La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto penas que alcanzan los 47 años de prisión a una mujer acusada de prostituir a sus dos hijas, que tenían, al menos, 5 y 9 años, organizando encuentros sexuales con hombres desconocidos a cambio de dinero.
Según el fallo, consultado por Europa Press y aún recurrible, se condena a la madre a 18 años de cárcel por dos delitos de explotación sexual y a otros 29 años como cooperadora necesaria en dos delitos de agresión sexual, valorando la especial vulnerabilidad de las menores y el poder que la progenitora ejercía sobre ellas.
La sentencia, que absuelve a la pareja sentimental de la acusada, considera probado que entre 2021 y 2022 la mujer se sirvió de sus hijas menores para fijar citas con distintos hombres, no identificados, con el fin de que mantuvieran prácticas sexuales con las niñas.
El tribunal recoge que estos episodios se repitieron en diversas ocasiones y que, según el relato de las menores, en algunos casos se produjeron incluso en grupo, describiendo además el tipo de actos sexuales a los que fueron sometidas a cambio de dinero que se pagaba en “billetes azules”.
No obstante, tras el análisis de la prueba, la Sala concluye que no consta que el entonces novio de la acusada interviniera en estos hechos ni que participara en los encuentros sexuales, al entender que la única referencia realizada contra él resultó tan “genérica” y “abstracta” que impide dictar una condena en su contra.
La Sección Tercera se apoya especialmente en la declaración de la hija mayor, cuyo testimonio preconstituido fue considerado “creíble”, “coherente” y “persistente” en la incriminación, y que además se vio refrendado por otras pruebas, como el informe de los pediatras que atendieron a las niñas y la declaración de la actual pareja del padre, quien presentó la denuncia en mayo de 2023 al conocer los hechos.
La acusación quedó asimismo reforzada por el informe psicológico elaborado por la fundación “Márgenes y vínculos”, que calificó el relato de las menores como “probablemente creíble” y detectó sintomatología compatible con violencia sexual en ambas.
Además de las penas de prisión, de las que, conforme al Código Penal, cumplirá un máximo efectivo de 20 años, el tribunal retira a la mujer la patria potestad y la sanciona con 30 meses de multa, a razón de seis euros diarios, por cada uno de los dos delitos de explotación sexual. Se le imponen también diez años de libertad vigilada y 35 años de prohibición de acercarse o comunicarse con sus hijas. Asimismo, deberá indemnizar a cada una de ellas con 60.000 euros.