El exasesor ministerial Koldo García ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que solicita que se deje sin efecto la condena a 19 años de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas' y que se le permita abandonar la prisión mientras el órgano de garantías analiza su impugnación.
Según se recoge en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pide al Constitucional que anule la sentencia y “retrotraiga las actuaciones al momento procesal que corresponda para que el órgano judicial competente dicte nueva resolución respetuosa con los derechos vulnerados”.
En su recurso, Koldo sostiene que se han conculcado sus derechos fundamentales a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia letrada, a un proceso con todas las garantías, a la prueba, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, sancionadora y punitiva.
Además, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos —condenado a 24 años de cárcel— reclama que se paralice la ejecución de las penas de prisión “mientras se sustancia el recurso, porque su cumplimiento haría perder al amparo su finalidad”, en una petición similar a la formulada por el propio exministro de Transportes.
En el escrito se argumenta que “la suspensión no ocasiona perturbación grave a ningún interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona, que son los límites que el propio precepto establece. No afecta a la responsabilidad civil ni a los derechos de los perjudicados, que conservan intacta la posibilidad de ejecutarla”.
Con carácter alternativo, plantea que, si el TC no accede a la suspensión total de la condena, se sustituya su estancia en prisión por otras medidas cautelares que el tribunal considere adecuadas, como “comparecencias periódicas, retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional o control telemático”.
El recurso está firmado por la abogada que hasta ahora ejercía su defensa, Leticia de la Hoz, quien esta misma semana ha renunciado al caso por discrepancias con su cliente. Pese a ello, fuentes jurídicas citadas por Europa Press señalan que la letrada continuará, por el momento, representando a Patricia Uriz, expareja de Koldo, y a Joseba García, su hermano, investigados en la Audiencia Nacional.
Críticas a la competencia del Supremo y a la prueba
En el escrito, Koldo cuestiona que el Tribunal Supremo asumiera la competencia del procedimiento, al considerar que “traía causa exclusivamente del aforamiento del coacusado Ábalos” por su condición de diputado, condición que él no ostentaba, ya que “nunca ha tenido condición de aforado”.
Recuerda que “el suplicatorio se concedió por los contratos de material sanitario y determinados alquileres. La condena alcanza hechos ajenos a él, como Air Europa, Ineco y Tragsatec”, aludiendo a que en el juicio se abordaron también el rescate de la aerolínea y la contratación de una expareja de Ábalos en esas empresas públicas.
El exasesor sostiene igualmente que la sentencia se apoya en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “sobre 26 dispositivos, unos diez 'terabytes'”, y denuncia que “se negaron a la defensa el clon y los códigos 'hash'”. “Y los dispositivos devueltos eran inaccesibles”, añade, al considerar que ello mermó sus posibilidades de defensa.
Subraya, además, que la Audiencia Nacional mantiene abierta otra investigación sobre él por “la misma operativa” en el denominado 'caso Koldo', lo que, a su juicio, vulneraría “la prohibición de doble proceso”.
Comparación con el trato a Víctor de Aldama
El recurso también carga contra la rebaja de pena otorgada al empresario Víctor de Aldama, al que el Supremo impuso cuatro años de prisión pero le permitió eludir su ingreso en la cárcel por su colaboración con la causa.
En este sentido, se afirma que “el coacusado se conformó con la acusación del fiscal, obtuvo dos grados de rebaja y la suspensión, y declaró después contra el recurrente. Es una conformidad parcial que la ley no admite, porque un mismo hecho no puede tenerse por cierto por conformidad e incierto por la prueba. El acuerdo no constó por escrito ni se sometió a control judicial, y la defensa no pudo conocer su gestación”.
Tanto Koldo como Ábalos se encuentran en prisión desde el 27 de noviembre de 2025 —antes de la celebración del juicio— y fueron condenados el pasado junio por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que Aldama fue sentenciado por organización criminal y cohecho.