La autoridad judicial del Juzgado n.º 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado al ex futbolista de la U.D. Las Palmas Sergio Araujo devolver la vivienda a su ex pareja y a la hija menor de ambos, además de imponerle una orden de alejamiento.
Estas medidas cautelares de protección se adoptan dentro de unas diligencias previas abiertas contra el exjugador de la U.D. Las Palmas, tras una denuncia por presuntos delitos vinculados a violencia de género y a la ocupación de una vivienda familiar, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El órgano judicial considera que existen indicios suficientes para acordar medidas de protección a favor de la denunciante, ex pareja de Araujo, y de su hija menor, mientras prosigue la investigación de los hechos.
Entre las medidas acordadas figura la prohibición para el investigado de acercarse a menos de 500 metros de la denunciante, de su domicilio, de su lugar de trabajo o de cualquier otro espacio en el que se encuentre, así como la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con ella por cualquier vía.
En el ámbito civil, el juzgado atribuye de forma provisional la guarda y custodia de la menor a la madre, manteniendo el ejercicio compartido de la patria potestad hasta que se dicte resolución en el procedimiento de familia correspondiente. Igualmente, se mantiene el régimen de alimentos ya fijado con anterioridad.
La resolución judicial ordena el desalojo de la vivienda familiar por parte de las personas que la ocupaban y dispone la entrega de las llaves y la restitución del inmueble a la denunciante y a su hija, con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si fuera preciso.
El auto fundamenta estas medidas en las diligencias practicadas hasta el momento, entre ellas declaraciones testificales e informes policiales que, según recoge la propia resolución, apuntan a que la vivienda era el domicilio habitual de la denunciante y de su hija antes de la ocupación que se está investigando.
En cualquier caso, el procedimiento continúa en fase de instrucción y las medidas acordadas son de carácter cautelar, sin que supongan un pronunciamiento sobre el resultado definitivo del proceso ni sobre la posible responsabilidad penal de las personas investigadas.