, aceptar esa interpretación supondría utilizar unas normas de conducta sin fuerza de ley para fundamentar una responsabilidad penal, en contra del principio de legalidad.
El juez descarta que los regalos pasaran automáticamente a ser patrimonio público
El auto examina la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la malversación de caudales públicos. Calama recuerda que, en los precedentes analizados, los bienes investigados ya tenían naturaleza pública, aunque todavía no hubieran sido incorporados formalmente a las arcas del Estado.
En aquellos casos existía una obligación jurídica previa de entregar los bienes a la Administración. Por ello, el hecho de que no se hubieran contabilizado o incorporado materialmente al patrimonio público no impedía apreciar un posible delito de malversación.
Sin embargo, el juez considera que esa circunstancia no concurre en el caso de las joyas incautadas, porque en el momento de los hechos no había una norma que estableciera su incorporación obligatoria al patrimonio estatal.
El magistrado también rechaza que pueda aplicarse retroactivamente una regulación posterior para atribuir carácter público a los regalos. Según explica, hacerlo supondría extender el delito de malversación a una conducta que no estaba contemplada legalmente cuando se produjeron los hechos.
Calama admite que la apropiación de las joyas podría merecer reproches éticos o políticos, pero concluye que no puede considerarse malversación si no se acredita que los bienes pertenecían a la Administración o debían incorporarse legalmente a su patrimonio.
Por este motivo, descarta la imputación solicitada por el Ministerio Fiscal, al entender que falta uno de los elementos esenciales del delito.
Los delitos por los que Zapatero continúa investigado
La decisión de Calama no afecta al resto de las investigaciones abiertas contra José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. El expresidente continúa investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa principal del caso Plus Ultra, relacionada con el destino de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno para el rescate de la aerolínea en 2021.
A estas diligencias se suma una pieza separada abierta tras el hallazgo de numerosas joyas en la caja fuerte de su despacho, durante el registro practicado el pasado mes de mayo. En ella, el magistrado investiga posibles delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando, ante las dudas sobre la procedencia de las piezas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras correspondientes.
Las joyas fueron valoradas inicialmente en más de 1,3 millones de euros. Zapatero sostiene que recibió los conjuntos de mayor valor como regalo del entonces rey de Arabia Saudí durante una visita oficial a España en 2007.
El rechazo a ampliar la imputación por malversación no modifica, por tanto, la situación procesal del expresidente en las demás diligencias, que continúan abiertas.
Paralizada la inspección de Hacienda a Zapatero y su familia
En una segunda resolución, el magistrado ha acordado paralizar los procedimientos de inspección abiertos por la Agencia Tributaria respecto de José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa y sus hijas.
La decisión también afecta al investigado Julio Martínez y a varias sociedades vinculadas a ellos.
Hacienda había consultado previamente al juzgado sobre la continuidad de sus actuaciones, dado que la existencia de un procedimiento penal puede condicionar las investigaciones administrativas sobre los mismos hechos.