Conducir sin carné ya concentra el 53% de las condenas viales

Modificar el artículo 384 del Código Penal exige tramitar en las Cortes Generales una Ley Orgánica de reforma del Código Penal, porque el Código Penal vigente es la Ley Orgánica 10/1995 y sus modificaciones posteriores. Eso se hace siguiendo, con carácter general, el procedimiento legislativo ordinario, pero con la especialidad de la mayoría absoluta en el Congreso en la votación final sobre el conjunto del texto.

1. Tipo de iniciativa necesaria

La reforma del art. 384 CP se canaliza siempre mediante una ley orgánica (art. 81 CE). Esa ley puede tomar distintas formas de iniciativa:

• Proyecto de ley orgánica, remitido por el Gobierno al Congreso tras su aprobación en Consejo de Ministros.
• Proposición de ley orgánica, presentada por:
  • Un grupo parlamentario o 15 diputados.
  • El Senado.
  • Una asamblea legislativa autonómica.
  • Una iniciativa legislativa popular que reúna los requisitos constitucionales y legales.

En la práctica, las reformas del Código Penal más relevantes han sido casi siempre proyectos de ley orgánica del Gobierno, aunque nada impide una proposición de ley.

2. Tramitación en el Congreso de los Diputados

El Congreso es la cámara de origen de los proyectos de ley del Gobierno y, normalmente, también de las proposiciones de ley sobre materia penal.

• Admisión a trámite:
  • La Mesa del Congreso califica la iniciativa y decide su admisión y la forma de tramitación (ordinaria, urgencia, eventualmente lectura única).
  • Si es proposición de ley, debe celebrarse un debate de toma en consideración en el Pleno.
• Enmiendas de totalidad:
  • En los proyectos de ley, los grupos pueden presentar enmiendas de totalidad de devolución o de texto alternativo.
  • Se debaten y votan en el Pleno; si se aprueba una devolución, cae el proyecto; si se rechazan, se sigue tramitando.
• Enmiendas al articulado y Comisión:
  • Se abre plazo para enmiendas parciales (incluida una enmienda que cambie el propio art. 384 CP, si no estaba en el texto inicial).
  • La Comisión competente debate las enmiendas, aprueba un dictamen y, en su caso, introduce el nuevo tenor del art. 384.
• Pleno del Congreso y votación final:
  • El Pleno debate el dictamen y las enmiendas vivas.
  • Sobre el conjunto de la ley orgánica se vota de forma final: es necesaria la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, conforme al art. 81 CE.

3. Tramitación en el Senado

Aprobado el texto en el Congreso, se remite al Senado:

• La Mesa del Senado lo califica y abre plazo de enmiendas y, en su caso, veto.
• La Comisión correspondiente elabora dictamen, que se debate en el Pleno del Senado.
• El Senado puede:
  • Aprobar el texto sin cambios: la ley queda definitivamente aprobada.
  • Aprobar enmiendas: el texto vuelve al Congreso para que acepte o rechace esas enmiendas.
  • Formular veto: el Congreso puede levantarlo por mayoría absoluta en una primera votación o mayoría simple una vez transcurridos dos meses.

En el Senado no se exige una mayoría orgánica específica: sus acuerdos se adoptan, con carácter general, por mayoría simple de los senadores presentes, salvo supuestos reglamentarios especiales.

4. Aprobación definitiva, sanción y entrada en vigor

Una vez resuelta la intervención del Senado:

• El texto definitivo queda aprobado por las Cortes Generales.
• Se remite al Rey para su sanción y promulgación en el plazo máximo de quince días (art. 91 CE).
• Se publica en el BOE como nueva Ley Orgánica de reforma del Código Penal, en la que figurará la redacción modificada del art. 384.
• Entrará en vigor en la fecha que establezca la propia ley; si nada dice, a los 20 días de su publicación, conforme al art. 2.1 del Código Civil.

5. Canales alternativos

Técnicamente, el art. 384 CP puede modificarse:

• En una ley orgánica monográfica que solo cambie ese precepto.
• O como enmienda a otra reforma orgánica del Código Penal ya en tramitación, siempre respetando las reglas de homogeneidad y el régimen de enmiendas de los Reglamentos de las Cámaras.

En todos los casos, la exigencia clave es la misma: la modificación debe integrarse en una ley orgánica aprobada con mayoría absoluta en el Congreso en la votación final sobre el conjunto, tras haber seguido el procedimiento legislativo ordinario en Congreso y Senado.

En el ordenamiento español la Fiscalía no tiene competencias sancionadoras administrativas en materia de tráfico (que corresponden, entre otros, a la Dirección General de Tráfico y a otras autoridades), sino un papel central en la persecución penal de los delitos contra la seguridad vial y en la defensa de la legalidad en los procedimientos judiciales que se derivan de ellos.

