Santiago Abascal ha pedido este lunes al Partido Popular que respalde con sus votos la iniciativa de Vox para recurrir al artículo 102 de la Constitución y promover una acusación contra Pedro Sánchez por "traición" en relación con la crisis de Ceuta. La formación necesita apoyos parlamentarios adicionales para que el procedimiento pueda avanzar en el Congreso.
El presidente de Vox ha realizado el llamamiento desde San Lorenzo de El Escorial, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional con la que el partido ha iniciado el curso político, avanza El Confidencial. Abascal responsabiliza a Sánchez de lo sucedido en Ceuta y sostiene que el presidente conocía los riesgos existentes antes de la entrada masiva.
"Conocía lo que iba a ocurrir, no ha hecho nada para impedirlo y todavía hoy muestra su alianza y actitud lacaya con el régimen de Marruecos", ha afirmado Abascal, que vincula estas acusaciones con la iniciativa que Vox pretende llevar al Congreso.
Vox necesita al PP para poner en marcha la iniciativa
El partido de Abascal no cuenta por sí solo con los diputados necesarios para iniciar el procedimiento previsto específicamente para una acusación por traición o por delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de las funciones gubernamentales.
La Constitución exige que la propuesta parta de una cuarta parte de los miembros del Congreso. En una Cámara de 350 diputados, ese requisito equivale a 88 parlamentarios, una cifra que Vox no alcanza en solitario.
Superado ese primer paso, la acusación necesita además ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso, es decir, al menos 176 votos. El respaldo del PP resultaría por tanto necesario para la estrategia anunciada por Vox, aunque tampoco garantizaría por sí mismo alcanzar esa mayoría.
Qué establece el artículo 102 de la Constitución
El artículo 102 regula la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de los ministros por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos. En estos supuestos, la competencia corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La Constitución incorpora requisitos reforzados cuando la acusación se refiere específicamente a traición o a un delito contra la seguridad del Estado. Es en esos casos cuando exige la iniciativa de una cuarta parte del Congreso y el posterior respaldo de la mayoría absoluta.
El precepto también determina que la prerrogativa real de gracia no puede aplicarse a ninguno de los supuestos de responsabilidad criminal recogidos en este artículo.
Vox ya había anunciado su ofensiva tras la crisis de Ceuta
La petición formulada ahora al PP da continuidad a una iniciativa que Vox había avanzado a comienzos de agosto. La formación anunció entonces que pretendía utilizar el artículo 102 para que se investigaran posibles responsabilidades penales del presidente y de miembros de su Gobierno por lo ocurrido en Ceuta.
Vox sostiene que el Ejecutivo disponía de información previa sobre el riesgo de una entrada masiva y considera que su respuesta fue insuficiente. El partido ha utilizado estas circunstancias para fundamentar políticamente su acusación de "traición".
La existencia de alertas e informes previos ha sido objeto de controversia durante las últimas semanas. Pedro Sánchez ha reconocido este lunes que el CNI elaboró informes de situación, aunque sostiene que ninguno anticipó la gravedad y la magnitud que finalmente alcanzó la crisis.
Abascal vuelve a cargar contra la relación de Sánchez con Marruecos
La posición de Vox contrasta con la explicación ofrecida por Sánchez sobre el papel de Marruecos. El presidente del Gobierno ha asegurado este lunes que no existe información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o del CNI que implique a las autoridades marroquíes en la entrada masiva.
Abascal mantiene una interpretación opuesta y acusa al Ejecutivo de mantener una relación de subordinación respecto a Rabat. Esa valoración forma parte de la argumentación política con la que Vox pretende justificar su iniciativa parlamentaria.
El siguiente paso dependerá ahora de los apoyos que la formación consiga en el Congreso. Sin alcanzar los umbrales establecidos en la Constitución, la propuesta no podría prosperar hasta una eventual exigencia de responsabilidad penal ante el Tribunal Supremo.