La Audiencia Nacional tiene previsto analizar el próximo 13 de noviembre la solicitud de entrega a Estados Unidos del filántropo estadounidense propalestino Fergie Chambers, quien ha denunciado "mala fe" por parte de las autoridades norteamericanas en la traducción de la documentación remitida a España.
Según un comunicado del despacho del exmagistrado Baltasar Garzón, que ejerce la defensa de Chambers, se ha informado al tribunal de "las discordancias detectadas" en esos textos traducidos.
El bufete detalla que entre las irregularidades figura la sustitución del término "acción directa" por "violencia directa", la inclusión en el relato de los hechos vinculados a las protestas contra la empresa estadounidense Elbit Systems de "tres incendios" que, sostiene, no constan en el original, o el uso del término "activación" de botes de humo por "detonación".
"Todos estos cambios han sido después reproducidos en documentos del procedimiento en España, pero no estaban en la documentación original", recalca la nota.
La defensa del activista millonario considera que estas modificaciones son relevantes "porque incluye presupuestos de violencia, peligrosidad, finalidad y autoría" y sostiene que "existen motivos para sospechar que las alteraciones más relevantes pueden responder a un ejercicio de mala fe de EEUU dirigido a inducir a error a las autoridades españolas al calificar los hechos y decidir sobre la extradición".
En conjunto, la representación legal afirma haber localizado 12 "alteraciones sustanciales de la traducción" que, a su juicio, "elevan la gravedad de los hechos" y podrían "incidir en la calificación de los delitos en España", lo que "abriría la puerta a la extradición de Chambers".
Tres cargos penales en Estados Unidos
El comunicado precisa que Estados Unidos imputa a Chambers los presuntos delitos de blanqueo de capitales, desórdenes y una supuesta conspiración para causar desórdenes.
Sobre los cargos de desórdenes y conspiración para cometer desórdenes, el despacho explica que se refieren a protestas contra una compañía fabricante de armamento israelí en territorio estadounidense y subraya que esos hechos "ya fueron juzgados, y en ellos otras personas fueron condenadas a unos 60 días de prisión". Añade además que, en el caso de la conspiración, ese comportamiento "no es un elemento punible" en el ordenamiento español.
En relación con la acusación de blanqueo de capitales, la defensa sostiene que "la reclamación de EEUU no reprocha el origen de los fondos, sino la afinidad ideológica de su destino".
"Es importante aclarar que en la denuncia penal remitida por EEUU no se acusa a Chambers de ningún delito relacionado con organizaciones terroristas", insiste el escrito.
De este modo, el despacho concluye que, a su entender, el activista propalestino "está siendo perseguido no por actividades delictivas, sino por su actividad política y por el apoyo económico que ha prestado a determinadas causas y proyectos humanitarios".
Prisión provisional y riesgo de fuga
Fergie Chambers fue arrestado el pasado mes de julio en Ibiza y desde entonces permanece en situación de prisión provisional en el centro penitenciario de Aranjuez (Madrid).
En octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó su salida de prisión, pese a que tanto el juez instructor, Antonio Piña, como la Fiscalía se habían mostrado favorables a su excarcelación. La decisión llegó después de una vista técnica sobre la extradición en la que Chambers manifestó su negativa a ser entregado.
El tribunal apreció un elevado riesgo de fuga y rechazó las alternativas de control propuestas por la defensa, como la imposición de una fianza, la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado o la retirada del pasaporte.
Los magistrados recordaron que Chambers se opone a ser entregado a Estados Unidos y dispone de recursos económicos suficientes para facilitar un cambio de residencia a otro país que pudiera garantizar que no será extraditado. Por ello, concluyeron que la simple retirada del pasaporte resultaría insuficiente.
"El riesgo de fuga sigue inmanente, el recurrente no quiere ser entregado a Estados Unidos y tiene capacidad económica suficiente, él nos lo alega, para facilitar el cambio de residencia a cualquier otro país que pensara que pudiera garantizarle la no entrega a los Estados Unidos; y la retirada de pasaporte no sería suficiente, puesto que los controles fronterizos terrestres son absolutamente permeables, por ello, la única medida idónea para garantizar el éxito en la entrega, si procediera, es la prisión provisional", argumentaron en su resolución.