1. Marco normativo básico

Las funciones generales del Ministerio Fiscal se regulan en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, modificada, entre otras, por las Leyes 10/1995, 12/2000, 14/2003 y 24/2007 (texto en BOE). En su artículo 1 se define la misión del Ministerio Fiscal como la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, así como velar por la independencia de los tribunales y la satisfacción del interés social.

Para cumplir esa misión, el propio Estatuto enumera, entre otras, estas funciones (relevantes para los delitos de seguridad vial):

• Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos, oponerse a las ejercitadas por otros cuando proceda, e intervenir en el proceso penal (art. 3).
• Instar de la autoridad judicial medidas cautelares y diligencias de investigación y, en ciertos ámbitos, instruir directamente el procedimiento, pudiendo ordenar diligencias a la Policía Judicial.
• Velar por la protección procesal de las víctimas y de los testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban ayuda y asistencia efectivas.
• Ejercer las demás funciones que el ordenamiento le atribuya, lo que incluye la actuación en el proceso penal regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. Papel en la investigación de los delitos contra la seguridad vial

Los delitos contra la seguridad vial (conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, excesos graves de velocidad, conducción sin permiso, etc.) se tramitan conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (texto en BOE) y ampliamente reformada.

Sobre esa base, las funciones de la Fiscalía en la fase de investigación son:

• Impulso de la investigación penal: el fiscal solicita al juez de instrucción la práctica de diligencias para esclarecer los hechos (pruebas de alcoholemia o drogas, informes periciales de reconstrucción del siniestro, testificales, informes médicos, etc.).
• Relación con la Policía Judicial: la Fiscalía puede interesar de la Policía Judicial la realización de diligencias concretas (toma de declaración a conductores y testigos, informes de atestados, obtención de imágenes de cámaras, etc.).
• Solicitud de medidas cautelares: por ejemplo, retirada provisional del permiso de conducción o medidas personales respecto del investigado cuando la gravedad de los hechos, el riesgo para la seguridad vial o la posible reiteración delictiva lo justifiquen.

3. Ejercicio de la acción penal y criterios de acusación

En la fase de enjuiciamiento, el Estatuto Orgánico configura a la Fiscalía como titular ordinario de la acción penal:

• Formula el escrito de acusación, calificando jurídicamente los hechos como uno o varios delitos contra la seguridad vial y fijando la pena solicitada (prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a conducir, etc.), así como la responsabilidad civil frente a las víctimas.
• Puede proponer o aceptar conformidades, dentro de los márgenes que permite la LECrim y el Código Penal, cuando el acusado reconoce los hechos y se alcanza un acuerdo de pena con reducción legal. Muchos procedimientos por delitos de tráfico se canalizan a través de enjuiciamientos rápidos y conformidades, al amparo de las reformas introducidas por la Ley 38/2002 de reforma parcial de la LECrim.
• Defiende en juicio oral su calificación y las pruebas practicadas, o bien puede modificar su acusación (agravándola o atenúandola) si el resultado de la prueba así lo exige, siempre bajo el principio de legalidad.

4. Protección de víctimas y defensa de la legalidad

Aunque los delitos contra la seguridad vial tienen un marcado carácter de delitos de peligro respecto a la colectividad, en muchos casos producen víctimas concretas (lesiones, fallecimientos, daños materiales importantes). Ahí la Fiscalía:

• Vela por los derechos de las víctimas del siniestro penalmente relevante, impulsando su personación, la práctica de las pericias necesarias para cuantificar daños y la adopción de medidas de protección y de información.
• Controla que las compañías aseguradoras y el resto de intervinientes respeten la legalidad en materia de responsabilidad civil derivada del delito, interesando, en su caso, medidas para asegurar el pago de indemnizaciones.
• Ejerce una función de defensa del interés público: incluso aunque no haya acusación particular, puede mantener la acusación en tanto existan indicios de delito, o, por el contrario, solicitar la absolución si considera que no se ha acreditado la infracción penal.

5. Coordinación y especialización

Estas funciones se insertan en la organización unitaria y jerárquica prevista en la Ley 50/1981. La Fiscalía General del Estado puede dictar circulares e instrucciones internas para unificar criterios de actuación en materia de seguridad vial (por ejemplo, umbrales de alcohol o drogas, pautas de acusación en determinados supuestos, utilización de juicios rápidos, etc.), que vinculan a los fiscales en todo el territorio.

En síntesis, la Fiscalía es el eje de la respuesta penal frente a los delitos contra la seguridad vial: dirige e impulsa la investigación, formula y sostiene la acusación, protege a las víctimas y garantiza que todo el proceso penal se desarrolle con pleno respeto a la legalidad y al interés público en la seguridad del tráfico.

