La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha instado a impulsar una reforma en profundidad del proceso penal en España para que la investigación de los delitos pase a corresponder al Ministerio Fiscal. Ha defendido un sistema plenamente acusatorio con un juez de garantías, destacando que los fiscales cuentan con una perspectiva estatal sin “limitaciones territoriales” y con “una especialización de la que carecen los jueces”.
En su intervención en el foro “Justicia: La reforma de la Fiscalía” celebrado en el Ateneo de Madrid, Peramato ha subrayado que este cambio resulta “fundamental” para asegurar una clara separación entre las funciones de investigar y juzgar. Al mismo tiempo, ha descrito la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en vigor desde 1882, como un modelo “obsoleto” y “decimonónico”, incapaz de dar respuesta adecuada a la criminalidad organizada, transnacional y digital, así como a los retos que plantea la inteligencia artificial.
Apoyándose en el artículo 117 de la Constitución Española, ha recordado que este atribuye a los jueces la misión de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, puntualizando que “investigar no es juzgar ni ejecutar lo juzgado”. Por ello, ha defendido que la dirección de las pesquisas y el seguimiento de las causas penales debe recaer en la Fiscalía.
Un juez de garantías para reforzar la imparcialidad
Peramato ha calificado de “absolutamente incompatible e injustificable” que un mismo juez asuma la dirección de la investigación y, a la vez, sea quien autorice medidas que afectan a derechos fundamentales —como entradas y registros, intervenciones telefónicas o de correos electrónicos— o acuerde medidas cautelares que restrinjan la libertad, entre ellas la prisión provisional o las órdenes de alejamiento.
A su entender, esa doble función compromete la imparcialidad del órgano judicial. Por este motivo, ha planteado sustituir la instrucción a cargo del juez por la figura de un “juez de garantías” o de audiencia preliminar, encargado de supervisar la legalidad y la proporcionalidad de las diligencias que se practiquen durante la investigación.
Ha precisado, además, que esta propuesta no obedece a una “reivindicación corporativa” ni a la intención de “quitarle el poder a los jueces para dárselo a los fiscales”, sino que responde a un proceso de reflexión orientado a “fortalecer el Estado de derecho”. También ha incidido en que, mientras las demás leyes procesales —Civil, Laboral y Contencioso-Administrativa— se han adaptado tras la aprobación de la Constitución, la LECrim sigue siendo la única que no ha experimentado una reforma integral.
La fiscal general ha lamentado que el proyecto de reforma promovido por el Gobierno en esta legislatura —que contó con un informe “brillante” del Consejo Fiscal, con consultas a toda la carrera fiscal y con contactos con fiscalías de Europa e Iberoamérica— haya quedado sin efecto en el Parlamento a causa del adelanto electoral.
Cooperación internacional y lucha contra el crimen organizado
Peramato ha destacado que España constituye una “rara avis” al conservar el esquema de juez instructor, un modelo que en Europa solo comparte con Andorra. Ha recordado que, tanto en la Fiscalía Europea como en la mayoría de países europeos e iberoamericanos, la investigación penal está en manos de los fiscales.
Según ha explicado, cuando otros Estados reclaman auxilio judicial a España, la obligación de canalizar la petición a través del juez de instrucción “ralentiza la respuesta”. Esa demora resulta especialmente problemática en la persecución de grandes organizaciones criminales, ya que les permite “poner pies en polvorosa” o “poner a salvo su patrimonio” antes de que se materialicen embargos o decomisos.
Por último, Peramato ha señalado que el traspaso de la investigación al Ministerio Fiscal debe ir ligado a una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerce su autonomía institucional. Entre las medidas que ha mencionado figura desvincular el mandato del fiscal general del calendario político, ampliándolo a 5 años, uno más que la duración de la legislatura.