Los dos acusados en el caso Olzinelles rechazan haber lanzado objetos ni desobedecido a los Mossos

Los acusados del caso Olzinelles niegan lanzamientos y desobediencia a los Mossos mientras Fiscalía pide 6 años de cárcel y las defensas reclaman absolución.

Concentración frente a la Audiencia de Barcelona en apoyo a los dos acusados de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad en el marco de un desahucio en el barrio de Sants de Barcelona en 2020 EUROPA PRESS

Concentración frente a la Audiencia de Barcelona en apoyo a los dos acusados de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad en el marco de un desahucio en el barrio de Sants de Barcelona en 2020 EUROPA PRESS

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Los dos activistas procesados por presuntamente causar altercados y arrojar objetos a los Mossos d'Esquadra durante una protesta contra el desalojo de un bloque ocupado en la calle Olzinelles, en el barrio de Sants, en febrero de 2020, han negado haber efectuado lanzamientos contra la línea policial, mantener una actitud desafiante, resistirse o desobedecer a los agentes.

Así lo han manifestado a preguntas de sus defensas en la vista celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha podido celebrarse tras 5 suspensiones previas. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos 6 años de prisión por delitos de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad.

Uno de los acusados ha relatado que llegó a Barcelona en septiembre de 2019, procedente de Euskadi, para cursar estudios universitarios y que, tras regresar sus amistades al acabar el primer cuatrimestre, él se quedó "poco acompañado" en la ciudad. Por ello, aquel día decidió acercarse a Sants a pasear coincidiendo con el carnaval.

Ha descrito que en la calle Olzinelles había música, ambiente festivo, niños y disfraces, y que la irrupción policial fue muy rápida, con mucho ruido, lo que le llevó, "por inercia", a refugiarse en la entrada de un parking junto a otras personas, donde fue identificado sin saber por qué.

Ha indicado que no tuvo conocimiento de que existía un procedimiento penal contra él hasta un año más tarde, cuando ya había regresado a Euskadi, y que el caso se le ha hecho largo y difícil por la "incerteza" generada por las continuas suspensiones, con repercusiones laborales, familiares y personales que le han impedido planificar su vida y su futuro.

El otro procesado ha contado a su defensa que acudió a la calle Olzinelles con una conocida para disfrutar del carnaval, donde había comparsas y un ambiente que ha calificado de agradable, y que decidieron permanecer allí un rato.

Ha negado haber hecho ningún lanzamiento y ha explicado que, un año después de los hechos, le comunicaron que estaba siendo investigado, inicialmente sólo por un delito de desórdenes públicos.

En relación con las dilaciones y las sucesivas suspensiones del juicio, ha subrayado que le han afectado profundamente en el plano personal y laboral, y que compaginar su trabajo en una escuela con el procedimiento judicial le ha generado "angustia".

Declaraciones de los Mossos d'Esquadra

Uno de los mossos que ha comparecido como testigo a instancias de la Fiscalía ha explicado que la ARRO fue activada sobre las 22.00 horas, después de un intento fallido de mediación por parte de los agentes de seguridad ciudadana, ya que un grupo de personas había ocupado un edificio de obra nueva en la calle Olzinelles y en la puerta se concentraba alrededor de medio centenar de personas que impedían el acceso al propietario.

Según su versión, fueron requeridos porque "la situación estaba cada vez más tensa", y se les ordenó desalojar la entrada del inmueble y revisar los pisos, que estaban a punto de ser entregados, ante la sospecha de que hubiesen sido ocupados.

El agente ha relatado que, cuando llegaron, los concentrados habían cortado la calle y colocado diverso material de obra, así como mesas y pancartas, y que se lanzaron dos carros de la compra calle abajo, impactando uno de ellos contra una de las furgonetas policiales.

Ha añadido que, al desencochar, los agentes empezaron a recibir lanzamientos de objetos, aunque ha precisado que no fueron masivos, sino "puntuales y contundentes", y que identificó a uno de los acusados como el autor del lanzamiento de una piedra o una botella porque se encontraba a escasa distancia.

Versión de los testigos de la defensa

Uno de los testigos propuestos por las defensas ha asegurado que aquel día se celebraba una "rúa festiva" de carnaval, con actividades lúdicas en la calle, como un pica-pica, y que la gente estaba bailando y haciendo manualidades.

Este testigo ha señalado que, en un momento dado, aparecieron varios furgones policiales, que los antidisturbios desencocharon, cargaron contra los presentes y procedieron a identificarlos, pero ha negado haber visto lanzamientos contra la línea policial.

Otra testigo, también presentada por las defensas, ha afirmado que acudió con uno de los acusados a lo que ha descrito como una "merienda con música y ambiente distendido" en la calle Olzinelles por el carnaval y que, tras un momento de dispersión de los asistentes, supo que habían llegado los mossos.

Ha indicado que los agentes identificaron a varias personas —incluida ella misma— y ha negado que se produjeran lanzamientos de botellas, piedras, mesas o puertas contra la línea policial, como sostiene el Ministerio Fiscal.

Posturas de Fiscalía y defensas

La Fiscalía sostiene que el grupo concentrado en la calle Olzinelles trató de impedir el avance de los agentes mediante intimidación ambiental y lanzamientos de objetos, y que los acusados fueron identificados en el contexto de los desórdenes cuando, supuestamente, arrojaban una mesa y una botella u otro objeto similar, respectivamente, para repeler una actuación policial legítima.

Por su parte, las defensas han reclamado la libre absolución de los procesados al considerar que la causa ha sido "injusta" y el juicio vergonzoso, al entender que no se han aportado pruebas, ni siquiera indiciarias, que respalden una acusación que implica penas de prisión y que se ha prolongado durante 6 años.

Asimismo, han criticado que durante la instrucción no se notificara formalmente la imputación por el delito de atentado contra los agentes de la autoridad —que conlleva la pena más elevada, de 4 años—, lo que, a su juicio, vulnera el derecho de defensa de los acusados. Por ello han solicitado la nulidad de las actuaciones o, subsidiariamente, que en caso de condena se aplique la atenuante de dilaciones indebidas.

El juicio ha quedado visto para sentencia.