La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda (Alicante) ha puesto en marcha unas diligencias para aclarar si se ha cometido un posible delito de odio en el caso de una joven trans que se suicidó con 21 años en 2022 y que, según se ha denunciado, fue enterrada por su familia en un panteón del cementerio de Aspe con el nombre y la fotografía previos a su transición.
Así lo ha explicado la presidenta de la asociación en defensa de los derechos trans Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín. En declaraciones a Europa Press, ha indicado que la causa se ha abierto recientemente y que, tras presentar la denuncia ante la Fiscalía, el ministerio público optó por trasladar el asunto al juzgado.
Aventín ha contado que una amiga de la fallecida se puso en contacto con la organización en noviembre de 2022 para alertar de lo ocurrido y que, desde entonces, iniciaron un procedimiento con el fin de “devolver la dignidad” a la joven, “reparar el daño que le hicieron en vida y también tras su muerte”. Según ha señalado, se trata de un “proceso largo” en el que han sufrido “muchas ausencias de respuestas”.
La responsable de Euforia Familias Trans-Aliadas ha precisado que la joven había nacido en Chile y fue adoptada por una familia que la trajo a España. A los diez años intentó explicar a su entorno que era una chica, pero, en ese momento, “empezaron a rechazarla” e incluso decidieron “llevarla a una terapia de conversión”. Más tarde, ha añadido, el Gobierno de Cantabria, donde residían, asumió su tutela durante la adolescencia hasta que cumplió los 18 años, momento en el que, ya mayor de edad, optó por trasladarse a Madrid para iniciar una “nueva vida”.
Según ha indicado Aventín, la joven “no pudo soportar la presión social” ni el “rechazo familiar” y, “en un momento de desesperación” y al encontrarse “sin ningún apoyo”, se quitó la vida. La presidenta de la asociación confía en que el asunto tenga recorrido judicial y visibilidad pública para que situaciones como esta “no se vuelva a repetir”.