En España, cuando una persona agota todos los puntos del permiso de conducir, este queda declarado sin vigencia y se pierde el derecho a conducir durante un tiempo. Para volver a obtenerlo no basta con “recuperar puntos”, sino que hay que cumplir una serie de requisitos administrativos y formativos y, después, superar una prueba ante la DGT.

1. Pérdida total de puntos: qué implica

Agotar el saldo de puntos supone la pérdida de vigencia del permiso. La Jefatura de Tráfico notifica la resolución y, desde que esta es firme:

• El afectado queda inhabilitado para conducir durante un periodo mínimo de tiempo.
• Debe entregar el permiso en la Jefatura Provincial o Local de Tráfico.
• Conducir durante este periodo se considera un delito contra la seguridad vial.

El periodo de prohibición administrativa para volver a obtener el permiso es, con carácter general:

• 6 meses para conductores no profesionales.
• 3 meses para conductores profesionales (por ejemplo, transporte de mercancías o viajeros).

Si la persona pierde de nuevo todos los puntos en un plazo de tiempo relativamente corto, el periodo de privación puede aumentar (normalmente hasta 12 meses), endureciendo la recuperación.

2. Requisitos generales para recuperar el permiso

Transcurrido el periodo de prohibición, la recuperación pasa por dos grandes bloques: formación obligatoria y prueba en la DGT.

2.1. Realizar un curso de sensibilización y reeducación vial

Es obligatorio realizar un curso de sensibilización y reeducación vial de carácter intensivo en un centro autorizado por la DGT. En el caso de pérdida total de puntos:

• El curso es de mayor duración que los cursos para recuperación parcial (normalmente 24 horas lectivas repartidas en varios días).
• El contenido se centra en:
  • Normas básicas de circulación y factores de riesgo.
  • Velocidad, alcohol, drogas, distracciones y cansancio.
  • Consecuencias humanas, penales y administrativas de los accidentes.
  • Reflexión sobre actitudes y comportamiento al volante.

Es imprescindible superar el curso (asistencia y aprovechamiento). El propio centro comunica a la DGT que el alumno lo ha completado con éxito.

2.2. Superar una prueba teórica en la DGT

A diferencia de los cursos de recuperación parcial, si se han perdido todos los puntos es obligatorio aprobar una prueba teórica específica en la Jefatura de Tráfico:

• Se trata de un examen tipo test sobre seguridad vial y normativa.
• Las preguntas se centran en los contenidos del curso realizado.
• En caso de suspender, hay que volver a presentarse (pagando la tasa correspondiente).

Sólo cuando se ha superado el curso y esta prueba, la DGT permite recuperar el permiso.

3. Otros requisitos administrativos y médicos

Además de la formación y el examen, la persona debe cumplir una serie de requisitos formales:

• Haber cumplido íntegramente el periodo de pérdida de vigencia (los 3 o 6 meses, o el plazo superior que corresponda).
• No estar cumpliendo al mismo tiempo una privación del derecho a conducir impuesta por un juez. En ese caso, la recuperación queda supeditada a lo que haya resuelto el órgano judicial.
• Superar un reconocimiento psicofísico en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, que acredite que la persona reúne las aptitudes físicas y psicológicas necesarias.
• Abonar las tasas administrativas de Tráfico tanto para la prueba de conocimientos como para la expedición del nuevo permiso.

4. Puntos con los que se recupera el permiso

Una vez cumplidos todos los requisitos, la DGT expide de nuevo el permiso, pero no se recupera con el saldo anterior, sino con un nuevo saldo inicial reducido:

• Se reobtiene el permiso con 8 puntos.
• A partir de ahí, si no se cometen infracciones que resten puntos, es posible llegar de nuevo al máximo (12 o 15, según la antigüedad sin sanciones).

5. Particularidades en caso de delitos o sanciones graves

Si la pérdida de vigencia se vincula a delitos contra la seguridad vial (por ejemplo, conducir bajo la influencia de alcohol o drogas con condena penal) o a sanciones administrativas muy graves, pueden exigirse:

• Periodos de inhabilitación más largos, fijados por sentencia.
• Controles médicos específicos o renovaciones más frecuentes.
• El cumplimiento previo de penas accesorias o programas formativos adicionales.

En estos casos, la recuperación del permiso combina las exigencias administrativas de Tráfico con las condiciones fijadas por el juez.

En resumen, para recuperar el permiso tras perder todos los puntos en España es necesario respetar el periodo de prohibición, realizar y superar un curso de sensibilización y reeducación vial, aprobar un examen teórico en la DGT, pasar el reconocimiento médico y satisfacer las tasas, recuperando así el permiso con un nuevo saldo inicial de 8 puntos.